El Gran Jurado del Estado de Pensilvania realizó una profunda investigación al comportamiento del clero en los últimos 70 años. Constituye con toda probabilidad, la más extensa y detallada investigación de abusos sexuales perpetrada al interior de la Iglesia Católica. La investigación de más de dos años acredita a más de un millar de víctimas y 300 sacerdotes como victimarios. La mayor parte de los casos -salvo dos de ellos- no podrán ser perseguidos penalmente porque las conductas se encuentran prescritas y parte de sus autores, fallecidos.

Junto a la crudeza de los relatos efectuada por las víctimas, la gran mayoría menores de edad al momento de los hechos, el informe se explaya en explicar el patrón de conducta que realizaban las altas autoridades de la Iglesia con el objeto de encubrir los hechos. Entre ellas, el hecho de que se utilizara un lenguaje eufemístico. En vez de hablar de violaciones o abusos, la iglesia hablaba de "contactos inapropiados"; al momento de investigar a los pederastas se les enviaba a centros de tratamiento siquiátricos por estrés. Si los abusos eran muy ostensibles, al sacerdote se le trasladaba a otra comunidad, sin dar mayores explicaciones ni información, en la comunidad que abandonaba ni en la que lo acogía.

El informe dado a conocer esta semana por Josh Shapiro, Fiscal General de Pensilvania, es categórico en sus conclusiones: la principal preocupación de la Iglesia al conocer los hechos "no era ayudar a los niños, sino evitar el escándalo" y le atribuye " un encubrimiento sistemático a las autoridades de la Iglesia de Pensilvania y del Vaticano". Enumera además las conductas precisas del encubrimiento, entre ellas no sólo el no denunciar, sino también el disuadir a las víctimas para que no denunciaran, el presionar a la autoridad civil para evitar el avance de la investigación y hacer investigaciones eclesiásticas deficientes o sesgadas. ¿Suena familiar todo esto?