Consejo Constitucional en tensión: la arremetida oficialista por el “bombardeo de enmiendas” del Partido Republicano

El ingreso de casi 400 enmiendas republicanas para modificar el anteproyecto redactado por la Comisión Experta fue recibida por los consejeros oficialistas como una provocación. Los representantes de izquierda estuvieron revisando algunas indicaciones durante la tarde del martes y llegaron a la conclusión de que eran “peor de lo que pensábamos”.

Por lo mismo, este miércoles el Consejo Constitucional partió con una fuerte arremetida por parte de los partidos de gobierno.

Uno de los temas más polémicos que se tomó el Consejo este miércoles apunta a la enmienda presentada por los consejeros republicanos y que cambia el cumplimiento de penas para los condenados que tengan más de 75 años o que padezcan enfermedades graves. La indicación plantea que esas personas “cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio”. El texto luego agrega que esta disposición “solo será aplicable a aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad”.

La tensión por este asunto coincidió con una sesión de la comisión de Principios que justo tenía agendado para este miércoles una exposición por parte de Enrique Cordovez, un exoficial de la Armada, quien es el representante de una iniciativa popular de norma que consiguió las 10 mil firmas y aborda este mismo tema.

El experto Domingo Lovera (RD) estaba presente y aprovechó de formular una serie de preguntas al invitado. “¿Cuántas personas son las que se encuentran en esa situación de ser mayores de 75 años privadas de libertad? Ustedes hacen una estimación, pero no hay ninguna cifra concreta”, cuestionó el experto. Luego Lovera dijo que, a su juicio, “lo más sorprendente” es que “supuestamente favorece a las víctimas: ¿en qué medida colabora con la reparación de las víctimas como se menciona en la iniciativa?”.

La discusión sobre esta norma siguió con un áspero cruce, que involucró a la presidenta de la comisión, la republicana, Ángeles López. La comisionada del PS Catalina Lagos tuvo una extensa y dura intervención enumerando los delitos por los cuales fue condenado Miguel Krassnoff -uno de los recluidos que, a juicio de Lagos, podría ser beneficiado con la iniciativa.

Luego continuó diciendo: “De acuerdo a las cifras que yo manejo, el universo de personas privadas de libertad a nivel nacional hasta hace algunos días en sistema cerrado es de 30.573 personas. De ese universo, el número de personas privadas de libertad condenadas mayores de 75 años es de 256, es decir, menos de un 1%. De ese universo de mayores de 75 años de edad, 115 se encuentran condenados por graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar, es decir, un 44,9% de los beneficiados, casi la mitad”.

Su alocución motivó que la presidenta de la instancia la frenara en seco indicándole que ese dato podría ser solicitado a la biblioteca del Congreso Nacional, con el fin de detener a la experta. Luego de esto, Lagos terminó su intervención diciendo: “La pregunta al señor expositor es si cree que debem fijarse ciertos límites atendida la gravedad de los delitos que hayan cometido los condenados para determinar su procedencia”.

Finalizada su alocución, la presidenta volvió a responderle a Lagos, al recordar que “los expositores que están acá son personas de carne y hueso, igual que usted, igual que yo, por lo tanto merecen respeto. Vienen a presentar una iniciativa popular de norma que representa más de 10 mil personas que los apoyaron, por eso están sentados aquí”.

La consejera comunista Karen Araya también fue crítica con esta enmienda. “Es un perdonazo para los reos de Punta Peuco. El beneficio no es para esta población vieja, para los ancianos que lamentablemente están detenidos, sino que es un perdonazo para quienes han cometido asesinatos y crímenes”, señaló la representante.

El delegado socialista Alejandro Köhler también se sumó a la discusión. “Debemos respetar los estándares internacionales en esta materia y en ningún caso actuar irresponsablemente, en especial con personas presas condenadas por delitos de lesa humanidad. Si republicanos está pensando en un perdonazo a quienes han cometido graves crímenes contra las personas, nosotros obviamente lo rechazaremos absolutamente”, dijo el representante de Los Ríos, quien desde fines de la semana pasada viene acusando que republicanos está haciendo un “bombardeo de enmiendas”.

