“La Contraloría no tiene atribuciones legales para calificar y señalar si una conversación o su contenido es privado o no lo es”, afirmó este lunes la contralora general de la República, Dorothy Pérez, ante la comisión especial investigadora que dilucida las responsabilidades políticas del caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien está en prisión preventiva por los eventuales delitos de violación y abuso sexual.

La jurisprudencia de la Contraloría generaba alta expectativa, pues venía a despejar -avalando o desechando- la tesis que invocó el Jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, cuando concurrió a la misma instancia investigadora el pasado 2 de diciembre.

Ante las insistentes preguntas de los diputados que requerían más detalles del manejo del gobierno en la polémica que desató la caída de Monsalve, Crispi repitió por más de 20 veces que “las conversaciones con el Presidente son privadas”.

Ante la insatisfacción por el argumento que invocó el frenteamplista, los diputados de oposición que integran la comisión solicitaron un pronunciamiento a la contralora Pérez respecto de si la postura planteada por el jefe de asesores del Segundo Piso correspondía o no.

Pese a que la solicitud fue en diciembre, el presidente de la comisión, Miguel Mellado (RN), tenía la intención de citar a Pérez con el objetivo de que dicte jurisprudencia de manera verbal. Por lo mismo, en la sesión de esta mañana, la contralora se limitó a invocar dos normas legales -un artículo de la Constitución y otra que está inserta en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional- para explicar a los parlamentarios en qué casos un compareciente se puede abstener de profundizar en declaraciones ante instancias investigadoras.

Así, en primer lugar, Pérez explicó que “la excepción para abstenerse de declarar las fija la ley, no las fija el compareciente ni la Comisión ni la Contraloría, las fija la ley”, detallando que una de ellas es el artículo 55 de la ley orgánica del Congreso Nacional.

Esta norma señala: “Las personas obligadas a comparecer y que sean citadas por una comisión especial investigadora, que se encontraren en alguna de las situaciones de excepción descritas en los artículos 302, 303 y 305 del Código Procesal Penal, no estarán obligadas a prestar declaración. Sin embargo, deberán concurrir a la citación y dejar constancia de los motivos que dan origen a la facultad de abstenerse que invoquen”.

A renglón seguido, Pérez expuso que “la otra posibilidad es que una persona señale que hay materias de las cuales no puede referirse porque la Constitución o la ley las califica de secretas, o porque el Presidente de la República requiere que estimen secretas”, como es el caso del numeral 15 del artículo 32 de la Constitución, el cual aborda que, entre las facultades que tiene el Presidente de la República, son las relaciones políticas con potencias extranjeras y organismos internacionales; y la negociación, firma, ratificación y conclusión de un tratado internacional.

Luego de haber hecho referencia a las normas legales, Pérez señaló que sobre las declaraciones hechas en la comisión investigadora “la Contraloría no tiene atribuciones para calificarlas, si son jurídicamente procedentes o no, porque la ley no nos ha dado competencia para eso”.

Y añadió: “¿Para qué nos da competencia la ley? Nos da competencia para los artículo 9 y 10 de la ley del Congreso para, cuando ustedes solicitan información a los ministerios, subsecretarías o servicios públicos y no se les atiende, iniciar el procedimiento para apercibirlos para que les respondan”.

“No tenemos atribuciones para señalarlo, solo recordamos cuáles son las normas que aquellas personas que sí tengan competencia para analizar esto tienen que tener a la vista; pero no es una facultad nuestra. Por eso me abstengo, en este momento, al igual que en el oficio, de profundizar sobre el punto”, sentenció al respecto la mandamás de Contraloría.

Tanto las respuestas del Presidente Gabriel Boric al cuestionario que le envió la comisión como el criterio establecido por la contralora respecto a la tesis de Crispi enfurecieron al presidente de la comisión, Miguel Mellado.

Por lo mismo, al cierre de esta edición, el parlamentario se dirigía hasta el Palacio La Moneda para entregarle una carta al Jefe de Estado reprochándole que las respuestas que entregó “en ningún caso vienen a dar cumplimiento al compromiso de S.E. de abordar este caso con altos estándares de transparencia y que solo se limita a repetir un relato ‘mecánico’ que consta en la memora del todo el gabinete”.

Más adelante cuestiona que “no se cumple con la palabra empeñada de dar respuesta a nuestras interrogantes y en cambio se opta por una puesta en escena que pretender simular una respuesta para exhibir credenciales de transparencia frente a la opinión pública”.

“Hacemos presente nuestra preocupación por una suerte de práctica asentada ya en este gobierno de responder de manera general y evasiva, sin hacerse cargo de las dudas y las interrogantes concretas de los parlamentarios, todo lo cual violenta las facultades fiscalizadoras de esta Cámara de Diputados”, expresa la misiva.

Por lo mismo, Mellado le reenvió el cuestionario a Boric “con el propósito de dar respuesta concreta a lo requerido por los diputados, como un imperativo moral más allá de lo normativo, honrando de esta manera el compromiso de transparencia que asumió frente a la ciudadanía”.

En paralelo, y en base a las explicaciones que dio la contralora en la sesión de hoy, Mellado citará nuevamente a Crispi a la comisión, basado no solo en la obligación que tiene el inquilino de Palacio de comparecer a esta esa instancia, sino que, tal como dijo la contralora, también debe “aportar información”.