Comunicaciones con altos funcionarios del régimen de Maduro y un pago por el crimen: las pruebas que Chile podría entregar a la Corte Penal por el caso Ojeda

Como un “duro golpe” al Tren de Aragua definieron las autoridades políticas, y altos funcionarios de la policía y Fiscalía, el operativo de este miércoles que permitió desarticular a una de las células de la banda de origen venezolano, los Piratas de Aragua, quienes serían los autores del secuestro y crimen del exmilitar Ronald Ojeda.

Pero más allá del operativo, el fiscal coordinador del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH), Héctor Barros, también confirmó uno de los antecedentes más graves del caso que investiga desde febrero del año pasado, cuando fue asesinado a Ojeda, y que apuntaría a que se trató de un secuestro y homicidio por encargo de parte del régimen de Venezuela.

El dato, que durante las últimas horas sumó la declaración de un testigo -dada a conocer por CHV Noticias-, y que daría cuenta de las órdenes directas de parte de Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y “número dos” del régimen de Maduro, también ha derivado en una reacción de parte del gobierno chileno, el que anunció una posible denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Así lo confirmó esta mañana, desde La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que si bien era una investigación en desarrollo, esperarían “que concluya para dar por definitivos los antecedentes”, sosteniendo que “hay cosas evidentes que haríamos, una vez que esto tenga una confirmación, que es recurrir al Tribunal Penal Internacional” y que “otras decisiones, ciertamente, va a haber que ponderarlas también en su momento”.

Para lograr aquello, Chile debería enviar una serie de antecedentes a la CPI y que se basan en los que la investigación del Ministerio Público ha podido determinar, entre los que se encuentra declaraciones de más de un testigo que apunta a órdenes venidas desde la administración de Maduro y comunicaciones con altos funcionarios del país caribeño, todo lo que se dará a conocer el próximo lunes 27 cuando se formalice a los implicados. Entre las evidencias clave también se desprende la de pagos para la ejecución de este crimen.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló la mañana de este jueves en T13 Radio, que hasta ahora en la investigación del asesinato de Ronald Ojeda “hay antecedentes que permiten concluir que es por encargo y que ese encargo habría venido de autoridades de la dictadura venezolana. Pero la investigación sigue abierta, quiénes son esas autoridades, es un elemento de la investigación, que tiene que seguir, tiene que seguir avanzando”.

En ese sentido, explicó que “el fiscal (Héctor) Barros me confirma que efectivamente hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano y a lo menos una de esas personas (...) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”.

Precisamente las declaraciones de más de un testigo, que apunten a la responsabilidad y entreguen antecedentes que den cuenta de la responsabilidad de autoridades venezolanas en el crimen de Ojeda, es uno de los elementos importantes que Chile debe remitir a la CPI en caso de que presente alguna acción penal internacional en contra del Estado de Venezuela.

Pero no es lo único, y es que según pudo conocer La Tercera, en la investigación de la Fiscalía ECOH, también existirían otros antecedentes que dan cuenta de la tesis del móvil político y por encargo. Aquello se referiría a comunicaciones que habrían tenido los implicados en el caso con altos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro. A esto se suman, además, los hechos que demostrarían un posible pago para cometer el crimen.

La investigación por el asesinato de Ojeda ha podido identificar, en total, a 16 personas que participaron en el crimen del exteniente Ojeda. De estas, dos ya han sido formalizadas, se trata de un menor de edad y de Maikel Villagas, quien fue extraditado desde Costa Rica. Además de estos, ahora se formalizará a otras tres personas, a quienes se sumarán otros dos sujetos que fueron detenidos fuera de Chile y contra los cuales se iniciará un proceso de extradición.

Pese a eso, en T13 Radio, Valencia afirmó que la investigación debe seguir avanzando, y respecto a autoridades venezolanas imputadas en este caso “es muy evidente que la investigación tiene que seguir avanzando en identificar y confirmar su identidad, confirmar su participación en el caso y eventualmente ejercer las acciones nacionales e internacionales que corresponda”.

En esa línea, el fiscal nacional aclaró que el hecho que ser una persona que vive fuera de Chile, que sean altas autoridades de un gobierno extranjero “no excluye a una persona de tener que enfrentar a los tribunales de justicia chilenos, pero hay otras circunstancias de hecho de que eso depende, entonces tenemos que ver las circunstancias”.

“Vamos a hacer cumplir la ley chilena”, concluyó Valencia.

¿Pero cómo debería Chile recurrir a la CIP? En conversación con La Tercera, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, explicó que “actualmente hay una investigación en la Corte Penal Internacional, creo que es conveniente observemos bien la forma”.

La investigación a la que la autoridad de gobierno se refiere es a la causa “Venezuela I”, que fue abierta por la CIP el 2018 tras la crisis política y marcada por manifestaciones que vivía Venezuela. En ese caso, que está a cargo del fiscal de la Corte, Karim Khan, se encuentra investigando delitos de lesa humanidad de parte del régimen. En marzo del 2024, el estado venezolano intentó que la CIP cerrara la investigación, presentando un recurso, algo que fue rechazado por el tribunal internacional, que ratificó la continuidad de la indagatoria.

Por lo mismo, Cordero considera que es “la CIP el lugar probablemente más adecuado”, pese a que también afirma que la ONU investiga las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. “Podrían ejercerse otras acciones en la Corte Penal, pero hoy día probablemente la investigación que ya está abierta podrían ser útiles”, explicó el subsecretario del Interior.