“Tirarse rápidamente al suelo, esconder las manos y no mirar el celular”.

Esas fueron parte de las instrucciones que cerca de 50 vecinos de la villa Arturo Prat, en Lo Prado, tuvieron que seguir por alrededor de 30 minutos. ¿La razón? A las 11:30 de este lunes se realizó un simulacro de balacera en la sede comunal de la Junta de Vecinos N° 8, con el fin de familiarizar a la población en materia de seguridad y las acciones que se deben tomar al momento de un hecho delictual y adentrarse al mundo de las llamadas balas locas.

En rigor, el simulacro contó con el apoyo de la Comisión de Seguridad Ciudadana Local y constó de parlantes que simulaban el ruido de disparos dentro de una sede y también en la calle, tratando de asemejarse a una pelea que pudiese terminar con la utilización de armas de fuego.

Y es que Lo Prado ya ha visto balaceras en el pasado. En noviembre de 2023 un joven de 22 años murió tras una ocurrida en la calle Tupungato. De acuerdo a lo informado en su momento por la Policía de Investigaciones (PDI), al lugar llegaron dos vehículos, cuyos ocupantes dispararon hacia el interior de la vivienda donde se encontraba la víctima junto a dos personas más. Un mes antes, otra fuera de un local nocturno cerca de San Pablo dejó a un muerto y una persona lesionada.

La actividad de este lunes fue liderada por el concejal César Sanhueza (Ind., ex RN) -a cargo de la comisión de seguridad del municipio-, quien señala a La Tercera que la actividad surgió desde la propia comunidad. “Durante los últimos meses la comuna ha sufrido una escalada de violencia que no se ha logrado controlar. Es más: hace solo unos días hubo una balacera afuera de una sede de adultos mayores, quienes no sabían cómo reaccionar. Con esta actividad buscamos preparar a la población ante hechos que suceden a diario a la puerta de sus hogares”, asegura.

Pero la actividad no solo contó con la atención de los participantes. Y es que si bien la Municipalidad de Lo Prado no participó ni auspició el simulacro, sí provocó un remezón dentro de ella. Contactado por este medio, el alcalde Maximiliano Ríos (PPD) se mostraba distante a la iniciativa, aludiendo a que esta se debía a “razones electorales”. Sanhueza, según se señala en el entorno lopradino, se presentará a las próximas elecciones municipales.

La actividad, que contó con mayoría de participantes adultos mayores, provocó un remezón en el mentado municipio y derivó en quejas, reclamos, apoyos y enfrentamientos internos, con mensajes e imputaciones de lado y lado.

Como sea, el alcalde Ríos decidió no opinar ni dar valoraciones frente al simulacro. Solo señala que como municipalidad “estamos trabajando intensamente en coordinación con las policías. Hemos creado más de 100 comités de seguridad. Y no sé si la inseguridad le ganó a la comuna, eso pueden decirlo las autoridades policiales o ustedes, la prensa”.

Por su parte, el concejal asegura que la municipalidad lleva actividades en materia de seguridad como institución, con las herramientas que tiene, y que esta era “una actividad desprendida desde los vecinos y vecinas. Más que desde una institución que marque cánones de hacer o no hacer. Sé que el alcalde pone su mejor esfuerzo y prefiero no referirme a ninguna situación. Yo soy de poder aportar un granito de arena”.

Lo Prado, en todo caso, no es el único ejemplo donde los simulacros de balacera ya se han dado. En medio de la escalada de hechos delictuales que afectaron la cancelación de clases en 10 colegios y una universidad en Playa Ancha, en marzo de 2023 el Ministerio de Educación entregó orientaciones a colegios ante “balaceras” u “homicidios” que incluían autodefensa y ejercicios de simulación.

El gobierno, derechamente, asumió que en los entornos escolares la delincuencia ya había ganado terreno, según comentaron en el Ejecutivo esa vez, y que más vale estar preparados, tal como se ensayan posibles emergencias con la Operación Deyse.

“Este documento es una guía de orientaciones que invita a las comunidades educativas a generar procesos de planificación y ejecución de acciones básicas de prevención, manejo, asistencia y apoyo ante eventos críticos de delincuencia grave al interior y exterior de los establecimientos educacionales”, dice el texto de 34 páginas en su introducción, que recalca que se espera que las comunidades educativas puedan “actuar planificadamente frente a emergencias desencadenadas por situaciones que afectan seriamente el funcionamiento de los espacios educativos”.