Contraloría instruye sumario a Las Condes por subcontratación en auditoría privada que descartó delitos en la compra de terreno para Cesfam

Un nuevo cuestionamiento suma la Municipalidad de Las Condes en la adquisición de diez casas y un terreno para construir el tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna. Y es que recientemente la Contraloría General de la República ordenó al ente municipal la realización de un sumario por falencias en la subcontratación que realizó un estudio de abogados en la elaboración del informe que analizó irregularidades en la compra de inmuebles para construir el nuevo recinto de salud.

Lo cuestionado por Contraloría, específicamente, se trata de la forma en que la administración de la alcaldesa Daniela Peñaloza llevó adelante la contratación del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (AZ) para la realización de una auditoria privada en el cual se advirtieron faltas administrativas, pero el cual determinó que no “existiría delito” en la compra de las 10 casas y un terreno.

A raíz de esto, los concejales Catalina San Martin (ex-Evópoli), Catalina Ugarte (Republicanos), Isidora Alcalde (RD), Patricio Bopp (ex-UDI), Leonardo Prat (Republicanos) y Sergio Melnick (Republicanos) recurrieron a Contraloría cuestionando el informe y la manera en la que el municipio realizó la contratación del estudio AZ.

Dichas críticas, en paralelo, también fueron realizadas por la Dirección de Control de la Municipalidad de Las Condes, que señaló que el informe de la auditoría privada “no aporta nuevos antecedentes e incluso podría afectar los procesos administrativos o judiciales que se están llevando a cabo, dado que se limita a emitir juicios de valor, sin estar suficientemente fundamentados”.

La denuncia presentada por los ediles de Las Condes requería que Contraloría determinara la procedencia de la contratación a través de trato directo de AZ, teniendo en cuenta que dicho estudio subcontrató a otros profesionales para la realización de este informe. Además de eso, los concejales pidieron que el ente fiscalizador se refiriera sobre si requería o no un acuerdo del Concejo Municipal por la contratación.

Ante el estudio de la realización del trato directo de AZ, Las Condes señaló a la institución dirigida por Jorge Bermúdez que “se trata de una contratación de una asesoría legal, cuyas materias se encomiendan en consideración especial de las facultades del proveedor que otorgará el servicio, por lo que no pueden ser sometidas a una licitación, y se refieren a aspectos claves y estrategias, fundamentales para el cumplimiento de las funciones de esta entidad pública”.

Pese a eso, Contraloría determinó que los documentos presentados por Las Condes no fundamentan la argumentación: “Para los efectos de acreditar las facultades del citado estudio jurídico no es suficiente la mera apreciación efectuada por el administrador municipal, por lo que, en la especie, no se ha demostrado documentadamente la concurrencia de la causal invocada, en términos que los servicios contratados no puedan someterse a una licitación”.

Los otros dos alegatos presentados por los concejales, sobre la falta de contrato y de acuerdo con el Concejo Municipal, Contraloría no presentó reparos. Respecto a lo último, señala que no corresponde debido a que el costo de 883 UF de la contratación no alcanzaba el monto que debe ser votado por los concejales.

Sin embargo, donde sí presentó reparos fue en que el estudio AZ haya subcontratado a su vez a Gómez, Pallavicini y García Abogados para la realización del informe. En ese sentido, Contraloría señaló que considerando la misma normativa citada por el municipio para justificar el trato directo, “la ejecución de tales prestaciones con la intervención directa de terceros, como aconteció en la especie, resulta incompatible con dicha fundamentación”.

Por lo mismo, instruye que el municipio elabore un proceso disciplinario “con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en la aludida situación”, dando un plazo de 15 días para aquello.

Consultados al respecto, la concejala Catalina San Martín señaló que “la operación de contratar a dedo una supuesta auditoría externa para salir en los medios repartiendo responsabilidades a funcionarios sin hacerse cargo de la responsabilidad propia que le cabe a la administración, es un daño irreversible”.

En esa línea, agregó que el hecho de que la Contraloría “salga hoy solicitando solo un sumario se debe a que el pago por esa contratación jamás se ejecutó, ya que la dirección de control municipal lo detuvo. Es hora de que la administración de la alcaldesa Daniela Peñaloza deje de improvisar y asuma las responsabilidades que le caben”.

Por su parte, el concejal Patricio Bopp aseguró a La Tercera que los tratos directos “hace mucho tiempo vienen siendo una práctica habitual por parte de la administración de nuestro municipio. En ese sentido, creo que Contraloría ha sido clara esta y veces anteriores en que debe ponérseles fin, más cuando no existe la justificación mínima para llevarlos a cabo”.

Bopp señala que presentaron la denuncia “dado que la administración lleva a cabo una contratación directa señalando por escrito que se buscaba contratar una asesoría para proponer mejoras (...), sin embargo, a la prensa se le señalaba que se habría contratado una auditoría externa por el caso Cesfam, y que además esta habría ayudado a encontrar responsabilidades administrativas y despejar la presencia de delitos. Cosa que semanas después se comprobó que no sería así e incluso hay una querella por parte de la misma administración en el caso”.

“Nos parece grave, porque finalmente ha sido una forma de entorpecer y confundir a quienes deben hacer el trabajo de investigar hasta el final este caso”, concluyó el concejal exmilitante de la UDI.

Consultados al respecto, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, destacó a La Tercera que el informe de Contraloría “no cuestiona en ningún caso la contratación a Albagli y Zaliasnik, tampoco cuestiona la legalidad del informe y sobre todo no cuestiona el contenido del informe, lo que sin duda es una señal muy positiva, porque cuando parte todo esto en marzo del 2023, para nosotros era muy importante que abogados externos pudieran hacer una revisión de la situación y pudieran investigar cómo había sido el proceso de la compra de los terrenos del Cesfam”.

Destacando que “esos mismos resultados de AZ fueron enviados a la Contraloría y a la Fiscalía en el mes de junio, y cuando uno lee el informe de los abogados y el informe final de Contraloría, uno encuentra que los hallazgos en ambos informes son bastante similares”.

Respecto a la subcontratación, señaló que “cuando nosotros empezamos la contratación esto tenía una primera arista que era penal, porque había una denuncia ante la Fiscalía, pero también nosotros buscamos en AZ expertís en los temas de compliance porque esto tenía dos patas. Primero, era conocer qué había pasado, y después era, obviamente, poder ir avanzando en buenas prácticas para el futuro, para que no volvieran a pasar las eventualidades de errores u otros que pudiera arrojar el informe”.

“En el camino acá se abre una arista de errores, fallas y omisiones administrativas importantes, y es ahí donde yo entiendo que este estudio de abogados decide contratar a Pallavicini. Acá es importante señalar que nadie puede poner en duda la expertís de Pallavicini respecto al derecho administrativo, él es abogado experto, fue jefe jurídico de la Contraloría, entonces no me es cuestionable que quieran buscar abogados especialistas en las aristas donde se quiso ser más preciso y donde se quiso tener mayor contundencia”, agregó.

Ante lo que concluyó: “Entiendo que por ahí pasó la decisión de este grupo de abogados de contratar a un abogado más para que pudiera tener contundencia total en todas las áreas”.