Contraloría abre sumario en Puerto Montt por millonario arriendo a hermano de jefe de campaña de alcalde Gervoy Paredes (PS)

La Contraloría General de la República otra vez puso sus ojos en uno de los municipios del país. Esta vez, la mira del ente persecutor apunta a la Municipalidad de Puerto Montt por la suscripción de un contrato con la Inmobiliaria y Constructora del Valle SpA, a cargo de Luis Araya Toledo, hermano de Nicolás Araya Toledo, jefe de campaña del alcalde Gervoy Paredes (PS). Asimismo, dio cuenta que el terreno se mantuvo en desuso durante 18 meses, pese a recibir pagos que alcanzan $ 41 millones.

No es la primera vez que el edil de Puerto Montt está en medio de las polémicas. En septiembre pasado, un allanamiento en distintas dependencias del municipio acaparó todas las miradas en la ciudad portuaria. El fiscal a cargo de las diligencias aseguraba esa vez que la acción realizada por más de 80 carabineros del OS7 era una indagatoria que comenzó en 2022 por delitos de corrupción y lavado de activos, y que aún se mantiene abierta.

Esta vez, el informe emanado por la entidad a cargo de la contralora (s) Dorothy Pérez derivó en un sumario dentro del municipio para buscar responsabilidades administrativas, además del despacho de la información a la Fiscalía Regional de Los Lagos y el Consejo de Defensa del Estado para que sirvan como antecedentes ante una eventual investigación. Todo apunta, como se ha dicho, al arriendo de un inmueble ubicado en la localidad de Alerce, el cual sería habilitado como un nuevo espacio de atención para el otorgamiento de licencias de conducir.

De esta forma, la indagatoria gira en torno a que el edil suscribió el contrato con la Inmobiliaria y Constructora del Valle SpA, pese a tener una relación directa con el dueño de la empresa, incumpliendo el deber de abstención, según señala el escrito. En este caso, la máxima autoridad edilicia mantuvo vínculos con su exadministrador electoral durante 2016 y 2021, antiguo propietario del inmueble arrendado para el otorgamiento de licencias de conducir. El problema es que su hermano es el representante legal de la empresa contratada por el municipio.

En el escrito el ente fiscalizador afirma que la acción realizada por el alcalde Paredes “podía comprometer la imparcialidad con que esa autoridad comunal debía desempeñar sus labores”.

Fue el 22 de septiembre de 2021 cuando se constituyó la Sociedad Inmobiliria y Constructora del Valle SpA, con un único accionista y representante legal: Nicolás Araya, el exadministrador electoral del alcalde Paredes por dos elecciones consecutivas. Posteriormente, el 8 de febrero de 2022, Luis Araya, su hermano, adquirió a través de una compraventa ese bien un mes antes de suscribir con el municipio el contrato, con una renta mensual que ascendía a la cifra de $ 2.282.000.

En el escrito, el ente fiscalizador señala que tras suscribir el contrato con la empresa el 4 de marzo a través del decreto alcaldicio N° 4.670, firmado el 21 de abril de 2022 por Gervoy Paredes, el acto “contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, intervenir en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. Agrega que “las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos”.

Desde el municipio señalan que el alcalde Paredes no firmó contratos con la empresa aludida debido a que en ese minuto se encontraba el edil subrogante.

En el contrato suscrito entre el municipio y la Inmobiliaria y Constructora del Valle SpA, se abre otra arista. Esto debido a la demora de al menos 18 meses en el uso del inmueble, a pesar de haber recibido pagos que alcanzan $ 41.984.751 para la empresa.

En detalle, el informe de la Contraloría da cuenta que aunque el contrato se firmó el 4 de marzo de 2022, el lugar no fue habilitado de forma instantánea y que sólo fue adaptado y solicitada autorización a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Los Lagos (Seremitt) para su funcionamiento el 31 de julio de 2023. En respuesta, la entidad ministerial hizo observaciones que hasta el 31 de septiembre no habían sido subsanadas.

En consecuencia, el ente contralor señala que “resulta pertinente observar que desde la suscripción del contrato -el 4 de marzo de 2022- hasta el 5 de septiembre de 2023, han transcurrido un total de 18 meses (...) sin que esa entidad edilicia, a esa data, esté cumpliendo con el objetivo para el que fue arrendado el citado inmueble”.

Al respecto, el municipio señaló a la Contraloría que “se debió principalmente a la falta de presupuesto municipal para la adquisición de computadores y tecnología, situación que se pudo financiar mediante la modificación presupuestaria, aprobada por el concejo municipal en el mes de septiembre del año 2022″.

Esta razón, en todo caso, fue objetada por el ente fiscalizador debido a que la respuesta de la entidad edilicia, “no aporta nuevos antecedentes”, ya que se “corrobora que el inmueble arrendado tuvo una demora en su puesta en marcha atendido a las gestiones que se efectuaron para la habilitación del gabinete psicotécnico y por la falta de presupuesto municipal”.