Corre el tic-tac para el nuevo fiscal: Suprema envía oficio con quina y oficialismo busca nombramiento antes del martes

rios boric
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el Presidente de la República, Gabriel Boric.

A partir de hoy, el Presidente Boric tiene un plazo de 10 días corridos para proponer un nombre al Senado. Debido a que el Mandatario viaja a la cumbre Apec, en las fuerzas gubernamentales esperan que tome la decisión antes de emprender vuelo. Los fiscales José Morales y Carlos Palma y el penalista Ángel Valencia son los favoritos.


Esta mañana, la Corte Suprema envió al Presidente de la República, Gabriel Boric, el oficio con la propuesta de cinco nombres para nuevo fiscal nacional.

A partir de hoy, el Mandatario tiene un plazo de 10 días corridos, es decir, hasta el 21 de noviembre, para escoger a la persona que dirigirá por los próximos 8 años al Ministerio Público -institución clave para el combate de delincuencia-, proposición que, en todo caso, debe contar con el consentimiento de 33 senadores (dos tercios de la Sala).

Sin embargo, el próximo martes en la madrugada, Boric tiene contemplado emprender vuelo hacia Tailandia, donde participará de la Cumbre Apec.

Su regreso al país está previsto para el 20-21 de noviembre, que tal vez puede estar muy encima del límite legal para tomar una decisión. Además, una determinación cerca del plazo fatal (10 días corridos desde el oficio de la Suprema) corre el riesgo de toparse con el debate de la Ley de Presupuesto, que por lo general copa la agenda del Congreso.

Por ello, tentativamente en el gobierno creen que la próxima semana sería una ventana adecuada para que el Presidente envíe la propuesta de nuevo fiscal al Senado.

Esa idea es apoyada por los partidos oficialistas, donde prefieren que sea el propio Boric quien firme la proposición. En caso contrario, en ausencia del Mandatario por su viaje al exterior, sería la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en su calidad de vicepresidenta, la que tendría que firmar la propuesta.

Un senador oficialista menciona que este fin de semana continuarán las conversaciones para llegar a un nombre de consenso, idealmente el lunes, en vista del alto quórum que requiere de parte de la Cámara Alta.

La quina presentada por la Suprema contiene dos cartas favoritas: el fiscal de la zona Centro Norte, José Morales, y el abogado penalista Ángel Valencia. Ambos obtuvieron 17 preferencias de parte de los magistrados.

Sin embargo, dentro de los sondeos que realizó esta semana la ministra de Justicia, Marcela Ríos, hay una tercera carta con chances: el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien salió en cuarto lugar en la quina de la Suprema, con 7 votos.

Completamente descartados por los senadores figuran la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, y el abogado y académico Rodrigo Ríos.

A pesar de haber salido tercera, con 9 preferencias, a Herrera le pesa haber sido una colaboradora cercana del exfiscal Jorge Abbott, de quien existe una mala evaluación entre parlamentarios de lo que fue su paso por la entidad persecutora. Existe un criterio transversal entre senadores de que la persona que escoja Boric, no puede ser una carta de continuidad de Abbott.

El caso de Rodrigo Ríos es distinto. Además de ser el candidato de la quina que recibió menos preferencias de los ministros de la Suprema (3 votos), en su trayectoria profesional representó a un narcotraficante en un proceso de extradición, lo que es un antecedente lapidario para sus aspiraciones, según admiten senadores de distintas bancadas.

Actualmente todas las bancadas están divididas entre los tres favoritos (Morales, Valencia y Palma) y no se aprecia un alineamiento político claro por ninguno de ellos. En los sectores de izquierda, sin embargo, existen reparos al nombre de Morales.

El problema es que, a juicio de algunos senadores, ninguna de las cartas en juego tampoco cumple las expectativas del gobierno, cuya candidata para liderar al Ministerio Público era la secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo. Incluso, algunos legisladores de izquierda han deslizado la idea de que el Presidente defina un nombre no consensuado con el fin de buscar el rechazo por parte del Senado y así rehacer la quina.

Según la Constitución, “si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento”.

Esa idea, no obstante, es descartada en la oposición, en sectores no alineados, como la DC y el Partido Demócrata, y en el Socialismo Democrático.

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