¿Cuánto involucrarse? La encrucijada de Elizalde en el nuevo proceso constituyente

Sin mayor difusión pública y sin penas ni glorias, el 10 de febrero pasado, el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que delegaba a la Secretaría General de la Cámara de Diputados la tarea de prestar “el apoyo financiero” al nuevo proceso constituyente y sus tres entidades (Consejo Constitucional, Comisión Experta y Comité Técnico de Admisibilidad).

El respaldo financiero era una única tarea formal que se le había asignado al gobierno en esta nueva apuesta por redactar una nueva Constitución, a diferencia de la experiencia de la Convención Constitucional en que el Ejecutivo, además de brindar apoyo presupuestario, debía dar asistencia técnica y administrativa.

Con esta decisión, adoptada justo en medio de las vacaciones y publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero, La Moneda dio una nueva señal para tomar aún más distancia del nuevo proceso, traspasándole su tutela completamente a la Cámara y al Senado.

Esa postura, al menos en lo formal, es distinta al rol que asumió en su momento el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en que si bien fue prescindente, la administración de la Convención Constitucional recayó en la Segpres. Luego, Boric al llegar a La Moneda si bien se la jugó por el Apruebo en el plebiscito -estando en la primera línea hasta que sufrió la contundente derrota en los comicios de septiembre, donde se impuso el Rechazo-, su gobierno le dio “autonomía” al órgano constituyente en la redacción del texto.

El problema es que ese diseño de aparente neutralidad, que igualmente ocultaba un intento subterráneo del gobierno para incidir entre sus convencionales afines, provocó severos cuestionamientos de fuerzas políticas opositoras y oficialistas, que le reprochaban al Ejecutivo una falta de liderazgo para conducir la redacción de la propuesta constitucional. En rigor, el gobierno nunca pudo ejercer a cabalidad sus responsabilidades.

De hecho, una de las lecciones que dejó el proceso fallido, es que los partidos tradicionales y el Ejecutivo no pueden dejar nuevamente abandonada a la nueva instancia constituyente, pues ya no hay margen para fracasar.

Sin embargo, esa premisa choca con la estrategia de replegarse y tomar distancia del nuevo proceso que adoptó el Mandatario tras el fracaso electoral de septiembre. Esto, con el objetivo de evitar que el resultado se asocie a su gestión.

Así, hasta el momento la decisión de La Moneda de mantenerse al margen no ha variado, lo que deja en una situación incómoda al actual ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), quien en sus tiempos de presidente del Senado era uno de los críticos -al igual que toda la bancada socialista- de la pasividad, al menos aparente, con la que el gobierno de Boric observaba el desarrollo de las deliberaciones en la Convención.

Aunque miembros de la directiva del PS creen que el ministro Elizalde -cuya cartera era la encargada de apoyar del punto de vista técnico, financiero y administrativo a la Convención- no debe tener un rol activo en el debate, otros dirigentes socialistas creen que no es viable que el Ejecutivo se haga el desentendido y se repita la experiencia que vivió el anterior ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, como enlace con el órgano constituyente.

De hecho, si bien el proceso hasta ahora ha fluido relativamente ordenado con el trabajo de la Comisión Experta y la instalación del Comité de Admisibilidad, no está claro que ello continúe igual con la entrada en funciones del Consejo Constitucional, cuyos 50 miembros recién se elegirán este domingo. Por lo tanto, hoy es imposible predecir cómo se comportarán los consejeros en las deliberaciones que se avecinan.

Cercanos al titular de la Segpres sostienen que él es partidario de estar encima del proceso y que igualmente buscará incidir. Sin embargo, no está claro si esas influencias se ejercerán abiertamente o en forma subterránea. Hasta ahora, ha optado por lo segundo: mantiene soterrados contactos con algunos de los comisionados y está encima de las discusiones que se han dado en la Comisión Experta.

En La Moneda, algunos personeros adelantan que la postura final dependerá de los resultados del domingo.

El senador y vicepresidente del PS, Alfonso de Urresti, quien además es jefe de bancada, señala que “es importante que el gobierno y todos los actores políticos, una vez constituido este nuevo consejo, generen las instancias de coordinación y de diálogo para avanzar en una nueva Constitución. No podemos equivocarnos nuevamente”.

A juicio de Juan Luis Castro, también senador socialista, “el gobierno ha mantenido prescindencia legítima en la campaña, pero el gobierno no debe tener prescindencia al momento de aportar contenidos y en el rumbo que va a tener el nuevo proceso”. “En eso, siempre va a ser importante la voz del gobierno a través de la Segpres”, comenta.

