La danza de los millones en Morandé 440: funcionarios demandan a los tres conservadores de Santiago por incumplir contrato colectivo

No son una, sino dos las demandas que han llegado hasta el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago relacionadas a la controversia interna que existe en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) y que suma un nuevo capítulo. Y es que, si en primera instancia fue el titular de Hipotecas, Carlos Miranda, quien recurrió a la justicia para solicitar la nulidad del contrato colectivo con los sindicatos, ahora es precisamente la agrupación de trabajadores la que elevó hasta el mismo tribunal las diferencias.

Las desavenencias al interior de la institución ubicada en Morandé 440 comenzaron tras la llegada de Miranda como conservador de Hipotecas, el 2022. Tras su arribo, el exnotario de Concepción cuestionó el sistema de remuneraciones establecido con los sindicatos de trabajadores, el cual fija que los sueldos se establecen desde el 75% de los ingresos del organismo judicial.

Miranda, quien dirige el Conservador de Bienes Raíces de Santiago junto a sus pares Kamel Saquel, del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, y Luis Maldonado, titular del Registro de Propiedades, Comercio y Agua, recurrió al tribunal laboral para exigir la nulidad de los artículos que fijan el sistema de remuneraciones, del cual -además- se desprenden una serie de impugnaciones que pueden realizar los trabajadores para autorizar contrataciones, despidos o gastos que puedan influir en la cuadratura de sus ingresos.

Contrario a la solicitud de nulidad ingresada por Miranda -la cual fue cuestionada por el histórico conservador Maldonado-, uno de los sindicatos también recurrió a la justicia. A días de ingresada esa primera acción judicial, el Sindicato Nº 1 de Trabajadores del CBRS demandó a los tres conservadores por incumplimientos del contrato colectivo al realizar gastos que no se ajustan a lo establecido, y los cuales -según señalan- han afectado sus remuneraciones.

La acción judicial ingresada por el Sindicato Nº1 de Trabajadores pide que el tribunal establezca que el organismo encabezado por Miranda, Maldonado y Saquel incumplió el contrato colectivo y en consecuencia lo condene a pagar los perjuicios que causaron las supuestas faltas en las que habría incurrido la institución.

Lo que acusan los trabajadores es que dicho contrato colectivo se habría incumplido luego de que la institución incurriera en gastos excesivos por más de $63 millones. Señalan que “estos gastos no están permitidos que se rebajen de los ingresos del Conservador por el contrato colectivo, no obstante, se descontaron para determinar los ingresos líquidos con el consecuente perjuicio para las remuneraciones de los socios del sindicato. Este perjuicio debe ser indemnizado a nuestros socios”.

A esto suman, además, que el organismo habría realizado “contrataciones indebidas”, contraviniendo lo regulado en el acuerdo entre trabajador y empleador. Pese a eso, argumentan, el Conservador contrató a una funcionaria, hecho que hasta ahora generó un perjuicio de $912.918.

Junto con eso, también acusan a sus empleadores de realizar reemplazos de funcionarios, algo que también está regulado en el contrato colectivo, donde se establece “un sistema que impide reemplazar a un trabajador cuyo contrato termine y deje de pertenecer al Conservador hasta cuando se le pague internamente la indemnización convencional”. Por lo mismo, y debido a que se ha reemplazado a trabajadores, sostienen que ha existido un perjuicio de más de $294 millones en costos por reemplazos indebidos.

La demanda de los trabajadores concluye sosteniendo que “han existido claros incumplimientos contractuales del Conservador que afectan y causan perjuicio a los socios de nuestra organización, quienes ven disminuidas sus remuneraciones por rebajar del ingreso líquido del Conservador gastos que no corresponden a lo pactado y que deben ser compensados a nuestros socios. En razón a la dificultad de determinar la merma remuneracional y porque el recibir una remuneración menor mes a mes provoca un daño o perjuicio patrimonial y personal, es que demandamos una compensación de los perjuicios causados con el incumplimiento”.

En total, los funcionarios exigen una compensación de $359.219.245 a dividir en partes iguales para cada uno de los trabajadores sindicalizados.

Este martes se llevó a cabo la primera audiencia por esta causa, la que ocurre después de que hace algunas semanas se revisara la otra demanda de nulidad ingresada por Miranda. De hecho, en la misma respuesta al requerimiento de los trabajadores, el abogado de este cuestiona que el sindicato haya recurrido a la justicia también sabiendo que la discusión ya se vería en sede laboral.

Durante la audiencia de este martes, la magistrada Andrea Silva en más de una ocasión intentó que las partes llegaran a un acuerdo, considerando que ya existen dos causas judiciales por el mismo tema. Pese a sus intentos conciliadores y de amabilidad entre los intervinientes, no hubo acuerdo.

Consultado al respecto, Pablo Vargas, presidente del Sindicato Nº1 de Trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sostiene que la demanda “es una iniciativa legal, en respuesta a la transgresión de los acuerdos y al abuso por parte de los empleadores al pretender incumplir el contrato colectivo vigente”.

Ante lo que agrega: “Cuando los contratos colectivos se transgreden se debe demandar a la autoridad competente, que es lo que hicimos nosotros. Los contratos colectivos son ley para las partes y nuestra demanda, que además fue aprobada en la asamblea, apunta a eso: a respetar los acuerdos, a exigir el cumplimiento de lo acordado”.

La disputa judicial también remarca las diferencias entre los propios titulares del CBRS. Y es que en ambas causas, tanto Miranda como Sequel han comparecido para pedir la nulidad del acuerdo, mientras que Maldonado lo ha hecho como tercero coadyuvante al no apoyar las acciones judiciales.

Marcelo Montero, abogado del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sostiene que “el contrato colectivo se ha cumplido, pero además de eso sostenemos que algunas de las cláusulas, no todas, son nulas porque limitan de manera ilegal las facultades de gestión y de administración del CBRS porque se impugnan gastos, contrataciones y reemplazos. Entonces eso es lo que está jurídicamente en juego”.

En esa línea, concluye que el Conservador “está organizacionalmente capturado por prácticas que vienen desde décadas y por una regulación que es disfuncional a cualquier intento de modernización (...) Nosotros esperamos que no sea necesario llegar a sentencia y eso pasa por un acuerdo de gobernabilidad entre mis representados Saquel y Miranda, con Maldonado por una parte, y por otro lado porque los sindicatos entiendan que el contrato colectivo no les da la facultad de administrar el Conservador y que por lo tanto no pueden oponerse gastos que son necesarios”.

Pese a las diferencias, el próximo 27 de marzo el tribunal fijó una audiencia de conciliación. A la que se suma el juicio para el 1 de agosto, día en el que funcionarios y conservadores volverían verse las caras después de meses de indiferencias.