Una reunión de emergencia lideró el jueves, pasadas las 19 horas, en La Moneda la ministra del Interior, Izkia Siches.

La secretaria de Estado analizó junto a sus principales asesores -entre otros su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte- salidas a la compleja crisis que se había desatado horas antes, cuando por un error de la División Jurídica -dependiente de su cartera- el gobierno quedó fuera del emblemático caso Huracán, en el que se acusa a funcionarios de Carabineros de implantar pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuches de actos terroristas.

Tras la cita, la decisión fue clara: remover a la directora de esa división, la abogada independiente Camila Barros (37). Si bien la jurista no saldría -por ahora- del ministerio y sería reubicada en sus funciones, el próximo lunes, en su reemplazo asumirá en el cargo la abogada penalista Luppy Aguirre.

El hito era grave y así lo entendía Siches y también el Presidente Gabriel Boric. En horas de la tarde de ayer él mismo reveló que tomó contacto con la secretaria de Estado para tratar el tema. Quienes conocieron del intercambio entre ambos aseguran que el tono del Mandatario apuntó a entender la cadena de sucesos que terminaron con una grave equivocación de esa naturaleza. Él mismo advirtió públicamente -en una actividad en Viña del Mar- que era una situación “inaceptable” y que debían perseguirse responsabilidades.

“(Se deben) agotar todas las instancias jurídicas. Entiendo que está la posibilidad de la apelación. Ahora, las características de este error -desde mi punto de vista- son inaceptables y por supuesto que tiene que haber responsabilidades, lo voy a conversar con la ministra para evaluar dónde se cometió ese error, entiendo que es anterior, que venía hace un tiempo ya. Y van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas”.

Boric, además, agregó ayer que “esto pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución. Y nosotros necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para combatir el crimen y el delito. Esto es totalmente relevante y no vamos a cejar en perseguir a los responsables”.

Sus dichos se dieron a solo horas de que la coordinadora del área penal, Javiera Corvalán, fuera notificada del fallo de la Corte de Temuco, en que se declaraba inadmisible un recurso de apelación, dejando así al Ejecutivo fuera del caso. Esto, luego de que a mediados de mayo la magistrada Marcia Castillo decidiera excluir al gobierno como querellante por no corregir vicios formales de su acusación.

La polémica complica nuevamente a la titular de Interior, quien ha tenido que reestructurar sus equipos tras los errores que ha protagonizado desde que asumió el cargo. La entrega de información falsa a la Cámara de Diputados, donde acusó al gobierno anterior de ocultar el retorno de un avión con migrantes expulsados, la obligó a remover a su exjefe de gabinete Roberto Estay, y a reforzar sus equipos con militantes de partidos oficialistas, como Víctor Ramos (CS).

Siches -tras reunirse con la Asociación Chilena de Municipalidades- abordó el tema y, junto con acusar intentos por excluir al gobierno de la causa, anunció los cambios al equipo jurídico.

“Quiero transmitirle al país que este (Huracán) es un caso de la máxima relevancia para nuestro gobierno (…). Nos ha llamado la atención cómo la preparación del juicio oral ya lleva más de dos años y medio, cómo una de las audiencias lleva más de un año, y es por eso que una de las primeras acciones que hicimos como gobierno en marzo de este año fue presentar una queja disciplinaria frente a cómo ha sido el curso de este proceso”, dijo la ministra.

“Así también, como Ministerio del Interior somos parte querellante y hemos estado insistiendo y persistiendo, a pesar de que tanto la defensa como los distintos procesos de forma reiterada han intentado excluirnos como parte activa de esta investigación. Y no solo a nosotros. También al CDE y al INDH. Pero quiero manifestar que vamos a persistir e insistir, y agotar todas las instancias que estén a nuestro alcance, para seguir siendo parte querellante como Ministerio del Interior. También observaremos como gobierno que este juicio pueda llevarse en los tiempos prudentes que requiere una investigación de tal relevancia”, advirtió.

“Más allá de este caso en particular, quiero aprovechar también esta instancia para comunicar que desde hace un tiempo a esta parte como Ministerio del Interior hemos estado reforzando los equipos. Y es así como tomamos la decisión de reforzar también nuestro equipo de la División Jurídica. Desde el lunes asume la jefatura de la división la abogada penalista Luppy Aguirre, con amplia experiencia, que vendrá a reforzar el trabajo que realizamos”, agregó.

