El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió ayer miércoles acoger dos reclamos por infracción a las normas de transparencia activa interpuestos en contra de la Corporación Cultural de Recoleta y la Corporación de Innovación y Desarrollo Económico y Social “Innova Recoleta”.

La entidad, por la unanimidad de sus miembros, acordó obligar al alcalde Daniel Jadue a que publique en el sitio web de dichas instancias los antecedentes exigibles en el Artículo 7º de la Ley de Transparencia. Este refiere a que las entidades públicas están obligadas a exhibir en su web información referente a su organigrama, facultades, funciones y atribuciones de unidades internas, personal y sus remuneraciones, marco normativo aplicable, actos y resoluciones con efectos sobre terceros, contrataciones, transferencias de fondos públicos, presupuesto asignado y su ejecución.

El CPLT ordenó al jefe comunal “cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de Transparencia”. Este último hace referencia a que “el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones del infractor”.

En caso de manifestar su oposición, el jefe comunal de Recoleta tiene un plazo de 15 días corridos para acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago y presentar un reclamo de ilegalidad.

El caso surge luego de que el 10 de octubre de 2021, el ingeniero comercial y exconcejal de la Municipalidad de Concepción Jorge Condezza acudiera hasta el CPLT luego de darse cuenta de que ambas entidades no presentaban información sobre su gestión. En particular, le preocupó al profesional lo que sucedía con la Corporación Cultural que hoy es objeto de cuestionamientos por parte de Contraloría, que al detectar fondos municipales entregados sin respaldo, decidió enviar los antecedentes a la fiscalía para que se investiguen eventuales delitos.

A modo de fundamentar su dictamen, el CPLT sostuvo que las corporaciones municipales se encuentran sujetas a los mismos mecanismos de control y fiscalización que el órgano que las creó, con lo cual la Corte Suprema corrobora que no existe ilegalidad al disponer la instrucción de un sumario administrativo para indagar la eventual responsabilidad por infracción a las obligaciones que impone la Ley de Transparencia.

En esa línea, agregó que “las personas que trabajan en la corporación, a pesar de estar contratadas bajo el estatuto jurídico del Código del Trabajo, son funcionarios que integran un órgano creado para el cumplimiento de una función administrativa, dentro de la cual les ha correspondido desempeñar funciones públicas, las cuales deben ejercerse con probidad y transparencia”.

Junto con esto, la resolución del organismo que vela por la transparencia sostuvo que “teniendo claro el desarrollo jurisprudencial en la materia, resulta igualmente necesario considerar que ha resultado evidente que los funcionarios públicos minoritarios terminan ejerciendo un claro rol predominante de control en la dirección”.

Ambas decisiones contaron con el voto favorable por unanimidad de sus miembros, integrado por la consejera Natalia González y los consejeros Francisco Leturia y Bernardo Navarrete. La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, no asistió a la sesión.

El ingeniero comercial Jorge Condezza valoró la resolución del CPLT, aclarando que lo que hace la entidad es ratificar fallos que ya han tenido respecto de otras corporaciones. “Para el organismo, todas las corporaciones municipales deberían informar detalles de su gestión, porque en definitiva todos los chilenos tenemos la duda sobre qué está ocurriendo con los dineros y tenemos la duda bien fundada de que muchas de estas entidades se crean para saltarse las leyes”, acotó.

Agregó que, en particular, “vengo hace meses investigando lo que ocurre en el municipio de Recoleta. Principalmente, el manejo financiero y contable, debido a los constantes déficits que ahí existen y que al 31 de diciembre del 2020 llegaron a una cifra cercana a $ 7.000 millones”.

A su parecer, no existe cálculo de la caja inicial, ya que en ninguna de las modificaciones presupuestarias se muestra cuál es la fórmula empleada siguiendo los criterios impartidos por la Contraloría General de la República.

Según él, no existe balance de comprobación y saldos que permita llegar a algún detalle como el que se indica aquí. “Revisados los años anteriores queda claro que el ajuste de caja inicial esta compensado siempre con la deuda exigible, pero no existe ajuste por disminución de otros gastos cuando la deuda exigible es mayor a la considerada en el presupuesto inicial, sino que se aumentan cuentas de ingresos en forma ficticia, aumentando a valores que claramente no se ve que se realizarán”, sostuvo.

Al cierre de esta edición no hubo respuesta de parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a las consultas planteadas por este medio.