Crispi, Dominga y Monsalve: los pronunciamientos de Dorothy Pérez que La Moneda aguarda con especial inquietud en enero

Enero. Ese es el plazo que se fijó la contralora general de la República, Dorothy Pérez, para responderle a la comisión investigadora por el caso de Manuel Monsalve -que preside Miguel Mellado (RN)- si es válido o no que el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, se haya amparado en el carácter “privado” de sus conversaciones con el Presidente Gabriel Boric para evitar responder las preguntas de la instancia fiscalizadora de la Cámara.

Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, asistió a la comisión el 2 de diciembre junto al jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, y la jefa de gabinete del Ministerio del Interior, Pía Mundaca. Allí el exparlamentario insistió varias veces en que no podía detallar cuál fue la asesoría que le hizo al Presidente sobre la salida del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, después de que se enteraron de que había una denuncia por violación en su contra.

Sus evasivas generaron la molestia transversal de los parlamentarios de la comisión, que optaron por llevar la polémica hasta el despacho de Dorothy Pérez, quien se reunió con Mellado hace unas semanas para conversar sobre la situación.

En principio, el presidente de la comisión investigadora le pidió una respuesta antes del 6 de enero, un plazo con el que Pérez evitó comprometerse. Sin embargo, la contralora designada bajo el gobierno de Boric sí dio luces de que la respuesta estará en enero, “antes de que termine la comisión”, dice Mellado a La Tercera.

La instancia tiene todo enero para sesionar -con una eventual prórroga para las primeras semanas de marzo, cuando retornen de las vacaciones de febrero- y en La Moneda saben que, dependiendo de la respuesta que le entregue Pérez a la Cámara de Diputados, Miguel Crispi podría volver a desfilar por los pasillos del Congreso.

“Le pedimos que ojalá pudiera ser el día 6, nos dijo que estaban trabajando profundamente en el tema y que trabajará pensando sacarlo antes de que termine la comisión”, dice Mellado, a lo que suma que “estamos esperando eso para volver a citar a Miguel Crispi”.

La respuesta de Pérez sobre este caso no es la única que esperan atentamente en La Moneda, pues hay otras solicitudes que han surgido desde el mismo gobierno sobre las que también existe inquietud.

Formalmente, dicen en Palacio, la relación con Pérez es abordada formalmente a través de la Segpres, a cargo del ministro Álvaro Elizalde, aunque cada ministerio, agregan, tiene su interlocución propia.

El gobierno cerró el 2024 y comenzó el 2025 con la polémica por el cumplimiento del fallo que anuló el rechazó al permiso ambiental de Minera Dominga por parte del Comité de Ministros -encargados de revisar temas ambientales- y que revivió el proyecto que impulsa Andes Iron, firma ligada a la familia Délano.

Con eso el gobierno de Boric debía armar una nueva composición del Comité de Ministros, ya que los titulares -presididos por Maisa Rojas, de Medio Ambiente- se inhabilitaron para “dar garantías de imparcialidad dado que ya se habían pronunciado en ocasiones anteriores”.

Esto ocurrió el pasado 23 de diciembre. El problema es que para un nuevo pronunciamiento de la instancia el Ejecutivo optó por esperar una respuesta de la Contraloría para saber cómo se debe integrar el nuevo Comité de Ministros.

De ello dio cuenta el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien planteó este jueves que “sin definir quien es el presidente de ese comité no es posible tomar una decisión. Lo que hemos hecho es cumplir el fallo y hacer las consultas. Los pasos a seguir dependen mucho de lo que vaya a señalar la Contraloría, y el resultado de los distintos procedimientos judiciales que siguen en curso. (...) La posibilidad de repetir esa votación pasa por saber cómo se conforma el comité; mientras eso no lo sepamos no se puede repetir la votación”.

La polémica ha generado inquietud dentro del mismo oficialismo, donde el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) comentó a Tele13 Radio que esperaba una mejor comunicación sobre el tema de parte del Ejecutivo. Frente a sus dudas, Grau contestó que “siempre las cosas se pueden hacer mejor y nosotros somos muy receptivos a todas las críticas cuando son constructivas, como en el caso de lo que plantea el senador Lagos Weber”.

Pero en Palacio también miran atentamente lo que ocurrirá con el sumario administrativo que encabeza la Contraloría con el que se busca dilucidar las eventuales responsabilidades administrativas en la Subsecretaría del Interior a raíz del caso Monsalve.

En La Moneda consideran que esta indagatoria será extensa y que no concluirá a la brevedad. Un símil que suelen mencionar en el gobierno es el sumario administrativo que impulsó el Ministerio del Trabajo para investigar las denuncias por acoso contra el exsubsecretario de Previsión Social Christian Larraín, quien salió del gobierno en mayo de 2023. Este caso, sin embargo, aún no ha concluido.

El escándalo que se armó en torno a la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior llevó al gobierno de Boric a dejar la investigación sumaria en manos de un ente externo al Ejecutivo, luego de que se evaluara designar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional o a la de Minería como los encargados de indagar en el caso.

Así, fue el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien se contactó con Pérez para solicitar formalmente que fueran ellos quienes tomaran la investigación interna, donde se espera despejar, entre otras cosas, si el uso de gastos reservados por parte de Monsalve fue sujeto al reglamento o no.

En Justicia, en tanto, también esperan atentos lo que pueda decir el órgano contralor respecto al trato suscrito por la cartera para el desarrollo de una plataforma informática vinculada con el Plan Nacional de Búsqueda.

Es que si bien dicha iniciativa había sido incluida en los planes a fiscalizar por Contraloría en el marco de su planificación de auditorías anuales, una denuncia ingresada por parlamentarios de la UDI apuró el asunto, pidiendo al organismo pronunciarse sobre la legalidad del mencionado y millonario desembolso.

Lo anterior, como indicaron los congresistas, por el elevado costo que tuvo el contrato y, también, porque uno de los socios y actual director del área Data Science de la empresa beneficiada, Unholster, es Cristóbal Huneeus, quien a la vez es uno de los asesores técnicos que colaboran con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

“Como bancada UDI hemos decidido presentar los antecedentes ante la Contraloría General de la República, para que sean ellos quienes determinen si se ajusta o no a derecho la contratación de esta empresa. Aquí no solo se le entregó un millonario contrato a una compañía que está ligada a uno de los principales asesores previsionales de la ministra Jara, sino que además se realizó de manera directa, sin ninguna licitación de por medio”, manifestaron los diputados gremialistas.

Hasta ahora, eso sí, no ha habido novedades al respecto, por lo que en La Moneda esperan que ojalá el punto pueda ser despejado lo antes posible.