Contraloría alista instructivo ante anuncios de “no neutralidad” del gobierno respecto del plebiscito de salida

Siempre antes de un proceso eleccionario, la Contraloría evacúa un instructivo para fijar los límites de lo que pueden o no hacer las autoridades y funcionarios públicos, principalmente en lo que se refiere a incitar al voto, o bien, disponer de recursos públicos para promover una opción determinada.

Eso suele realizarse a dos o un mes del proceso eleccionario. Sin embargo, para el plebiscito de salida sobre la nueva Constitución -fechado en principio para el 4 de septiembre de este año- se fijó otro criterio. En Contraloría están conscientes de que el debate público en torno a la Convención Constituyente se adelantó, por lo que decidieron, según cuentan en Teatinos 56, “rayar la cancha de entrada”.

Las últimas intervenciones públicas de las autoridades de gobierno en torno al plebiscito están siendo observadas por la Contraloría. El propio Presidente y sus ministros han señalado que no serán “neutrales” y que quieren una nueva Constitución para Chile, situación que estaría al límite de lo que el ente contralor ha señalado en sus últimos dictámenes en la materia.

Ayer, en tanto, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, anunció que el Ejecutivo realizará su propio instructivo para regular el actuar de funcionarios públicos durante campaña legal del plebiscito de salida, que comienza el 5 de julio. “Vamos a tener lo antes posible -porque nos han pedido acelerarlo- un instructivo en el que podamos explicitar a todas las y los funcionarios públicos cuál es el rol que les compete en el ejercicio de sus funciones”, dijo el ministro. “Había muchas dudas respecto a cuál es el rol que los distintos funcionarios de gobierno deben cumplir a la hora de que se establezca la campaña que se inicia posterior a la entrega del texto”, agregó.

El último instructivo que el organismo emitió sobre la intervención pública de las autoridades fue el 26 de febrero del 2020, dos meses antes de la fecha inicial del plebiscito de entrada del “Apruebo” o “Rechazo” (este finalmente se retrasó para el 25 de octubre de ese año). Esa vez, el ente contralor fue específico respecto del rol que debía mantener el Presidente y el gobierno.

“A diferencia de estos últimos plebiscitos en el que el Ejecutivo y el alcalde tienen un rol directo que les permite promover una de las alternativas sometidas a decisión de la ciudadanía, en el plebiscito que tendrá lugar en abril próximo el Presidente de la República aparece como un ejecutor del mandato constitucional, limitando su rol a desarrollar el proceso plebiscitario ciñéndose a las pautas fijadas por el constituyente, sin que corresponda al Ejecutivo asumir, en el ejercicio de la función pública, una posición sobre la materia sometida a decisión”.

Advirtió también que “el ordenamiento jurídico impone a los funcionarios públicos la obligación de desempeñar su cargo con estricto apego al principio de probidad administrativa, por lo que deben observar una conducta funcionaria intachable, con absoluta preeminencia del interés público por sobre los intereses particulares”.

En esa línea, el contralor Jorge Bermúdez subrayó en ese documento que existen conductas que infringen ese principio y pueden ser sancionadas incluso con la medida disciplinaria de destitución o de término de la relación laboral, como “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros beneficiando tendencias u opciones plebiscitarias”, y el “ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, tales como la participación en campañas o reuniones o proclamaciones de carácter político en relación con lo plebiscitado en esta ocasión”.

Es en esa misma línea que quedará delineado el nuevo instructivo que alista Contraloría, ahora para la votación de salida sobre el nuevo texto constitucional. Por lo mismo, la División Jurídica del organismo se está preparando el texto -que se conocerá en las próximas horas- que busca fijar los límites de las intervenciones públicas de las autoridades, sobre todo, a la luz de las últimas declaraciones.

La más reciente protagonizada por el delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, quien en una actividad en la comuna de Teodoro Schmidt planteó que “es importante ese plebiscito de salida, puede consagrar una Constitución en donde estén reconocidos los pueblos originarios y mapuche, y tiene relevancia para todo lo que se va a desarrollar bajo el gobierno del Presidente Boric”.

Agregó: “Tiene relevancia para que haya un Estado plurinacional que obligue a los parlamentarios, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a los órganos autónomos, a tener en cuenta que ya no es un Estado de Chile sin plurinacionalidad y sin pueblos y naciones con derechos garantizados, sino con ellos”.

El domingo, en tanto, la ministra Siches dijo a El Mercurio que “no nos corresponde ser neutrales en este proceso”.

Estas declaraciones motivaron a que un grupo de parlamentarios de Chile Vamos acudiera a Contraloría para pedir un pronunciamiento al respecto. Además, ingresaron varias denuncias de particulares por esto mismo y, dicen, quienes conocen estos procesos, que “no se puede mirar para el lado”, aunque señalan que en este caso en concreto solo se habría dicho cómo actuar y no se llamó a votar de una o determinada manera.

El propio Presidente Gabriel Boric se refirió al tema ayer, al término del consejo de gabinete que encabezó y al que también acudieron los jefes de los partidos oficialistas. “Nadie espera que quienes nos hemos jugamos tanto por el proceso constituyente no manifestemos, dentro de los marcos que impone la ley, una posición clara respecto del proceso. El gobierno tiene un deber de dar garantías a ambas posiciones de expresarse con total libertad y con igualdad de condiciones. Y por otro lado, cuando no se esté en cumplimiento de sus funciones, cada uno tiene derecho de manifestar su opción y su posición política al respecto”.

Es para zanjar bien y dejar claramente establecido el rol de los funcionarios públicos en estos casos que el contralor Jorge Bermúdez alista este nuevo instructivo.