Lo advirtieron la mayoría de los expertos que escucharon a lo largo de este último mes, en una serie de audiencias públicas: el Congreso había puesto en sus manos una tarea compleja. “No los envidio, les tocó tomar un fierro caliente”, les dijo el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Y fue conscientes de aquello, que los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) zanjaron el porcentaje en que se reducirá, desde agosto, la dieta de parlamentarios y las remuneraciones que perciben ministros y otras autoridades de la administración pública.

La ley que se reactivó tras el estallido social y que inicialmente proponía una rebaja transitoria de un 50%, terminó dejando bajo su mandato esa controvertida decisión, la que finalmente fijó -en una resolución dada a conocer este martes- en un 25% la rebaja para el salario de diputados, senadores y ministros; en un 10% en el caso del Presidente de la República, subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales y seremis; y en un 1% las remuneraciones del personal de confianza presidencial.

La compleja determinación tuvo a los consejeros Alejandro Weber (presidente), Bettina Horst, Cristina Orellana, Eduardo Riquelme y Eduardo Abarzúa, sesionando de forma extraordinaria durante varias horas este fin de semana, lo que incluso se extendió hasta hoy, minutos antes de que se diera a conocer el informe de 242 páginas en que se detallan los elementos que tuvieron en consideración y que van desde elementos técnicos a reflexiones políticas que develan los nudos que marcaron el proceso.

Un factor que cruzó la deliberación de los consejeros fue una de las tesis que primó durante la tramitación de la normativa que despachó el Congreso: que una disminución sustantiva en las remuneraciones, en algún grado, implicaría una “señal” a la ciudadanía por parte de una clase política deslegitimada.

Según el documento, en que se adjunta el acta de la sesión del 25 de junio, los consejeros abordaron ese punto y, en su mayoría, desecharon que la determinación del consejo pudiese solucionar la crisis de confianza en las instituciones políticas. Y, por lo mismo, apuntaron a que la determinación debía fundarse en argumentos técnicos y no discrecionales.

“La crisis de confianza en las instituciones es uno de los elementos que originan el mandato que recae en este consejo y agrega que la misma no se resuelve rebajando en forma radical las remuneraciones de las autoridades y que, por el contrario, esto generaría un daño irreparable a la modernización del Estado -fundamental en tiempos críticos como estos- y en la entrega de servicios fundamentales a los más vulnerables”, se detalla respecto de la intervención de Weber en dicha sesión.

Y, agrega, que dicha crisis “comenzará a resolverse por el ejercicio de liderazgos éticos y competentes en la función pública; la construcción de diálogos genuinos entre el Estado, las comunidades y la sociedad civil; la construcción de una mayor cohesión e integración social; la promoción del mérito y la entrega de real igualdad de oportunidades a la ciudadanía, especialmente los más vulnerables; por el recto funcionamiento de las instituciones y de quienes se desempeñan en ellas, en forma transparente e íntegra, y por el respeto irrestricto al Estado de Derecho y la libertad de las personas”. A su vez, Weber si bien reconoció que una rebaja mayor a un 25% podría “ser popular ante a ciudadanía”, llamó al consejo a actuar con “responsabilidad” ante los efectos que una decisión así podría implicar.

En la misma línea, Orellana sostuvo que “la rebaja no cambiará la lógica de la política” y agregó “que se debe optar por un monto que permita que parlamentarios e incluso ministros -quienes en el resto del mundo ganan más que los parlamentarios- tengan una remuneración razonable. Sostiene que considera que la determinación del porcentaje de rebaja debe ser técnica y políticamente responsable y adecuada y no debilitar la posición del consejo y de la Alta Dirección Pública ni ante la autoridad ni ante la ciudadanía. Agrega que la actividad política debe ser bien remunerada pero debe tenerse en consideración que no todas las retribuciones son de índole monetaria, sino que también existen otros beneficios de carácter no remuneracional”.

Una mirada distinta tuvo Abarzúa, el único consejero que no estuvo por rebajar un 25% y quien defendió hasta el final que el guarismo superara el 30%. “Debe darse una señal”, argumentó en esa oportunidad, agregando que “el monto que propone no debería afectar la calidad del capital humano que se atraiga ni que de ello se derive un deterioro del nivel de quienes se interesan por servir cargos de parlamentario o ministro de Estado”. En ese sentido, advirtió que “una reducción menos sustantiva se traducirá en que se perciba una colusión entre el consejo y la clase política, lo que podría impactar en la legitimidad de este cuerpo colegiado y de la Alta Dirección Pública”.

“En ese marco, he sostenido que lo que está en juego es una decisión política, cuyo debido cumplimiento, aun cuando se revista de criterios técnicos, exige adoptar una decisión que entregue una señal clara respecto a la desigualdad en el país y a los estándares que esperamos de nuestros representantes. Inscribiéndose nuestra decisión en un contexto de escrutinio público exigente, debemos ser cuidadosos del efecto en el rol y legitimidad del Sistema de Alta Dirección Pública y su consejo”, agregó.

Uno de los elementos que más complicó al consejo fue una norma que quedó en la ley y que establece que los ministros y parlamentarios debían ganar lo mismo. Dicha disposición terminó convirtiéndose en un nudo de las deliberaciones de la instancia, en vista de que los consejeros se mostraron partidarios de que los secretarios de Estados debían ganar más que los senadores y diputados, tanto por la entidad del cargo como las responsabilidades políticas que les pueden ser atribuidas.