“Más allá de este caso en particular, quiero aprovechar también esta instancia para comunicar que desde hace un tiempo a esta parte como Ministerio del Interior hemos estado reforzando los equipos. Y es así como tomamos la decisión de reforzar también nuestro equipo de la División Jurídica. Desde el lunes asume la jefatura de la división la abogada penalista Luppy Aguirre, con amplia experiencia, que vendrá a reforzar el trabajo que realizamos”, agregó.

Aguirre es abogada coordinadora de la Unidad de Litigio Penal del Consejo de Defensa del Estado, organismo donde se desempeña desde 1994, desde donde participa en los juicios más importantes en que interviene el Fisco en el ámbito penal. Se desempeñó en emblemáticos casos de corrupción, como Penta, SQM y Corpesca, y es una de las profesionales más experimentadas en el organismo.

Como funcionaria de planta del CDE, hará uso de la autorización que le otorga la letra e del Artículo 87 del Estatuto Administrativo, que señala que sus funciones son compatibles “con los cargos que tengan la calidad de exclusiva confianza y con aquellos cuyo nombramiento sea por plazos legalmente determinados”. En ese sentido, su cupo en el organismo quedará “reservado”, no debiendo renunciar ni tramitar una comisión de servicio.

Camila Barros ingresó al gobierno de Gabriel Boric el 11 de marzo, como directora de la División Jurídica, la cual integró para el segundo gobierno de Michelle Bachelet cuando ésta fue liderada por Luis Correa Bluas, y trabajó ahí incluso hasta bien avanzada la segunda administración de Sebastián Piñera.

La instalación del nuevo equipo de la división jurídica no ha sido calma.

El debut de la abogada egresada de la Universidad Diego Portales estuvo marcado por el retiro de las 139 querellas presentadas en el marco de causas abiertas tras el estallido social, en las cuales el gobierno había invocado la Ley de Seguridad del Estado. Era una de las promesas prioritarias del nuevo gobierno. A la hora de almuerzo del mismo 11 de marzo, día en que Boric fue investido como Presidente, Barros llegó a las oficinas de Teatinos 72 –donde opera la división- y dio la orden de que nadie saliera del recinto hasta que se revisara cada una de las querellas, se prepararan los escritos y se ingresaran al tribunal. Finalmente, el retiro de estas querellas como primer “gesto” a los presos del estallido no liberó a nadie.

Casi un mes después de su instalación, gran parte del equipo de abogados que existía hasta ese momento cambió. La salida que más llamó la atención entre los funcionarios del Ministerio del Interior fue la de Carlos Flores, abogado que encabezaba la unidad judicial y se desempeñaba en la cartera desde 2004. Con ello se tuvo que buscar otros nombres para llenar los cupos vacantes, en su mayoría profesionales jóvenes. En su reemplazo llegó Corvalán y otros profesionales: Pedro Vidal, Paula Astudillo, Sofía Wilson, Fernando Guerra y Samuel Malamud.

En La Araucanía también hubo movimientos clave. Sergio Arévalo, el abogado que representaba al Ministerio del Interior en La Araucanía desde 2018, fue despedido. El profesional estaba bajo la figura de contrato a honorarios, y era uno de los profesionales encargados de la redacción e interposición de querellas por violencia rural en la zona. Los despidos provocaron que un grupo de exprofesionales presentaran ante la justicia laboral una acción indemnizatoria acusando razones políticas para sus salidas.

“La división jurídica del Ministerio del Interior tiene una importancia especial respecto de otros ministerios, su función no se restringe a asesorar jurídicamente a las autoridades del Ministerio, sino que además son los abogados que litigan penalmente en aquellas causas en las que, por su relevancia social, el Ministerio es querellante y acciona penalmente”, asegura el exsubsecretario de Interior Juan Francisco Galli. “Es por eso que los abogados que se desempeñaban en esa división tenían años de experiencia en litigación, conocían en detalle juicios de alto perfil público como los casos de atentados con bombas, las querellas por ley antiterrorista y ley de Seguridad del Estado, y eran parte de una política de Estado que no cambiaba de un gobierno a otro (...) Lamentablemente, parece no tenerse conciencia de la relevancia de la División Jurídica de Interior y ahora están viendo las consecuencias de privarse de herramientas útiles para enfrentar la violencia”, agrega.