“Cómplice de fraude al Fisco”: la querella del CDE que complica aún más el panorama a Catalina Pérez en la antesala de alegatos para su desafuero

Poco más de dos meses habían pasado desde que la Fiscalía Regional de Antofagasta inició la investigación por los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió hacerse parte en la causa y estampó querella en contra del otrora seremi Carlos Contreras, del mandamás de la ONG, Daniel Andrade, y contra todo aquel que resultara responsable.

Luego la entidad amplió la acción en dos oportunidades, para dirigirse también en contra de la concejala Paz Fuica, y más tarde para precisar antecedentes.

Recientemente, eso sí, el organismo encabezado por Raúl Letelier volvió a tomar cartas en el asunto y a la luz de informes referentes a conversaciones de WhatsApp que se sumaron a la carpeta investigativa, también arremetió específicamente en contra de la diputada Catalina Pérez, a quien el Ministerio Público pretende desaforar en una audiencia que está fijada para este lunes 10 de febrero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Por medio de la acción -que podría complicar aún más el escenario para la congresista y a la que tuvo acceso La Tercera- se le sindica como responsable, en calidad de cómplice, del delito consumado de fraude al Fisco reiterado, relevándose el cercano vínculo que mantenía con los otros tres imputados en esta arista, especialmente con Andrade, que era su pareja en ese momento.

Considerando que Pérez constantemente buscaba opciones laborales para el ingeniero, como se lee en el documento de 37 carillas, desde el organismo se afirma: “La querellada cooperó para con su pareja, para que lograse concretar la firma de los convenios de transferencia de recursos, concertando con sus amigos y compañeros de militancia, el Sr. Carlos Contreras Gutiérrez y la Sra. Paz Fuica Contreras que, en primer lugar, incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones que se proponían para la suscripción de los convenios y, además, que fuese efectivamente elegida para adjudicarse la suma de $426.000.000 mediante la transferencia directa de la totalidad de fondos públicos”.

Pero eso no es todo, también advierten que ella intervino personalmente “para concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios con la Fundación Democracia Viva mientras que su pareja, el Sr. Andrade Schwarze, tenía plenas facultades de administración y disposición de la suma antes dicha a fin de que no se conociera ante terceros la celebración de dichos convenios en circunstancias fraudulentas previamente descritas y que, además, dicho proceso de suscripción y posterior ejecución de los convenios apareciese respaldado por documentos y actuaciones inexistentes, lo que le permitiría a su pareja y amigos mantener oculto el delito que se venía cometiendo”.

Así las cosas, el CDE enfatiza en que “las acciones desplegadas, omisiones y faltas a la verdad y la probidad desplegadas por la querellada Catalina Pérez se situaron en distintos momentos de los hechos denunciados. Al inicio, en la inclusión de Democracia Viva para ser considerada como receptora de los fondos del PAP, en su aseguramiento de los recursos mediante la suscripción de los convenios por su pareja y, asimismo, en todo el tiempo que transcurrió desde la suscripción de los convenios, esto es, durante la fase de ejecución, hasta antes de su término anticipado”.

Para argumentar respecto de la incidencia de la congresista en la materialización de los convenios y, por ende, en el fraude, el CDE hace presente que Pérez participó personalmente en una serie de acciones. Entre ellas, por ejemplo, que incluso acompañó a Andrade a retirar el contrato de arriendo del departamento en Ñuñoa que supuestamente sería la sede de la fundación y que era propiedad de una cercana a la parlamentaria, Cecilia Millán La Rivera, otra militante de Revolución Democrática.

“Queda en evidencia que, de los antecedentes reunidos y la propia declaración de la Sra. Millán, que la querellada no solo acompañó a su pareja a retirar el documento, sino que conocía plenamente la conducta ilícita que se estaba fraguando, pues, cuando concurrieron a su domicilio, ambos le explicaron solo generalidades de las fundaciones”, se lee en el documento.

A mayor abundamiento sobre ese punto, se hace referencia a las conversaciones que mantuvo Pérez y Andrade respecto de dicho departamento cuando el caso ya había estallado. El 20 de junio de 2023, la diputada le advierte a su pareja que deberían poner logotipos de la fundación en la puerta del inmueble y que se habilitara ahí una oficina.

Citan, igualmente, mensajes donde ella le daba instrucciones sobre cómo actuar ante posibles concurrencias de periodistas a ese lugar. Así, entre otras cuestiones, le decía que debía haber ahí una persona para atender eventuales concurrencias y dar cuenta de que ahí funcionaba la ONG en cuestión.

Por lo mismo, el CDE insiste: “La querellada no solo tenía el conocimiento, sino también colaboraba con su parecer en las acciones que los coimputados Contreras y Andrade ejecutaban (...) Resulta inverosímil que la querellada no tuviese conocimiento, como lo ha sostenido, tanto en sus declaraciones prestadas en el marco de la investigación como en diversos medios de comunicación, pues queda en evidencia que, a lo menos, colaboró en todas las etapas del proceso”.

En ese mismo sentido, en la querella se menciona que “previo a la suscripción de los convenios, en el mes de agosto del año 2022, cuando el imputado Sr. Andrade estaba recabando la documentación necesaria para respaldar la próxima suscripción de los convenios que ya habían concertado con los demás imputados, le pide colaboración a la querellada Pérez para poder producir un documento que diese cuenta de su antigüedad, pero ella le responde que no puede producirlo, y le ofrece, derechamente, “hacer un acuerdo mula”.

Entre otros pasajes de las largas conversaciones que se incluyen como relevantes en la carpeta, el CDE también destaca referencias que Andrade le hacía a Pérez respecto del trabajo que hacía con Contreras, donde era explícito en sostener que estaba trabajando en “convenios con Carlos”. Por eso, la entidad insiste en que ella estaba al tanto de todo.

Se destaca, igualmente, que “el mismo día que se firmaron los primeros dos convenios de transferencia de recursos entre los imputados Contreras y Andrade, este último le envía a la querellada Pérez un reporte que él había hecho para Paulina Cabrera, quien trabajaría para la fundación Democracia Viva como coordinadora de los convenios, informándole de todas y cada una de las actividades que tenía con la Fundación”.

De la misma forma, se enfatiza que de palabras de la propia Pérez se puede inferir que “reconoce su involucramiento en los hechos”. Esto, citando el siguiente mensaje que envió a su entonces pareja: “(…) estoy triste y siento que es pura pérdida. Que estás perdiendo algo por mi culpa, que estamos perdiendo algo, Que todo está mal, que todo está difícil. Estoy cansada, no quiero más”.

Luego de ello, en la acción se detallan las instrucciones que impartió para intentar controlar la crisis que ya se había desatado, por lo que desde el CDE remarcan que todo lo que hizo fue “con el único fin de colaborar en la suscripción de los convenios”.