¿Cuáles son las 10 cárceles más peligrosas del país?: el impacto de un sistema penitenciario colapsado

Asumida la administración del Presidente Gabriel Boric, uno de los desafíos que contrajo el Ministerio de Justicia, y en particular el subsecretario Jaime Gajardo, fue actualizar el sistema penitenciario. Y es que como han destacado las autoridades en reiteradas oportunidades, Chile había mantenido la misma cantidad de plazas en recintos carcelarios por alrededor de 10 años, pese a que la población penal ha crecido con fuerza.

Actualmente el sistema tiene capacidad para albergar a 41.741 internos en régimen cerrado a lo largo del territorio, pero como alertó la jornada de este jueves el ministro Luis Cordero, eso ya se ha superado con creces. Al 12 de octubre se contabilizan un total de 54.678 personas privadas de libertad, lo que da cuenta de que el sistema está sobrepasado en 31%.

La situación los mantiene alerta, más cuando el mismo secretario de Estado reconoció que las proyecciones indicaban que se pasaría el umbral de los 50 mil reos en régimen cerrado recién en 2024.

El principal problema, reconocen las autoridades de Justicia, es que este escenario impide realizar la segregación ideal en los recintos, para que así no exista “contaminación criminológica” entre los internos. Dado que actualmente en varios de los penales hay integrantes de bandas de crimen organizado, es sabido que estos intentan “reclutar” a primerizos para así continuar con sus operaciones, por lo que eso se transforma en un importante dilema.

Dado el escenario, de hecho, desde Justicia levantaron antecedentes para definir los 10 recintos más “peligrosos” o complejos del país, en función a los niveles de hacinamiento que presentan, pero también por las características de la población penal que ahí reside.

Se trata de la cárcel de Acha o Complejo Penitenciario (CP) Arica, del CP de Alto Hospicio, el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Antofagasta, el CP de La Serena, CP de Valparaíso, Colina I, Colina II, CDP de Puente Alto, CDP Santiago I y CDP Santiago Sur, también llamada expenitenciaría.

Dado lo anterior, se han realizado una serie de coordinaciones para atender la realidad de cada uno de los recintos antes mencionados, con Gendarmería, el Ministerio Público y la Subsecretaría del Interior. Puesto que presentan realidades disímiles, en algunos casos se ha avanzado en la habilitación de nuevos espacios para aumentar la segregación, se han trasladado internos de perfil criminal complejo, se han aumenta las medidas de control en los accesos y se ha reforzado la seguridad perimetral.

Además, se han duplicado los módulos de alta seguridad y se adjudicó la primera de las licitaciones que permitirá inhibir señales de celulares en Santiago 1, Santiago Sur y en el recinto de alta y máxima seguridad. Por otra parte, se han ido aumentando las máquinas de escaneo corporal, se continúa con los allanamientos masivos, y próximamente Gendarmería habilitará la Unidad Especial de Investigación Criminal del Crimen Organizado.

Pese a que los niveles de ocupación del sistema cerrado generan alta preocupación en las autoridades, es el sistema penitenciario en general el que los mantiene en alerta. Aquello, porque de enero a la actualidad el número de personas que pasa por el sistema aumentó de 116 mil a 140 mil. Ello, cabe mencionar, considera a personas que están en sistema abierto y semiabierto.

Además, un aspecto que releva el ministro Luis Cordero, es que los aumentos generalizados repercuten no solo en lo que refiere a hacinamientos, sino que también se elevan todos los costos y los programas de reinserción se ven mucho más presionados.

“No es solo que la cárcel esté siendo objeto de congestión, sino que todo el sistema penitenciario, incluyendo el sistema abierto, también va en aumento. Evidentemente cuando se comienzan a establecer marcos penales rígidos, comienza a reducir beneficios de la ley 18.216, ese número va a seguir aumentando, y eso no solo hace más difícil la segregación, hace menos probable tener políticas eficaces de reinserción, y además se van generando condiciones para que se vayan generando reclutamientos de bandas al interior de las cárceles. Por eso hay que tener cuidado con abordar los temas de seguridad pensando solo en tener más cárceles y personas encerradas. Porque en el largo plazo se van generando condiciones que darán riesgos adicionales. Hay que mirar el panorama globalmente”, comentó el secretario de Estado.

En los mismos términos, agregó: “Se están haciendo esfuerzos en ajustar los programas de reinserción, pero solo pueden ser transitorios. Gendarmería y el Ministerio de Justicia pueden gestionar este aumento, pero acá debe haber una responsabilidad colectiva en tomar conciencia de creer que el plan de seguridad pasa solo por meter más personas a la cárcel, es una idealidad. Por eso la inversión en reinserción es tan importante. Tenemos unas de las tasas de encarcelamiento más altas y ahora, probablemente por estos aumentos, se nos hace necesario volver a plantearlos cuán racional estamos utilizando el sistema”.

De las 79 cárceles de las cuales Gendarmería mantiene control, 55 presentan sobreocupación. Las que tienen índices más elevados son el CPP de Taltal, que tiene una ocupación de 406,3%, seguida por la cárcel de Copiapó con 271,5% y la de Tocopilla, cuya ocupación es de 262,6%.

Por otra parte, los penales que no tienen sobreocupación son 24. La cárcel con menor porcentaje de ocupación es el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), la cual tiene 49 de sus 296 plazas ocupadas. Le siguen la cárcel de Chanco con 26,1% de ocupación, Isla de Pascua (31,3%) y Porvenir (50%).

La proyección, de todas maneras, es que el número de personas privadas de libertad siga al alza, pues de acuerdo con lo señalado por el subsecretario Jaime Gajardo a La Tercera, de acá a 2030 se superarían las 60 mil personas en el sistema penitenciario.

“La capacidad de nuestro sistema penitenciario desde el año 2012 hasta el año pasado era de 42.000 personas privadas de libertad. Tenemos una brecha. Por eso iniciamos un plan de infraestructura que cuenta con distintos ejes. Se están reabriendo recintos, continuamos procesos de habilitación, se están diseñando nuevos establecimientos y, además, tenemos un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, que nos va a permitir descongelar los planes reguladores para ampliar recintos penitenciarios”, comentó.

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