Crispi, pensiones e isapres: los flancos que enredan a los ministros Cordero, Jara y Aguilera y que los tienen dando explicaciones

“La política a veces permite soluciones más flexibles”. Eran cerca de las 21.00 de este martes y la jornada ya estaba terminando cuando el ministro de Justicia, Luis Cordero, asumió, en parte, el fracaso de la tesis con la que se defendió la inasistencia de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso, a la comisión investigadora de la Cámara que investiga responsabilidades por el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

La idea original se centró en que Crispi estaba contratado bajo la modalidad de honorarios en el gobierno, lo que no lo obligaba a asistir a comisiones en caso de ser citado. Luego, se defendió que el jefe del Segundo Piso era un funcionario de Presidencia, en donde hay “un estatuto jurídico distinto”. Ambos argumentos fueron refutados por el contralor Jorge Bermúdez, lo que abrió un flanco para el gobierno y obligó a cambiar la estrategia. Así, el ministro Cordero finalmente indicó que lo que correspondía es que Crispi acudiera a la comisión en calidad de exsubdere.

“He aprendido en este tiempo, y en este cargo, que la política y el derecho tienen en común la incertidumbre y el desacuerdo. Ambas tienen que gestionar la incertidumbre y el desacuerdo, pero la política a veces permite soluciones más flexibles y el derecho soluciones más rígidas. Me parece que lo relevante es la decisión de Miguel Crispi de quedar a disposición de la comisión, permite una solución práctica para abordar adecuadamente la inquietud que tiene la comisión”, agregó en su vocería el titular de Justicia.

Horas antes, La Tercera dio cuenta del giro de La Moneda y, más tarde, el propio Crispi, uno de los personeros más cercanos al Presidente Gabriel Boric dentro del gobierno, confirmó el vuelco en el diseño del Ejecutivo, por medio de una carta enviada por correo a la comisión investigadora. Allí, el fundador de RD transmitió que “vengo a manifestar mi disponibilidad para asistir”, recalcando que sería en su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional.

Así, si bien en La Moneda cedieron para que el militante de RD concurra a la comisión -quien además se resistía a la idea-, mantienen la postura de que lo haga solo en su calidad de subdere y no como asesor de la Presidencia. De concurrir en la segunda categoría, creen en Palacio, se abriría un flanco insospechado no solo para esta administración, sino que también para los futuros gobiernos debido a que quedarían expuestos asesores que son de la máxima confianza del Mandatario de turno.

Por lo mismo, quieren evitar un dictamen de la Contraloría que apunte en esa línea.

“Lo que ha existido es una legítima discrepancia y un desacuerdo jurídico sobre lo que aquí ha sucedido, y creo que lo que se ha hecho es una aproximación más bien práctica y creo que, además, permite contribuir razonablemente a abordar los objetivos de la comisión sin ningún tipo de suspicacia”, complementó Cordero.

La Moneda ahora debe responder el escrito que le pidió la Contraloría -cuyo plazo vence el próximo martes-, en el cual deben argumentar las razones por las cuales habían esgrimido que Crispi no debía asistir al Congreso, y luego el organismo fiscalizador tiene que tomar la decisión si va a emitir o no un dictamen al respecto.

Bermúdez indicó ayer que, en caso de que Crispi asista a la instancia fiscalizadora, no sería necesario el pronunciamiento. Sin embargo, eso generó malestar en la oposición, desde donde presionan para que emita, de todas formas, un dictamen. Por lo mismo, algunos en ese sector tienen dudas sobre si extender o no por tercera vez una invitación al Congreso al jefe de los asesores de La Moneda. Esto, con el objetivo de forzar que la Contraloría marque jurisprudencia en la materia.

Si lo convocan o no, en todo caso, será algo que la comisión investigadora resolverá el lunes.