Así, desde el CADP recomendaron en su informe eliminar dicha equivalencia de sueldos, pese a que la ley les impidió pronunciarse diferenciadamente.

“Se debe considerar que la reforma constitucional mantuvo la igualdad entre la remuneración de parlamentarios y ministros, por lo que el consejo ADP no pudo establecer una rebaja diferenciada para ambas autoridades. A partir del análisis desarrollado y la evidencia acumulada, el consejo ADP considera que la rebaja de los ministros de Estado debía ser menor que la de los parlamentarios”, se sostiene en el informe.

En ese sentido, los consejeros subrayaron que en la “experiencia internacional, de los 37 países analizados, en 26 de ellos los ministros ganan más que los parlamentarios y, en los países de la OCDE, su remuneración es un 41% superior en promedio que las dietas parlamentarias. A esto se suma la responsabilidad personal y política que establece la ley en el ejercicio del cargo, la dedicación exclusiva de sus funciones y la volatilidad del cargo”.

El tema, además, generaba una complicación dado que la decisión del consejo debía guiarse por la Escala Única de Sueldos de la administración pública, la que se funda en el principio de jerarquía, es decir, en que ningún superior puede ganar menos que un subordinado, lo que según reconoció el propio organismo no está garantizado con la reducción del 25%. “La rebaja de las remuneraciones de los ministros de Estado, en el porcentaje señalado, puede significar que autoridades de inferior grado terminen percibiendo una remuneración más alta”, se lee en el informe.

A propósito de esa misma complicación, es que los consejeros optaron por no tomarse el nuevo plazo de 60 días que les daba la ley para definir el guarismo de rebaja para el resto de las autoridades que contempla la normativa, entre ellas, el Presidente de la República.

Las razones, según constan en el informe, son dos. En primer lugar, los miembros del consejo consideraron que se debían analizar todas las rebajas de forma “sistémica”, considerando la estructura del Estado. Y, además, debido a que los consejeros sostuvieron que se debía actuar con “celeridad”, de forma que estén las condiciones para que se pueda constituir a la brevedad el ente autónomo que asumirá el mandato de forma permanente.

Fue el propio presidente de la instancia, Alejandro Weber, que en la sesión del 25 de junio advirtió que la transitoriedad de la rebaja propuesta por el consejo podría “no ser tal”. Esto, debido a que la comisión permanente -que se debe conformar luego de que se tramite una ley que regule ese organismo- tiene un plazo hasta el 11 de septiembre de este año para alcanzar una decisión.

Ese plazo -18 meses antes de la elección presidencial- podría provocar que la decisión del CADP sea la que regule las dietas de los parlamentarios y otras autoridades por un periodo de cuatro años, situación que ya había sido advertida por algunos de los invitados y también por los propios parlamentarios.

“La supuesta transitoriedad de la decisión del consejo no es tal, pues dada la improbable aprobación de la ley orgánica constitucional que regula la comisión que se hará cargo en forma permanente de la determinación de remuneraciones de autoridades, asigna una alta probabilidad que lo que el consejo acuerde se aplicará a Parlamentarios y autoridades que ejercerán en el próximo período presidencial. Esto, porque la nueva Comisión debe fijar las dietas y remuneraciones con al menos dieciocho meses de antelación al término del respectivo gobierno, lo que, en el caso del actual periodo presidencial se cumple el 11 de septiembre de 2020”, expuso Weber, según el acta de esas sesiones.

Un listado de siete recomendaciones para el futuro de la regulación de las dietas parlamentarias y de altas autoridades anexó el CADP. Siguiendo algunos de los consejos que entregaron los expertos invitados a las audiencias previas, desde el consejo entregaron posibles caminos para avanzar en esa dirección.

En ese sentido, desde el consejo se recomendó hacer una diferenciación por ley entre los cargos de “confianza política” y de “gerencia pública”, con el fin de poder separar las escalas de remuneraciones entre esos puestos. Además, se sugirió que se revisen las asignaciones parlamentarias -ítems que no se incluían en esta normativa- y las asesorías en el Congreso y en el Ejecutivo.

Otro punto que se permitieron nombrar fue la posibilidad de que se declare la dedicación exclusiva para la labor parlamentaria, tema que se abordó durante las audiencias con los expertos, quienes sostuvieron que esta práctica reduciría las posibilidades de corrupción de las autoridades. Además, una de las recomendaciones principales fue que se elimine la equivalencia entre los sueldos de ministros de Estado y de los parlamentarios.

Sin embargo, en el informe los consejeros dieron algunas advertencias y deslizaron críticas a la ley que aprobó el Congreso. Una de esas fue respecto de que el mandato daba poco tiempo para regular los cargos de confianza en toda su extensión. “Rebajar sus remuneraciones es una tarea de tal envergadura y complejidad que demanda un análisis técnico especializado, de largo aliento, imposible de abordar adecuadamente dentro del plazo señalado por la ley en su artículo transitorio, pero razonable en el régimen permanente que corresponderá conducir a la comisión externa”, se lee en el documento.