Crece la polémica por licencias falsas: un centenar de funcionarios de la salud pública compraron permisos a médicos extranjeros expulsados de Chile

La controversia que rodea al Hospital San José, uno de los recintos asistenciales más grandes de la zona norte de la capital, sigue sumando capítulos. Y es que el pasado 30 de agosto el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) presentó una denuncia al Ministerio Público tras descubrir que algunos de los médicos ya condenados -y expulsados del país- por la comercialización de licencias falsas emitieron documentos para funcionarios que dependen de su red, mayoritariamente del San José.

Según los datos cruzados por los equipos de las subdirecciones de Gestión de Personas del SSMN y los hospitales a los que tuvo acceso La Tercera, al menos 14 profesionales otorgaron licencias médicas desde 2020 a 98 funcionarios del servicio, quienes acumularon 2.669 días de ausentismo entre sus 169 licencias otorgadas, las que corresponden a 7 años y 4 meses.

Y al desagregar por servicios, específicamente el Hospital San José es la institución que encabeza la lista de días por ausentismo, correspondientes a 1.753 y que involucra a 58 personas: 31 con contrato vigente con el SSMN y 27 a quienes ya se les canceló el contrato. Mientras que el resto de los funcionarios corresponde al Hospital de Niños Dr. Roberto del Río (15 personas), el Instituto Nacional del Cáncer (9 personas con contrato actual) y el Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz Barak (9 personas con contrato actual).

“Hemos presentado una denuncia a Fiscalía porque estamos hablando de los recursos del Estado que no son ilimitados y que deben ser usados correctamente para finalmente darle las prestaciones de salud a la población”, señala el director del SSMN, Antonio Infante, quien agrega que “es escandaloso que médicos otorguen licencias falsas, y es peor aún, que los solicitantes sean funcionarios de hospitales y servicios de Salud”.

Hoy por hoy, el SSMN está realizando un trabajo coordinado con los establecimientos y ante esto el director asegura que están “comprometidos como red en esclarecer y despejar los asuntos de probidad y administrativos, de modo que podamos realmente enfocarnos en mejorar la salud de la población, tanto en la Atención Primaria como en los hospitales”.

Lo anterior llega en medio de la publicación hecha por este mismo medio hace una semana, cuando se conoció que el mismo SSMN había detectado que 527 trabajadores de distintos hospitales bajo su administración habían solicitado permisos que superaban los 180 días de manera continua o discontinua, de los cuales el 82,5% (356 casos) correspondían exclusivamente al Hospital San José. Y que coincidentemente, una vez se supo que el tema se estaba investigando y con licencias enviadas a la Compin para ser evaluadas, 210 funcionarios regresaron inmediatamente a trabajar.

Para la exsubsecretaria de Salud durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y subdirectora del Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes, Lidia Amarales, es relevante el trabajo de fiscalización por parte del SSMN, puesto que demuestra que al menos esa parte del sistema está funcionando, aunque releva la gravedad del asunto por lo que, dice, se necesita mayor fiscalización y “sanción de control ético por parte del Colegio Médico”.

“Antes de la dictadura, el control ético del Colegio Médico tenía un rol importante frente a sus propios médicos, pero hoy ese rol que jugaba el Colmed, por ejemplo de poder quitar las licencias a las personas que ejercían la medicina frente a un hecho delictual, no existe. Tiene que haber más fiscalización, más sanción y el Estado y el sistema judicial tienen que dar las sanciones correspondientes para que este tipo de hechos delictuales no se produzcan”, agrega.

Por su lado, el exministro de Salud del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, ahonda en que lo expuesto en la investigación es un “llamado poderoso no solo a castigar a quienes cometen delitos y faltas”, sino también a repensar la estructura del beneficio de licencia médica, y que es algo que el gobierno debería proponer dentro de sus reformas en octubre próximo.

Y el experto explica su punto: “Demasiado de la cotización obligatoria de salud -hoy 70%- se derrocha en licencias médicas. Creo que aquí el mandato es revisar el beneficio y al menos hacer dos ajustes: el primero transferir desde los Compin toda la administración de licencias médicas a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso); y dos, generar un cambio en el beneficio de licencias médicas como ocurre en la mayoría de los países del mundo, en que esta repone solo el 70% de la remuneración efectiva de los trabajadores”.

Además de la acción judicial, el director del SSMN confirma que se abrirá un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas entre los funcionarios involucrados. “Es escandaloso que médicos otorguen licencias falsas, y es peor aún, que los solicitantes sean funcionarios de hospitales y Servicios de Salud”.

La diputada PPD y exministra de Salud durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, Helia Molina, recalca que con estos antecedentes se hace urgente y necesario agilizar la tramitación del proyecto sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, “con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas que llevamos votando hace semanas”.

Para Molina, “esta es la única manera de terminar con estas malas prácticas que perjudican a quienes realmente lo necesitan”. Además, la parlamentaria comenta que con estos antecedentes se hace necesaria la citación al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, además de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a la Comisión de Salud “para que se explique al país sobre estos graves casos y las acciones sancionatorias que llevaran a cabo desde el gobierno independiente de las acciones que determine la Fiscalía”.

La preocupación por el mal uso de licencias médicas ha incluso escalado al mundo académico. La profesora de la Universidad Diego Portales, Dennisse Brito, quien afirma que incluso este puede llegar a ser un problema de salud pública, “pues se produce una vulneración a los derechos de los pacientes y también un problema de sobrecarga a otros profesionales que son los que quedan, además de trabas al acceso de las personas que requieren de atención y de licencias reales”.

En cuanto a los médicos que emitieron las licencias, el Servicio realizó una clasificación según los días que otorgaron de descanso, pudiendo evidenciarse que los dos profesionales con más días prescritos acumulan el 35% (945 días de licencia emitidas). Se trató de Harinsson González, quien emitió 28 licencias que acumularon 479 días, y Yesica Donado, quien entregó 26 licencias por un total de 466 días.

En mayo de este año, Donado fue conocida por construir junto a su pareja, Samir Rivaldo -según Fiscalía- una verdadera mafia de licencias médicas fraudulentas que superó los $ 26 mil millones de fraude al Fisco.

González también había sido condenado por una situación similar, donde el Ministerio Público le ordenó junto a otras tres personas dejar el país.