“Crítica gratuita”: mesa de la Cámara transmite “incomodidad” al gobierno por dichos de Orellana sobre supuesto silencio ante denuncias de índole sexual

“Se nos acusa de doble estándar, cuando los hechos de la gestión del ministerio muestran todo lo contrario. Sí podríamos hablar del estándar de quienes, teniendo a un compañero de trabajo imputado por abuso sexual infantil reiterado, no han dicho una palabra... No se dijo nada, tampoco en esta sala, que me acusa de tener doble estándar, cuando un diputado, vulnerando el secreto de sumario, se defendió de una acusación de acoso sexual también entregando la identidad de la denunciante”.

Esas fueron las palabras, el martes de la semana pasada, de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio), en una sesión especial de la Cámara para abordar las actuaciones del gobierno ante la denuncia por violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve.

A pesar de que ha pasado más de una semana de aquella encendida intervención, una suerte de “yo acuso”, las secuelas políticas recién están saliendo a la luz.

De hecho, este martes, en la habitual reunión de coordinación entre el equipo de la Secretaría General de la Presidencia con las autoridades de la Cámara -en la que también participan algunos representantes de bancadas oficialistas-, se transmitió al Ejecutivo la “incomodidad” que generaron aquellas palabras, que independiente de apuntar a dos legisladores, en particular, también hacían un reproche a toda la corporación de supuestamente guardar silencio ante estos casos.

En la cita estaban presentes el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS) y la subsecretaria Macarena Lobos, quienes tomaron nota de las observaciones planteadas por la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), y su vicepresidente, Eric Aedo (DC), a los dichos de Orellana.

Aunque el recado que se transmitió al gobierno no era una queja formal, ya que la postura oficial aún no ha sido acordada por la sala o los jefes de bancadas, esa suerte de reclamo informal era compartido por algunos referentes de cada sector político. Y es probable que en los próximos días se materialice una resolución oficial de la Cámara contra las aseveraciones de Orellana, ya que ella incurrió en algunas imprecisiones.

Consultado por los dichos de Orellana, el vicepresidente de la Cámara sinceró su disgusto. “Me parecen críticas bastante injustificadas. La Cámara de Diputados tiene un protocolo en el caso de acoso, de abusos o de denuncias de esta naturaleza. De hecho, se han activado cada vez que ha sido necesario. Así que a mí me parece que es una crítica bastante gratuita la que hace el gobierno. ¿A mí me gustaría preguntarle al gobierno si ellos activaron sus protocolos en el marco de las acusaciones que presentó una funcionaria de La Moneda en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve?”, remarcó Aedo (DC).

Precisamente lo que más molestó a algunos diputados es que Orellana apuntara a todos de hacer vista gorda, en circunstancias que la Cámara ha investigado las denuncias cuando se trata de personal parlamentario. Además, se han tomado medidas contra legisladores que enfrentan juicios por hechos antiguos y ocurridos fuera del Congreso.

Por ejemplo, en su discurso del martes pasado, la ministra de Mujer aludió sin nombrar al diputado Francisco Pulgar (independiente), quien enfrenta un proceso de desafuero por una denuncia de supuesta violación ocurrido hace siete años. “Pese a que (ese parlamentario) es un voto que es considerado clave en un Congreso fragmentado, esa víctima ha sido acompañada ¿por quién?, por nuestra seremi de la Mujer del Maule”, dijo Orellana.

En el caso del Pulgar, quien era parte del comité DC-Independiente, se le suspendió su participación en esa bancada, lo que incide en quede sin espacio para usar la palabra en discusiones legislativas, al margen de que él igualmente puede votar e intervenir en asuntos reglamentarios, mientras no sea desaforado por la Corte Suprema.

Sin embargo, la imprecisión más delicada en la que cayó la ministra se refería al caso del diputado Enrique Lee (independiente), a quien acusó de vulnerar el secreto de sumario y entregar el nombre de la denunciante, al defenderse de una presentación por acoso sexual y laboral, en marzo de 2023.

“No se dijo nada en ese entonces (...). Ningún cálculo político, ni la necesidad de votos en un Congreso fragmentado ante un parlamentario acusado, ni la existencia de ediles electos que abusan de su poder, han impedido que presentemos las acciones correspondientes y que acompañemos a las víctimas”, añadió.

El problema es que la denuncia en cuestión fue investigada el año pasado por la Cámara, de acuerdo a un protocolo interno, pero fue desestimada por falta de pruebas. El procedimiento fue llevado por la diputada Sofía Cid (ex-RN), quien fue sorteada para ese efecto. Luego el caso fue revisado y cerrado por la Comisión de Régimen Interno, donde participan representantes de todas las fuerzas políticas. Además, esta denuncia tampoco prosperó en instancias judiciales y laborales externas.

En la Cámara varios creen que Orellana se equivocó al señalar que Lee filtró la identidad de la denunciante. Su nombre fue revelado por error en la propia Comisión de Mujer de la Cámara, antes de que él fuera notificado de la presentación en su contra.

A esta instancia llegó una carta de una exsecretaria de Lee, que fue leída íntegramente al inicio de la sesión del 15 de marzo de 2023. “Se recibe una carta de doña (se leyó su nombre completo), por la cual denuncia ser víctima de acoso sexual y laboral de parte de su jefe”, relató la secretaria de la Comisión de Mujer en la cuenta de ese día.

Producto de esas afirmaciones, el diputado decidió invocar un derecho reglamentario este martes en la sala. “La violadora es ella, es quien viola la verdad y tergiversa hechos públicamente conocidos, de manera destemplada, afanosa, frívola y superficial”, dijo Lee, quien está estudiando acciones administrativas y judiciales contra la ministra.

Además, añadió que tampoco descarta iniciar la búsqueda de firmas para una acusación constitucional por una eventual falta de probidad de la secretaria de Estado.