Controversia por US$ 3.500 millones aterriza en Contraloría: billonaria transferencia de Corfo a Hacienda será revisada por Dorothy Pérez

Como una “polémica bastante artificial” calificó la mañana de este miércoles el ministro de Economía, Nicolás Grau, los cuestionamientos y reproches que ha recibido el gobierno por los billonarios traspasos que requirieron a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

Es que luego de que The Clinic diera a conocer que la mencionada entidad transfirió $3,4 billones tras un requerimiento del Ministerio de Hacienda en 2023, el Ejecutivo se ha llenado de críticas, lo que desencadenó que La Moneda saliera a intentar calmar las aguas y aplacar las recriminaciones.

Pese a ello, las explicaciones en torno a la materia no han sido suficientes para representantes de oposición, desde donde activaron acciones con miras a determinar si hubo o no irregularidades en ese proceso.

Durante la mañana, de hecho, Raimundo Palamara, presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana y otrora candidato a constituyente por el Partido Republicano, presentó una denuncia ante Contraloría y solicitó un pronunciamiento de la entidad.

“Vengo en realizar denuncia y solicitar un pronunciamiento jurídico, en virtud del traspaso por 3,5 billones de pesos aproximadamente realizados desde la Corporación de Fomento Productivo al Ministerio de Hacienda y sobre la abstención de un segundo traspaso de la misma Corporación al Ministerio aludido por 1,5 billones de pesos aproximadamente”, se lee en el escrito de dos carillas que pudo revisar La Tercera.

Se solicita, en ese sentido, que la Contraloría pueda abordar cuatro aspectos específicos:

1. La legalidad de la solicitud del primer traspaso.
2. Si dicho traspaso eran excedentes de Corfo.
3. Si Corfo es un servicio o institución con aporte fiscal.
4. Si Corfo, en la eventualidad que lo señalado haya sido legal, tenía la facultad para abstenerse de no otorgar los 1,5 billones de pesos en una segunda oportunidad por el Ministerio de Hacienda.

De igual forma, hacen presente que se requiere que el organismo encabezado por Dorothy Pérez manifieste si “corresponde o no iniciar un proceso sumarial, sin perjuicio de derivar los antecedentes al Ministerio Público ante eventuales hechos que pudieran configurar algún tipo de delito”.

Como explica Palamara en conversación con este medio, la acción ante Contraloría se da como antesala de una eventual acción judicial en tribunales, ya que estiman que lo que podría estar detrás de las transacciones es un eventual delito de malversación de caudales públicos.

“Cuando está en juego el patrimonio público, no se puede depender de lo que digan ciertos burócratas, sino que se debe actuar apegado a la ley”, manifestó el abogado.

Aseguró, de esta forma, que se debe aclarar si hay o no infracción, pues la millonaria transferencia se habría realizado conforme lo establecido en el artículo 29 bis del decreto ley 1263. Sin embargo, como explica, es esa misma disposición la que impide que esos traspasos se hagan desde servicios o instituciones que tengan algún aporte fiscal.

“El citado artículo señala claramente los requisitos para que se puedan hacer traspasos de fondos y, a nuestro juicios, esos requisitos en este caso puntual no se cumplen para formalizar las transferencias. Por lo mismo, Contraloría se debe pronunciar. No debemos perder el tiempo en comisiones, citaciones, sino derechamente que los organismos actúen a la brevedad”, sostuvo Palamara.

Y agregó: “Una vez que tengamos un pronunciamiento de la Contraloría, no descartamos interponer una denuncia o querella criminal por el delito eventual de malversación de caudales público, porque cuando existen fondos públicos que ya tienen un destino determinado, no se pueden distraer de cualquier manera, aunque sea por un fin prolijo”.

“Los dineros públicos se gastan según determina la ley y no está en manos de un burócrata eludir el cumplimiento de la ley”, sentenció.