Contraloría insta a la PDI a expulsar a subcomisario que extravió “evidencia clave” en caso de violación contra excadetes de Cobreloa

La madrugada del 18 de septiembre de 2021 personal de Carabineros de Calama ingresó en “cadena de custodia” una evidencia que resultaba clave en el caso de una joven -hoy de 21 años- que denunció haber sido víctima de una violación grupal por parte de entonces nueve cadetes del club Cobreloa. Se trataba de un vestido negro corto con tirantes de lycra, sin estampados, que utilizó -justamente- la noche en que fue abordada violentamente por los sujetos.

Pero pese a la relevancia de dicha prueba, en septiembre de 2024 La Tercera reveló que personal de la PDI la había perdido, semanas después de la formalización de los nueve imputados.

La situación generó en que no se pudo realizar análisis que estaban pendientes y que habían sido solicitados por los abogados que representan a la víctima. Ante esta situación, Contraloría abrió un sumario que el día de ayer llegó a su fin, estableciéndose por parte del subcomisario Gonzalo Fuentes, de la Bicrim Calama, graves faltas al buen servicio en su calidad de funcionario público.

El organismo liderado por Dorothy Pérez propuso -según pudo constatar La Tercera- la expulsión del oficial debido a su deficiente conducta. Sin embargo, la resolución de la contralora no es vinculante a lo que determine la PDI, en particular el jefe del servicio, Eduardo Cerna.

Actualmente, además, el Ministerio Público tiene una investigación penal abierta.

Cuando se supo de la situación, la abogada que representa a la víctima, Patricia Muñoz, manifestó que “la pérdida de evidencia en cualquier investigación penal por parte de la policía resulta particularmente grave. Las policías son las llamadas a auxiliar al Ministerio Público en la investigación penal y parte de ello, y muy relevante, tiene que ver con no solo la incautación de elementos que pueden constituir evidencia, sino que también la custodia de la misma para efecto de que esta pueda ser periciada de ser necesario”.

Junto con esto, sostuvo que “en este caso la conducta de la Policía de Investigaciones refleja una manifiesta negligencia en el comportamiento y en el quehacer en relación con esta causa. Ya es segunda vez en que aquello queda de manifiesto. Primero en relación con la denuncia que la víctima presentó y cómo aquella no fue atendida, lo que implicó que esta causa estuviera tres años sin que se ejercieran las acciones de protección en favor de ella ni tampoco la persecución penal. Y ahora nos enteramos que, de acuerdo con lo conocido por el Ministerio Público, se habría perdido evidencia incautada diligentemente en el contexto del inicio del procedimiento”.

Por lo mismo, hizo presente que como querellante espera que esto no solo implique una investigación rigurosa, “sino que también una sanción coherente con la gravedad que representa para cualquier policía y cualquier delito que la evidencia se pierda”.

Hizo presente, eso sí, que no ven riesgo para el futuro del caso. “Desde nuestra perspectiva como querellantes, la contundencia de la causa no me parece que corra perjuicio. Por tanto, la imputación no varía de ninguna manera, considerando que no se discute ni se ha cuestionado la participación de los nueve imputados en el hecho por el cual fueron formalizados”, sostuvo.

De todas maneras, recalcó: “Nos parece de la máxima gravedad lo que se está investigando y esperaremos que las sanciones se produzcan con la severidad necesaria y, por supuesto, habrá que analizar en su momento acciones que, desde la perspectiva civil o administrativa, la víctima pudiera ejercer contras las instituciones que no han ejecutado las acciones que han debido en relación a sus obligaciones constitucionales y legales”.