Los intercambios de palabras continuaron durante toda la mañana. La izquierda criticó las enmiendas que buscan eliminar el impuesto al patrimonio, el impuesto “a la vivienda principal” y la indicación republicana y UDI que eleva la edad para ser Presidente de la República. Respecto de este último tema, Köhler emplazó a la bancada mayoritaria del órgano: “El Partido Republicano debe sincerar qué es lo que pretenden y si esto es funcional a satisfacer sus intereses electorales”.

El consejero Christian Suárez (Ind.-PS) también se sumó a esta arremetida oficialista. “Creo que los republicanos hacen extremadamente difícil llegar a un pacto transversal. Más que enmiendas constitucionales, su propuesta es una nueva Constitución, más ideológica incluso que la actualmente vigente. Horadan y rompen con un acuerdo político en el que participaron y que dio origen al sensato y compartido anteproyecto de la Comisión Experta”, comentó Suárez.

Luego fue un paso más allá: “Es difícil medir las consecuencias de una propuesta tan radical y el daño que ocasionará al país en términos de estabilidad futura y paz social”. En esa misma línea, Köhler agregó que “lo que hemos conocido respecto de las enmiendas por parte de republicanos, así como están y si hay intransigencia por parte de ellos, no existe ninguna posibilidad de diálogo y menos de acuerdo”.

Otro conflicto que se desencadenó fue sobre la libertad de elección en salud entre los comisionados Flavio Quezada (PS) y Bettina Horst (Ind.-UDI). La discusión se dio a través de Twitter. El abogado comentó su molestia hacia la siguiente indicación: “Cada persona tiene derecho a elegir la entidad prestadora de salud así como la entidad que entregue cobertura a dichas prestaciones, sean estas estatales o privadas”. Dicha enmienda fue ingresada de manera unitaria por toda la derecha.

Quezada, entonces, manifestó su disconformidad comentando que “ninguna Constitución -¡NINGUNA!- en el mundo, ni ninguna de nuestra historia constitucional (salvo el texto del 80 y por directa instrucción de la Junta Militar) dispone lo que se propone en esta enmienda. Es inaceptable un salvataje constitucional al modelo/negocio de ISAPRES”.

El tuit luego fue respondido duramente por la economista Horst. “Uno puede estar de acuerdo o no con la enmienda. Pero lo que dices NO es verdad. Es consagrar la libertad de elegir en salud, no un negocio. Para eso es una constitución. Defender libertades”, escribió la comisionada.

Los enfrentamientos de Quezada y Horst por este tema en particular no son una novedad. Fueron la tónica durante los últimos dos meses de trabajo de la Comisión Experta. Ambos comisionados compartían la subcomisión de Derechos Sociales.

Ahí, el tema de la libertad de elección se tomó varias sesiones de debate. La derecha defendía que la libertad en el sistema de salud debe quedar a nivel de asegurador y prestador. Quezada fue el detractor más duro en este tema. Dijo que era una idea “peligrosa”, que se debía eliminar del texto, ya que “constitucionalizaba a las isapres” y hacía que ideas socialdemócratas fueran inconstitucionales.

Horst le respondió siempre en la misma línea que su tuit. De hecho en uno de los plenos finales dijo: “En ningún caso se constitucionalizan las actuales instituciones de salud previsional ya que ellas no están en la Constitución, no se crean en el texto vigente, sino que mediante leyes de rango inferior. Lo único que hoy se protege en la Constitución vigente es la libertad de elección, no una industria en especial, no nos confundamos”.

Pese a las arduas conversaciones entre ambos sectores, finalmente no se llegó a acuerdo. Ahora que la derecha es mayoría, repondrán esta cláusula y por eso dieron una señal con una indicación que, de entrada, ya tiene 2/3 de apoyo en el órgano redactor.