Contraloría emplaza a Peñaloza a elegir sistema de control por horas extras en medio de repentina muerte de tesorero de Las Condes

El pago de más de $8 mil millones en horas extras, en un año, es el motivo por el cual el Ministerio Público investiga a la Municipalidad de Las Condes desde algunas semanas. Además de la indagatoria penal, al estallido de la última arista en los conflictos al interior del municipio del sector oriente también se suma el reciente dictamen de la Contraloría el cual emplaza a la alcaldesa, Daniela Peñaloza (UDI), a elegir un mecanismo de control de asistencia para evitar falencias en el registro de las horas extras.

El dictamen fue notificado al municipio, ubicado en la Avenida Apoquindo, en medio de la investigación por la muerte de su tesorero, Juan Andrés Peña (64), quien fue hallado muerto la madrugada del sábado en un baño del piso -1 de la Municipalidad de Las Condes. El funcionario, de hecho, formaba parte de las personas que son sujetos de interés para la Fiscalía Metropolitana Oriente en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción. Esto, ya que un reportaje de Mega develó que este funcionario había cobrado más de $34 millones en extensiones de jornadas, pese a que la investigación periodística apuntaba a que dichas “horas extras” no eran tales. Había un falseo en los registros.

En ese contexto, la Contraloría emitió un dictamen a raíz de una solicitud realizada por la propia administración de Peñaloza, quien consultó al organismo dirigido por la contralora (s) Dorothy Pérez sobre el mecanismo más idóneo para implementar. Además de aquello, el ente fiscalizador también citó una serie de normativas sobre la legalidad de las horas extras, tema que por estos días genera división al interior del municipio del sector oriente.

La administración de Peñaloza, en medio del estallido por los cuestionamientos del pago de horas extras -que se dio a conocer en un reportaje de Meganoticias- recurrió a la Contraloría para destrabar una diferencia de visión de la normativa que existía entre su administración y la del jefe de Control, Eduardo López, sobre cuál era el mejor mecanismo de control de asistencia del municipio y el máximo de horas extras que pueden autorizar los municipios.

El requerimiento del municipio de Las Condes, según lo señala el mismo dictamen, surgió luego de que López señalara que el actual sistema de control en el cual se registra la asistencia, que corresponde a un libro, era “un mecanismo robusto (...) por lo que no sería necesaria su reforma y, tratándose de las horas extraordinarias diurnas, no resultaría aplicable a los municipios el límite de 40 horas”. Visión de la normativa que generó, una vez más, una discrepancia con la alcaldesa y que se suma a un historial de diferencias entre Peñaloza y López desde que estalló el caso Cesfam Las Condes.

En ese sentido, la Contraloría sostuvo que no le compete referirse sobre cuál es el mejor mecanismo, por que dictaminó que aquello “corresponde a la administración activa, en particular a la alcaldesa como máxima autoridad edilicia, determinar el mecanismo de registro de asistencia que estime conveniente”, sosteniendo además que es Peñaloza quien debe determinar el sistema de control de las jornadas labores ante la falta de un texto legal expreso que determine aquello.

También abordando las diferencias que existían entre el jefe de Control y la administración de Peñaloza, el organismo dirigido por Dorothy Pérez advierte que según la ley “el máximo de horas extraordinarias diurnas cuyo pago podrá autorizarse será de 40 horas por funcionario al mes, limitación que solo podrá excederse cuando se trate de labores de carácter imprevisto, motivado por fenómenos naturales o calamidades públicas, que hagan imprescindible trabajar un mayor número de horas extraordinarias”. Límite que había sido informado por la alcaldesa durante el concejo municipal posterior al estallido del caso.

Por último, la Contraloría recordó al municipio que durante el 2021 el ente fiscalizador revisó el sistema “híbrido” sobre el control de asistencia, el cual comienza con el registro de la asistencia en un libro, información que posteriormente se carga a un sistema electrónico. Mecanismo que entonces fue definido como “un sistema falible, sujeto a diversas variables que podrían provocar una distorsión en la información recabada, tales como alteración de la información de los libros de asistencia, errores de digitación en el traspaso de la información al sistema computacional y vulnerabilidad informática de aquel, de modo que, al no asegurar la integridad de los datos en él contenidos, se reitera lo instruido en orden a utilizar únicamente sistemas que otorguen dicha certeza y confiabilidad”.

Consultados al respecto, desde la Municipalidad de Las Condes valoraron el dictamen, “el cual ratifica que las acciones emprendidas por el municipio para modernizar el sistema de ingreso de los funcionarios están dentro de lo que el marco legal permite. Es importante recordar que esta administración, desde el 2021, ha implementado medidas para la reducción de horas extras, al mismo tiempo ha anunciado una serie de cambios que se implementarán este 2024, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la municipalidad y el eficiente gasto de nuestros recursos”.

Por otro lado, aseguraron que “la administración ya dio inicio al proceso de adquisición de un sistema digital de control de asistencia”. Lo anterior en la línea de que “comparando enero y febrero de 2023 con los mismos meses en 2024, se han reducido en más de 10 mil horas extras asignadas. Desde marzo, la totalidad de los funcionarios tendrá un límite máximo de 40 horas extras, y solo para casos ‘excepcionalísimos’, como lo indica la Contraloría, se podrá sobrepasar esa cifra”.

El dictamen de Contraloría a la Municipalidad de Las Condes llegó al municipio en medio de duelo que vive el organismo. Esto, luego de que la madrugada del domingo un guardia del recinto se encontrara, como todos los días, realizando una ronda preventiva por todo el edificio, momento en el cual en el baño del piso -1 encontró el cuerpo sin vida de Juan Andrés Peña Peña.

El funcionario, de 62 años y más de 25 de carrera en el municipio, era el tesorero municipal, cargo que también lo llevó a estar implicado en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente en el denominado “caso horas extras”. Tal como ya se mencionó, Peña apareció en el reportaje de Mega como uno de los trabajadores que entre octubre del 2022 y el mismo mes del 2023 cobraron más de $34 millones en horas extraordinarias.

Si bien no se conoce si el funcionario de más de 25 años de carrera presentaba problemas médicos previos, fuentes han explicado a La Tercera que el surgimiento de la investigación penal que lleva adelante el fiscal de alta complejidad Oriente, Miguel Orellana, había causado gran estrés en Peña, quien estaba recabando todos los antecedentes para demostrar la legalidad de los pagos. Precisamente eso se encontraba realizando los últimos días, trabajando incluso fuera del horario regular, tal y como ocurrió el sábado, día en el que habría fallecido,

Respecto a las causas de su deceso, durante la mañana de este lunes la Fiscalía Oriente confirmó que se debió a un “infarto agudo al miocardio roto”. Si bien la causa de muerte ya está determinada, desde el Ministerio Público señalaron que la investigación del fallecimiento continúa vigente a la espera de informes de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien debe revisar las cámaras del municipio, así como también se debe contar con otros informes complementarios del Servicio Médico Legal (SML).

Parte de la molestia que este caso generó en el tesorero quedó registrada en el reportaje de televisión, cuando al ser emplazado por el pago de sus horas extras, molesto, Peña señaló: “Las horas extras que nosotros tenemos son pocas, en comparación con la responsabilidad funcionaria que uno tiene. Si usted me está cuestionando, mire para el lado cómo está la cosa. Es lo único que te puedo decir. Yo tengo mi conciencia tranquila”, concluyó en ese último registro.