En tanto, el diputado y vicepresidente PS, Leonardo Soto, quien es parte de la Comisión de Constitución de la Cámara, cree que, en vista de que ningún sector político logrará más del 60% del consejo, será necesario que “el gobierno actúe como facilitador del proceso, haciendo un acompañamiento a cierta distancia, toda vez que el gobierno no fue electo para interferir o incidir directamente, pero al menos debiera hacer un acompañamiento activo en los meses que va a funcionar este consejo”.

La relación entre el gobierno y la instancia constituyente siempre ha sido compleja, incluso desde antes que se instalara la disuelta Convención Constitucional, en julio de 2021.

En particular, para quienes habitan en La Moneda ha sido un dilema cómo resolver la colaboración que debe brindar el Ejecutivo y el debido respeto por la autonomía del órgano constituyente.

De hecho, una vez electos los antiguos convencionales inmediatamente comenzaron a marcar distancia con el gobierno de Piñera y trataron que organizarse por su cuenta para el acto de instalación.

Frente a la hostilidad que expresaban entonces los antiguos constituyentes con el Mandatario, la decisión fue limitarse estrictamente a las obligaciones que imponía la Constitución al gobierno, inhibiéndose de influir públicamente en el debate, al menos en una primera etapa

“Esta Convención tiene importantes grados de autonomía que todos debemos respetar... El gobierno, en cumplimiento del mandato constitucional, prestará a esta Convención todo el apoyo técnico, financiero y administrativo necesario para su instalación y funcionamiento”, dijo Piñera, el 20 de junio de 2021 al convocar a la instalación del anterior órgano constituyente.

El nexo de del Ejecutivo fue asumido por el ministro secretario general de la Presidencia de la época, Juan José Ossa (RN), quien hoy integra la Comisión Experta. Por esos días, Ossa se mantuvo ceñido al principio de no intervención para evitar críticas de los convencionales. Sin embargo, esa política no ayudó a acercar posiciones al punto que nunca se pudo materializar siquiera una reunión protocolar entre Piñera y las autoridades de la Convención.

Incluso, las pocas veces que Piñera criticó las propuestas de constituyentes, encontró una ácida respuesta con llamados a no entrometerse. “Él menos que nadie puede hablar”, le dijo, por ejemplo, en febrero de 2022, la expresidenta de la Convención, Elisa Loncon.

Al asumir el Presidente Boric, su conocida afinidad y amistad con varios miembros de la Convención alimentó expectativas de que el Ejecutivo por fin tendría un rol más preponderante al menos para ayudar a articular las negociaciones.

Sin embargo, el diseño de La Moneda no cambió mucho respecto del gobierno de Piñera.

Si bien el ministro Jackson expresó que el gobierno podría tener “una opinión respecto de los distintos temas”, remarcó que “nosotros vamos a ser respetuosos de la autonomía de la Convención”. Ello se tradujo en que sólo en contadas ocasiones los personeros del Ejecutivo expresaron su preocupación general por el desarrollo de ciertas discusiones que estaban generando tensión.

Uno de esos temas era el debate por la unicameralidad y el fin del Senado, que fracturó la relación de Jackson con gran parte de las bancadas de la Cámara Alta, especialmente con la del PS.

Incluso, varios senadores socialistas emplazaron a Jackson y a Boric a asumir un rol en esta discusión.

“Me gustaría escuchar al nuevo ministro Jackson y al Presidente Boric. Cuál es su opinión. Me gustaría saber si el ministro designado Jackson está de acuerdo y que sacaran la voz”, dijo, por ejemplo, en febrero de 2022, el senador De Urresti, al comentar el acuerdo que se había alcanzado en la Convención para poner fin al Senado, además de otras medidas que le quitaban autoridad al Poder Judicial.

Tras la derrota que sufrió el gobierno en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, la ministra Ana Lya Uriarte (PS), quien reemplazó a Jackson en la Segpres, intentó asumir un rol distinto en las incipientes conversaciones para revivir el proceso de constituyente.

Sin embargo, en vista de que los diálogos estaban radicados en el Congreso, por mandato del Presidente Boric, la misma derecha le exigió a Uriarte marginarse de las conversaciones.

Entonces Uriarte, quien también estaba más enfocada en levantar una alicaída agenda legislativa, optó por separar aguas entre el proceso constituyente y el programa de gobierno. En esos momentos, la preocupación era evitar a toda costa que el impacto de la derrota constitucional siguiera escalando y pusiera en jaque el futuro del Ejecutivo.