Con tope de años de pago, sin intereses y tramos de deudores: proyecto que deja atrás el CAE ingresa la próxima semana

Con el plazo autoimpuesto de este 30 de septiembre ya descartado fruto de ajustes y acuerdos finales, además de diversas explicaciones de parte del Ejecutivo que no convencieron dentro del propio oficialismo, en Palacio se alistan para -ahora sí- la presentación del proyecto de ley que deja atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y moderniza el sistema de financiamiento de la educación superior. El nuevo horizonte de tiempo es darlo a conocer e ingresarlo al Congreso la semana que viene.

“El ministro Marcel (Hacienda) lo había dicho: la segunda semana de octubre es el marco temporal que nos hemos dado, digamos, considerando que desde el lunes comienza el debate de la Ley de Presupuesto, que es la primera semana de octubre en estricto rigor. Por tanto, yo diría que la segunda semana es el marco temporal con el que vamos a abordar ese tema”, había adelantado durante el fin de semana el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

De hecho, en el entorno del gobierno hay quienes aseguran que “ya está definido” el día concreto de la próxima semana que esto se llevará a cabo, aunque sin que nadie quiera casarse con verbalizarlo. Otras voces señalan que es “para no quedar como que de nuevo no cumplimos otra fecha”, por si esa decisión llegase a sufrir una nueva modificación.

Así, con apenas unos días por delante para que este proyecto se socialice, el puñado de personas que conoce la propuesta ha ido, a su vez, conversando algunos detalles con otro grupo muy acotado ligado a los partidos políticos y a instituciones educativas. Ha sido justamente en esas reservadas instancias que se ha ido informando algo más que solo los bordes de la iniciativa.

Y es que además de saber que la modernización del sistema apunta a sacar a los bancos de la ecuación y que sea el Estado el que financie los estudios de los beneficiarios y ese dinero luego sea “devuelto” por el estudiante una vez entre al mundo laboral, con una lógica similar a la de la gratuidad, ahora se han ido conociendo definiciones de diseño importantes, a pesar de que voces entendidas en la materia aseguran que hasta que el proyecto no sea ingresado nada puede darse totalmente por sentado. Y que incluso la temporalidad de ingresarlo la próxima semana que quiere el Ejecutivo podría no ser tal.

Con eso como premisa, lo que se ha ido comunicando internamente es que una vez el beneficiario esté en etapa de pago, lo que se producirá después de un periodo de gracia, el beneficiario “contribuirá” a pagar sus estudios, apartándose de la lógica del crédito, con realidades distintas para cada quien.

¿Y cómo se hará esto? Con una deuda total que, tal como se estipuló en el programa de gobierno, no implicará intereses (el CAE era al 2%) y pactada en UF, aunque voces entendidas dicen que algunos técnicos del Ejecutivo presionaron por hacerlo en Unidades Tributarias Anuales (UTA). En cualquiera de los casos se aseguraría la reajustabilidad por la inflación y el estudiante pagaría por un plazo asociado a los semestres que estudió bajo el nuevo sistema, pero no pudiendo superar nunca los 20 años.

Además, a la hora de definir el monto de pago de cada persona también se meterán en la ecuación sus remuneraciones, estableciendo el proyecto tramos de ingresos para calcular el pago, aunque con un tope de descuento -o contribución- mensual, el que se ha definido hasta aquí sería como máximo 7% de los ingresos. Una especie de “impuesto al graduado”, resumen conocedores de la idea. Así, el pago no sería en función de la deuda, sino de los ingresos.

Dentro de esos tramos, incluso, la propuesta pretende que quienes menos ganen (algunos hablan de $700.000 hacia abajo) o que estén sin trabajo, no paguen, lo que podría cambiar si su situación va mejorando. En la otra vereda, si alguien llega, por ejemplo, a quedarse sin trabajo, su situación de pago también cambiaría hacia su nueva realidad.

Con todo, las advertencias puertas adentro se han levantado porque podría haber estudiantes que se titulen de carreras de menores ingresos que nunca paguen “el total” de lo que el Estado les financió, lo que sería absorbido por el Fisco. Por el contrario, a quienes mejor les vaya en el mundo laboral sí terminarán pagando todos sus estudios porque tendrán una mayor capacidad financiera.

De la condonación, en tanto, se ha sabido que será para todos los deudores, aunque no a todos por igual, con prioridad para los que están al día y los que están en peores condiciones económicas. Conocedores del tema aseguran además que para quienes han estudiado o lo están haciendo con CAE será voluntario el paso al nuevo sistema.

Hasta aquí se buscan las fórmulas para al menos condonar totalmente a un grupo reducido de personas, lo que mantiene dividas las visiones en el gobierno y que ha estirado la definición de cuándo ingresar el proyecto.