En el Ejecutivo, por otro lado, apuestan a que con la voluntad expresada de Crispi de asistir sea suficiente para que el contralor desista de realizar un dictamen sobre el tema. No obstante, eso -creen algunos abogados- no despeja la duda sobre si los jefes de asesores (y personas contratadas a honorarios) tienen o no la obligación de acudir a esas instancias, ya que el gobierno accedió a que el militante de RD fuera, pero en su calidad de exsubsecretario.

Por lo mismo, en el oficialismo advierten que el tema aún no está cerrado y que el éxito o fracaso de la nueva estrategia de Cordero dependerá de si el contralor decide o no emitir un dictamen.

En el gobierno, además, vieron con buenos ojos las declaraciones de Cristián Larroulet -exjefe del Segundo Piso durante el gobierno de Sebastián Piñera-, quien, en entrevista con radio Infinita, compartió el análisis de Cordero.

En “la Presidencia hay que cuidar ciertas obligaciones de responsabilidad y privacidad que debe el jefe del Segundo Piso con la institución”, dijo, agregando que “el actual jefe del Segundo Piso fue subsecretario. Ese es el punto que hace la diferencia. Él, en esa calidad, tiene la obligación de ir a la comisión investigadora”.

El propio ministro fue consultado ayer sobre si el gobierno se pudo evitar un problema desde el principio con la asistencia de Crispi, a lo que respondió: “Después cada uno hará sus evaluaciones” e insistió en que “hay veces en que la política permite resoluciones más oportunas y prácticas que el derecho”.

El tema, en todo caso, significó un golpe para Cordero -quien goza de buena evaluación ciudadana y ha ejercido el rol de contener varias de las crisis del Ejecutivo, entre ellas, indultos- debido a que recibió cuestionamientos desde el propio oficialismo.

El expresidente de la Cámara e integrante de la comisión investigadora Raúl Soto (PPD) aseguró que “está fallando el equipo político del gobierno (...). Acá se optó de forma tozuda por una tesis que puede ser jurídicamente correcta o al menos discutible, pero que desde la perspectiva política era un error garrafal por donde se le mire”. A su vez, agregó que “no fue una decisión política, fue una decisión y estrategia jurídica carente de perspectiva política, que defendió primero Carolina Tohá (vicepresidenta), luego Jeannette Jara y finalmente Cordero. Los tres terminan siendo afectados”.

Marcos Ilabaca (PS), también integrante de la comisión, manifestó a La Tercera que “lo que hoy hace Miguel Crispi es una cuota de realismo. Lo cierto es que el error asumido por La Moneda en términos de defensa corporativa y tratar de evadir su asistencia a la comisión fue un error desde un comienzo. Fue trasladar algo que no era un problema a un problema en el corazón de La Moneda (...). Nunca se tuvo que haber armado este problema, lo crearon ellos con una decisión errónea”.

Por su parte, la diputada Mercedes Bulnes (FA) -también integrante de la comisión- dijo a este medio que comparte la opinión jurídica que defendió Cordero y que “la comparecencia o no de Crispi se tornó en una cuestión política que es bueno haber zanjado”.

Pero el flanco que abrió la inasistencia de Miguel Crispi no fue la única situación que ha marcado la semana en el gobierno. Mientras el Presidente Boric y siete de sus ministros -entre ellos la Segegob, Camila Vallejo- están en China, la vocera (s) y titular del Trabajo, Jeannette Jara, confirmó lo publicado por Pulso el domingo, que daba cuenta de que se postergaría la tramitación de la reforma de pensiones para después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

El lunes, en Radio Duna, Jara tuvo que salir al paso de la situación. “La verdad es que pensé que estaban todos plenamente informados, así que hago una autocrítica en ese sentido. No solo no tengo problema en reconocerlo, sino que me hago cargo y responsable de ello. Voy a reunirme hoy día con todos los que pueda”, planteó.

