¿Cuál es la nueva fórmula para distribuir carabineros?: se contemplarán índices de vulnerabilidad, victimización y demanda policial por zona

Ocho son los ejes que contempla el nuevo “Plan Anual de Gestión Operativa y Administración” de Carabineros aprobado en febrero pasado por el Ministerio del Interior, y el cual contempla una serie de cambios en las operaciones de la policía uniformada. Uno de esos cambios guarda relación con el despliegue de los funcionarios de Carabineros, los cuales se comenzarán a distribuir bajo una formula actualizada que contempla una serie de índices sociales y operativos.

El nuevo programa operativo de Carabineros, el cual plantea los cambios, surge bajo el Plan Estratégico de Desarrollo Policial de la policía uniformada que estipula los lineamientos de la institución hasta el 2028. Todo en el marco de la implementación de la Ley 21.427, que moderniza las policías.

Es precisamente ese plan de acción de la policía uniformada, el cual fue dado a conocer este miércoles por La Tercera, el que contempla como uno de sus ejes de aplicación de la “optimización de la dotación de Carabineros”, el cual estipula la creación de un modelo para la planta de la entidad que permitirá, bajo algunos parámetros, distribuir los funcionarios, definir sus perfiles, fijar las destinaciones y los ascensos según criterios de equidad territorial.

La nueva “Metodología para la Distribución de Recursos Humanos y Vehículos de Unidades Policiales Territoriales”, establecido en el plan, forma parte de la reforma a las policías y pese a que ya fue aprobada por la cartera que dirige la ministra Carolina Tohá, se comenzará a implementar más adelante, señalan fuentes conocedoras del proceso.

El nuevo plan de operaciones de Carabineros sostiene que para desplegar tanto los recursos humanos como logísticos se deberá aplicar un criterio de equidad en la entrega de los servicios policiales. Según sostiene, aquello “atendiendo variables asociadas a las demandas de servicios policiales y al déficit de personal existente”.

La fórmula a aplicar, que surge como una actualización a los parámetros que actualmente usa la policía uniformada, se aplicará por parte de Carabineros en coordinación con la autoridad civil, según lo estipulado. Cálculo que se realizará mediante un modelo de jerarquización, donde los cuarteles se priorizarán de acuerdo a una punta calculada a partir de una serie de variables.

Una de estas es el “Índice de Cobertura de Demanda Policial”, que corresponde a un porcentaje calculado respecto a la demanda territorial que la institución cubre actualmente. Otro de los parámetros es el “Índice de Vulnerabilidad Social Delictual”, el cual contempla una serie de indicadores sociales vinculados a la vulnerabilidad de que existan delitos en una comuna, lo que permite jerarquizar según los riesgos.

Si bien se trata de un trabajo de Interior, la elaboración de esta último quedó en manos de la Subsecretaría de Prevención del Delito el 2022. El subsecretario Eduardo Vergara explica que este índice surge “para terminar con la concursabilidad y distribuir los recursos que han aumentado en un 87% en base a necesidad. Está definido en el reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Municipal y cumple la función de priorizar a los municipios para realizar la distribución de recursos cumpliendo el principio de equidad territorial. Se compone por las variables de comisión de delitos por gravedad, variables socio-económicas, población comunal y flotante, comisión de delitos contra la mujer, infractores de ley NNA e ingresos municipales”.

El plan también contempla en el cálculo la “Demanda UVE”, que corresponde a una métrica que cuantifica las necesidades policiales según otros cinco factores: prevención, fiscalización, órdenes judiciales, servicios extraordinarios y procedimientos. “Estos factores permiten diferenciar aquellas comunas que teniendo similar cantidad de habitantes poseen dinámicas diferentes producto de sus demandas particulares”, explica el plan.

Vergara agrega que “la distribución de las policías en los territorios, tanto en personal como en recursos, es un imperativo para que el Estado se haga presente de manera eficiente, equitativa y en base a necesidades desde la perspectiva policial”. En esa línea, el plan también agrega que parte de los índices para establecer el despliegue policial es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la cual mide la victimización en las personas.

Pese a que el plan contempla una serie de factores sociales, este también estipula la asignación directa de funcionarios, contemplando cuatro parámetros. El primero de estos es sobre una “Supresión de Déficit”, el que permite identificar aquellas comunas en las que no existe un mínimo de carabineros para operar, con el fin de revertirlo. El siguiente parámetro de asignación directa son los “Despliegues Operativos”, que contempla el cambio de categoría de los cuarteles según la necesidad.

Por último, también se considera la asignación bajo la variable “Decisiones Estratégicas”, que establece la inyección directa de personal “producto de decisiones estratégicas institucionales o gubernamentales, orientadas a fortalecer la seguridad pública producto de contingencias y/o emergencias”.

La autoridad de gobierno concluye que el nuevo modelo permitirá “que el Estado, al menos en lo que respecta a labores policiales, llegue con la misma fuerza e igualdad a todos los territorios del país, de manera que esto permita que se cumpla con la responsabilidad de proteger. En concreto, esto nos llevará a tener un mejor índice de cobertura por cuartel, de manera que se guie la distribución por la necesidad que estos tienen, subiendo los niveles de cobertura de los cuarteles de menor rango y mayor índice de vulnerabilidad socio-delictual. En resumen, estas acciones apuntan a que el Estado se haga presente con fuerza y equidad”.