Condena a Alejandro Toledo: el sombrío historial de presidentes peruanos encarcelados y procesados

El expresidente peruano Alejandro Toledo, de 78 años, fue sentenciado, en primera instancia el lunes, a 20 años y 6 meses de prisión efectiva al ser encontrado culpable por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur, en el cual el exmandatario (2001-2006) habría recibido coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

El tribunal llegó a la conclusión de que todos los elementos aportados por la Fiscalía probaron que, en su condición de Presidente del Perú, solicitó US$ 35 millones en coimas, de los que recibió US$ 30 millones, de parte de Odebrecht y de tres empresas peruanas, a cambio de entregarles la licitación y mantenimiento del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

La ejecución de la condena impuesta en su contra será inmediata, sin suspensión, señaló la magistrada. Esto, debido al comportamiento que tuvo desde que decidió irse de Perú en el 2017, cuando empezaban las investigaciones en su contra, y por todos los gastos en que incurrió el Estado peruano para lograr su extradición desde Estados Unidos, donde también recurrió a un sinfín de artilugios legales para evitar regresar al país.

Juan Sheput, exministro de Trabajo durante el gobierno de Toledo, habló con la radio RPP sobre la sentencia impuesta al exmandatario, quien seguirá recluido en el penal de Barbadillo hasta que se resuelva la apelación que presentará su abogado Roberto Su el próximo 31 de octubre.

“Esto es algo que apena por la condición de expresidente que tiene Alejandro Toledo y por la forma como él enfrenta una realidad tal y como es. Hay una serie de evidencias que pueden ser contrarrestadas por la defensa. No estamos hablando de hechos consumados, estamos hablando de un adelanto de sentencia, todavía quedan dos instancias”, señaló el también excongresista.

Asimismo, Sheput consideró que esta resolución contra Toledo debe servir “como un espejo” para otros funcionarios públicos “que creen en la ausencia de controles en el corto plazo”. “Lo mismo va a pasar con aquellos que creen que los sobones que los aplauden en estos momentos son los primeros que mañana los van a defender cuando salgan a la luz cuestiones ilícitas”, acotó.

“Esperemos que la celeridad que se mostró en el caso de Alejandro Toledo sea también la misma que se utilice en estos casos que van a paso de tortuga. Por ejemplo, en el caso de Martin Vizcarra, a pesar de haber varias evidencias de corrupción durante su paso en el gobierno regional de Moquegua, o cuando era ministro o presidente, no pasó absolutamente nada. En lo que se refiere a Alejandro Toledo hay que asumir esto como algo previsible”, sostuvo.

En los últimos 34 años, todos los exmandatarios que fueron elegidos con voto popular se han visto involucrados en diversos procesos de corrupción, con excepción de Valentín Paniagua (noviembre de 2000 a julio de 2021) y Francisco Sagasti (noviembre de 2020 a julio de 2021).

Entre los expresidentes que se encuentran presos figuran Pedro Castillo (2021-2022), quien fue vacado por el Congreso e inmediatamente detenido por el presunto delito de rebelión por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Al también profesor se le acusa de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por lo que está recluido en el penal Barbadillo. Además, durante su corta gestión se abrieron varias carpetas fiscales sobre los presuntos actos de corrupción vinculados a diversas personas de su entorno familiar y cercano, quienes habrían recibido dinero de manera ilícita para enriquecerse.

Martín Vizcarra, que gobernó de 2018 a 2020, y fue destituido por el Congreso bajo la figura habitual de la “incapacidad moral permanente” en noviembre de 2020. Se le acusaba de entorpecer la acción de la justicia y de cobrar comisiones ilegales cuando fue gobernador del Departamento de Moquegua. También existe una investigación por presunta comisión de delitos contra la administración pública, construcción y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, cuando descubrió que durante la pandemia se inoculó en momentos en que la vacuna contra el Covid aún no era accesible para la población.

Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó desde el 2016 a 2018, comenzó a ser investigado por favorecer a Odebrecht en los años en los que fue primer ministro de Toledo. Pero PPK maniobró con habilidad en el Congreso y logró salvarse de una moción de vacancia, votada el 21 de diciembre del 2017, gracias al apoyo del fujimorismo liderado por Kenji Fujimori. Pocos después, el 24 de diciembre de ese año, Kuczynski concedió un indulto “humanitario” a Alberto Fujimori, padre de Kenji y presidente autoritario del país entre 1990 y 2000, que cumplía condena por crímenes contra los derechos humanos.

El indulto provocó una polémica y fue interpretado como la prueba de que Kenji había salvado a PPK a cambio de la liberación de su padre. En marzo de 2018 salieron a la luz los llamados “kenjivideos”, grabaciones en las que se observa a Kenji y a sus colaboradores ofreciendo dádivas a los congresistas que votaran por salvar la presidencia de Kuczynski. PPK dimitió pocos días después y desde entonces está procesado por su presunto papel en la trama Odebrecht.

A PPK se le atribuye la comisión del delito de lavado de activos en el caso de Odebrecht, al haber sido socio de la empresa First Capital Partners, que habría prestado servicios de consultoría a dicho consorcio de la empresa brasileña, la cual estaba vinculada con actos de corrupción en Perú. Además, por parte del Congreso también se encontró responsabilidad en irregularidades por presuntos delitos en el caso del proyecto de irrigación Olmos.

Permaneció en prisión domiciliaria hasta abril del año 2022, cuando la Corte Superior Nacional (CSN) decretó la libertad bajo comparecencia (condicional) de Kuczynski, con prohibición de salir de Lima Metropolitana y de establecer comunicación “con los órganos de prueba personal, testigos y peritos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público”, entre otras medidas. Kuczynski aún no ha sido acusado formalmente por la Fiscalía.

Ollanta Humala (2011-2016) fue el último mandatario peruano que completó su mandato. Humala llegó al poder con un discurso nacionalista. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por la moderación y para algunos ha sido el último ejemplo de gestión razonable en el país. En julio de 2017 fue recluido de forma preventiva acusado de lavado de activos. En este juicio oral, que recién se inició en el 2022, también está incluida su esposa, Nadine Heredia, ambos investigados por el caso Lava Jato.

Según la carpeta fiscal, el expresidente habría recibido dinero ilícito durante su gestión de manos del gobierno del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, los cuales provenían de la constructora Odebrecht. La acusación contra Ollanta y la exprimera dama Nadine Heredia es por la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado, por el que se han solicitado 20 y 26 años de prisión, respectivamente, pese a que ellos ya cumplieron una prisión preventiva por 18 meses.

Alan García (1985-1990 y 2006-2011) fue acusado de cobrar por indultar narcotraficantes, por concesiones petroleras y por favorecer a Odebrecht en las obras del metro de Lima. Tuvo el final más trágico. El 17 de abril de 2019 se quitó la vida con un tiro en la cabeza cuando estaba a punto de ser detenido por el “caso Odebrecht”.

Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, falleció en septiembre pasado a los 86 años. Su salida de la cárcel en diciembre de 2023 generó una gran polémica. Se encontraba preso acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, cometiera dos masacres en las que murieron 25 personas.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992, en la Universidad de la Cantuta, también en la capital. Asimismo, se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.