“Llevamos 11 meses tramitando la reforma. Varias veces señalamos que era importante llegar a un acuerdo antes de la campaña del plebiscito. Es positiva la reacción de algunos que han dicho que quieren que esto avance ya. El único tema, y el tema de fondo, es que si ingresamos las indicaciones se van a aprobar o se van a ingresar para que sigamos polarizando la discusión. Esa es la evaluación que vamos a hacer en estos días. Vamos a conversar con los parlamentarios. Es evidente que queremos que el proyecto salga. Todas las decisiones han sido para resolver de la mejor manera, no obstaculizar, que es lo que nos ha pasado con la oposición. Han sido intransigentes”, agregó la ministra del Trabajo.

Las reuniones con parlamentarios que plantea Jara se intensificaron este martes en el Congreso, en donde se le vio en encuentros con dirigentes políticos oficialistas y de oposición. Conocedores de estas pláticas dan cuenta de que la ministra fue en una actitud de “escucha” sobre el tema previsional.

Algunos plantearon la idea de que el gobierno adopte un nuevo vuelco, esta vez en la agenda que encabeza Jeannette Jara, y así retomar la tramitación de la reforma previsional antes del plebiscito de diciembre. Esta idea también sería reforzado en el almuerzo que sostendrá la ministra con la bancada parlamentaria del Partido Socialista.

Frente a las presiones, la ministra Jara abrió la puerta al posible giro. “La reforma (previsional) requiere un acuerdo para poder tramitarse. Si eso se produce de mejor forma después del plebiscito, porque hay un mejor clima político, bien. Si eso se produce antes del plebiscito, porque resulta que ahora, después de 10 meses, si hay voluntad de legislar, sería estupenda noticia. Pero la reforma no se ha congelado”, manifestó la titular del Trabajo este miércoles, tras un desayuno y conversatorio con adultos mayores de Pudahuel.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Juan Santana (PS), mencionó a La Tercera que “no comparto la decisión que se ha tomado porque ya se va a cumplir un año desde que ingresó esta reforma a la Cámara. Se han presentado una serie de argumentos y tramitaciones para dilatar y me parece que lo que nos corresponde es enfrentar esta discusión y obligar a que los distintos partidos y parlamentarios tomen una postura”.

Por su parte, el expresidente de la instancia, y timonel de la DC, Alberto Undurraga, dijo que “le hemos señalado al gobierno que es un error postergar la discusión de la reforma de pensiones. Los gobiernos cortos -de 4 años- no pueden permitirse esperas largas. Creemos que el camino es que el gobierno presente las indicaciones y a partir de ellas se construya un acuerdo en el Congreso de cuanto vaya a solidaridad para mejorar las actuales pensiones y cuánto a cuenta individuales para mejorar las futuras pensiones”.

En el oficialismo también cuestionan en privado a Jara -quien también era de las ministras mejor evaluadas, según la encuesta Cadem, cuya aprobación ha ido a la baja- por no haber socializado la idea con los partidos, ya que muchos -acusan- se enteraron por la prensa.

En medio de los problemas que enfrenta el gabinete, el gobierno también tiene un ojo puesto en lo que pasará con la ley corta de isapres y la implementación del fallo de la Corte Suprema, por la deuda con los cotizantes que la Superintendencia de Salud fijó en $US 1.400 millones. Este asunto tiene hoy en una delicada situación a la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

La línea por la que avanza la titular del Minsal se complejizó luego de que parlamentarios oficialistas consideraran como un “perdonazo” el informe de la Comisión de Salud del Senado, que reajustó la deuda en US$ 451 millones.

El plazo para presentar indicaciones a dicho informe tenía como fecha de vencimiento original este 20 de octubre. Aguilera, sin embargo, solicitó una extensión de dicho período, lo que fue aprobado este lunes por hasta dos semanas más respecto del día de prescripción inicial.

Esto, trasciende en el oficialismo, porque dentro del gobierno aún no han podido conversar de forma detallada el asunto. De hecho, hasta el término de la semana pasada aún no se había debatido de manera interministerial, sino que la discusión estaba radicada en los equipos técnicos del Minsal. Por ello, la presencia de Boric y Vallejo desde su viaje a China permitirá que se retomen los comités políticos, instancias en donde se analiza la agenda del Ejecutivo.