Casi un millón 300 mil adultos no han recibido ninguna vacuna contra el Covid-19 en el país, acorde a las cifras del Minsal. Y si bien es un tema que inquieta a las autoridades y a los expertos, no hay planes en lo inmediato para hacer mandatoria la inoculación.

“En este momento no hemos pensado en instalar la obligatoriedad de las vacunas. Hemos alcanzado un alto porcentaje de inmunización y el foco debe ser seguir incentivando, educando”, señaló la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

De momento, en el país -al igual que en otras partes del mundo- estar inoculado se ha vuelto un requisito para entrar a bares, restaurantes, estadios o cines, de la mano con el Pase de Movilidad, cuyas prerrogativas han sido validadas por la Corte Suprema en el marco de los recursos de protección que han presentado grupos de antivacunas.

Esto, a juicio de los entendidos, podría tomarse como un precedente si se resuelve, a futuro, hacer forzosa la vacunación contra el coronavirus.

Actualmente, todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones y que se distribuyen en forma gratuita para los grupos de riesgo (lactantes, niños, embarazadas y adultos mayores, principalmente), son obligatorias. Incluso, ya han ocurrido casos en que los servicios de salud han recurrido a la justicia para forzar la vacunación de personas de los grupos prioritarios.

Pero ¿se puede suprimir la voluntariedad en la vacuna contra el Covid-19?

A inicios de septiembre, el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) definió que “revisará la obligatoriedad de la vacunación Covid-19 en general y en particular para ciertos grupos, cuando exista registro sanitario para las vacunas consideradas en la estrategia de vacunación nacional”.

Así, el estatus de las vacunas que se están utilizando en el país es el elemento clave. Eso, pues hasta ahora, los cuatro fármacos -Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Cansino- cuentan solo con aprobación de uso de emergencia por parte del Instituto de Salud Pública (ISP). ¿Qué significa? Que aún no cuentan con registro sanitario y su implementación fue visada solo en el contexto de la emergencia.

Consultado el ISP, hasta ahora ninguno de los laboratorios productores de vacunas ha solicitado la autorización definitiva. Eso sí, en el caso de Pfizer, la agencia regulatoria, Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, entregó a su vacuna la “autorización total” a mediados de agosto pasado.

Con todo, pasos y señales de lo que viene ya se han dado. Recientemente, el Consejo Asesor Covid-19 recomendó al Minsal hacer obligatoria la vacuna para personal de salud y hogares de ancianos, emulando la política implementada en Francia. En ese entonces, la presidenta de la instancia, la epidemióloga Ximena Aguilera, dio cuenta de que “tenemos en nuestro arreglo institucional la obligatoriedad de la vacuna para ciertos puestos de trabajo, como son los manipuladores de alimentos y para el personal sanitario que va a campos clínicos y que está obligado a usar vacunas como la de la hepatitis B”.

La infectóloga de la U. de Chile y presidenta de Cavei, Jeannette Dabanch, explica que en condiciones normales la autorización definitiva a una vacuna se entrega tras una fase 4 de vigilancia poblacional adecuada sobre los impactos en reducir la enfermedad. “La pandemia es un escenario inestable aún, no solamente en Chile, sino que de forma global. Mientras no tengamos un escenario claro sobre cuáles vacunas resultan más efectivas y cuáles son los grupos más eficientes de vacunar, es difícil poner plazos para una eventual obligatoriedad”, señala.

Así, y teniendo el cuenta el suministro -por ejemplo- de la fórmula del laboratorio Pfizer, la infectóloga explica que “la FDA es la entidad regulatoria para EE.UU., y hay que mirar qué hace Pfizer en Chile. Pese a ello, si una vacuna aprobada en emergencia recibe su autorización total, no necesariamente será obligatoria, pues existen otras condiciones a evaluar, como que el Estado también tenga el producto disponible, porque si es obligatoria puedo pedir que sea administrada. Y actualmente no es Pfizer la vacuna más utilizada en nuestro país, ni la más disponible en el mundo, a propósito de sus características propias”.

Hasta ahora, el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) establece -mediante decreto- 18 vacunas obligatorias frente a enfermedad inmunoprevenibles. En ellas se cuentan las del recién nacido, lactantes, para menores en edad escolar, entre otras. Y en el caso del personal de salud, se establece que un 85% al menos del personal permanente o transitorio de un recinto asistencial tenga sus vacunas contra hepatitis B e influenza.

Sin embargo, Dabanch explica que “no hay una conducta punitiva que implique que la persona no vaya a poder ejercer como médico o enfermera”.

Por otro lado, el infectólogo de Clínica U. de los Andes y decano de Medicina de la U. San Sebastián, Carlos Pérez, proyecta que con el correr de los meses, y en vista de que la vacunación puede transformarse en un esquema de refuerzo anual, los laboratorios irán requiriendo sus autorizaciones definitivas y el registro sanitario correspondiente, lo que allanaría el camino para que la autoridad sanitaria tome esa determinación.

“Tomar la decisión de hacerla obligatoria tiene distintos ribetes políticos, de opinión pública. Pero a mi juicio, deberíamos ir avanzando en la obligatoriedad, tal como se hace con las vacunas en los menores en edad escolar. Las vacunas que se vuelven obligatorias son, en general, cuando tienen relevancia en la salud pública del individuo y de la comunidad, también cuando son seguras y efectivas. Cuando estas vacunas han hecho cambiar el curso de la pandemia en el país de forma evidente, son pocos los argumentos para estar en contra de una eventual obligatoriedad”, plantea.

A su vez, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf) e infectóloga pediátrica Cecilia Vizcaya, estima que “es muy posible que para 2022 la vacuna termine siendo obligatoria como la de la influenza. La proyección es que con una enfermedad endémica, la inmunización sea anual con vacunas que van variando año a año según las variantes circulantes. Este año en Chile se están realizando estudios en niños entre seis y 11 años, y también entre tres y seis, lo que significa que vamos a tener mucha información disponible local para respaldar una eventual decisión que apunte hacia la obligatoriedad”.