Compraventa de casa de Allende: La Moneda designa a jefa de jurídica de Bienes Nacionales para echar pie atrás a contrato en medio de cuestionamientos

El bochorno que significó la fallida compra, por parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric, de la casa de Salvador Allende no suelta a La Moneda.

Lejos de dar el capítulo por cerrado, el Ejecutivo comenzó a trabajar esta semana en un proceso de resciliación, que, en la práctica, disuelve el proceso de compra del inmueble, cuyo pago se contemplaba en $933 millones.

En palabras de la propia vocera subrogante del gobierno, Aisén Etcheverry (FA), con la medida se busca “dejar el contrato sin efecto, es extinguir las obligaciones que podrían haberse creado como consecuencia de la firma de esa escritura, y esto se hace con el objetivo de eliminar cualquier manto de duda respecto de los posibles efectos patrimoniales o de otra naturaleza que pudiese haber tenido este acto”.

Se trata de un proceso con el que desde el Ejecutivo se busca dar solución a la polémica, que derivó en la salida de la ahora exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval (FA), a quien el Presidente Boric le hizo pagar los costos políticos del caso. Este jueves, en su reemplazo, La Moneda anunció a Francisco Figueroa como nuevo secretario de Estado.

La tarea de concretar la resciliación quedó a cargo de Bienes Nacionales. En particular, el proceso quedó en manos de la directora de la División Jurídica de la cartera, la abogada Macarena Diez.

Ella es independiente y, dicen en el ministerio, no formó parte del proceso más duro de la negociación para adquirir la casa de Allende, ubicada en calle Guardia Vieja. Macarena Diez es experta en derecho constitucional y ha sido académica de Derecho en la Universidad Finis Terrae.

El proceso de adquisición del inmueble ha llevado a que se apunte a la División Jurídica-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, liderada por la abogada Francisca Moya.

En el Ejecutivo existen versiones contradictorias, y quienes supieron del proceso de revisión del decreto comentan que una de las analistas de la División Jurídica de Bienes Nacionales manifestó verbalmente algunos reparos. Luego el asunto llegó a manos de Diez, quien -según las mismas fuentes- confirmó los reparos vistos inicialmente por la analista. Sin embargo, en ese momento llegaron presiones desde Presidencia para apurar el asunto. Desde ese equipo comentan que las presiones vinieron por parte de Moya, pero el hecho es descartado por la Segpres.

En esa cartera explican que la operación fue acordada por el Ministerio de Bienes Nacionales y el abogado Felipe Vio, quien representó a la familia Allende. Por eso, agregan, que la Segpres no fue parte del diseño de las distintas gestiones necesarias para la compraventa, y el rol de Moya recién apareció el día anterior a la firma de Boric.

Para los efectos de la resciliación Diez cuenta con apoyo de la Segpres y Presidencia, mientras que como contraparte está el propio abogado Felipe Vio, quien es yerno de la senadora Isabel Allende. Al mismo tiempo, señalan en Palacio, los equipos del gobierno han recibido consejos de distintos expertos en derecho civil y constitucional.

La resciliación es un proceso que ha levantado alertas de los expertos. Una de las voces críticas del proceso es la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marisol Peña, quien tanto en Ex-Ante como en El Mercurio cuestionó la iniciativa. En este último medio planteó que, al ser la resciliación un nuevo acuerdo “sería una doble infracción”, ya que “al celebrar el contrato que va a constar en escritura pública se hayan dado un plazo para retractarse, no es posible retractarse ya”.

Desde el Ejecutivo y el entorno de la familia Allende han defendido el proceso, pues consideran que, jurídicamente, no se trataría de un contrato como tal.

En La Moneda, Etcheverry fue consultada este jueves al respecto. En la instancia afirmó que “el gobierno ha sido enfático en señalar que aquí se trata de un contrato en derecho público. (...). Las leyes son interpretadas por los tribunales, la posición nuestra es que aquí hay un proceso que no se finalizó y, por lo tanto, no tuvo efectos prácticos ni patrimoniales, sino que se llevó adelante hasta un punto intermedio, que la familia en conjunto con el gobierno -y con el objeto de eliminar cualquier manto de dudas- tomó la decisión de resciliar”.

Dentro de La Moneda no se ha precisado el plazo que se tiene para culminar con este proceso.

Una de las apuntadas por la oposición en este tema -también por parte del oficialismo- es la titular de Defensa, Maya Fernández (PS), quien desde el miércoles acompaña al Presidente Boric en su primera gira nacional, en la región del Biobío.

Con la intención de no empañar la gira del Jefe de Estado, la exdiputada socialista, se refirió al polémico intento de compra de la casa de su abuelo, Salvador Allende, antes de subirse al avión presidencial.

En esa jornada, la secretaria de Estado afirmó “nunca ha habido traspaso de recursos, eso no ocurrió. Y de manera personal quisiera decir que yo jamás, desde que murió mi madre y yo heredé lo que le correspondía a ella, con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa”.

“La adquisición no ocurrió y no hubo traspaso de vivienda. Dicho eso, uno siempre y el Gobierno lo ha hecho, parte del Gobierno ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento. Y siempre uno se tiene que hacer autocrítica respecto a los procedimientos”, complementó Fernández.