De 2017 a 2023: la historia de las orientaciones del Mineduc que derivaron en una posible acusación al ministro Ávila

La del martes era una visita más -importante, pero una más- del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, al Congreso. Durante la jornada se debía votar el proyecto que pretende unificar la evaluación docente. Pero aquello no alcanzó a ocurrir y no sólo eso, sino que el secretario de Estado regresó a Santiago con el riesgo latente de una acusación constitucional a causa de unas orientaciones para la inclusión de las personas de la diversidad sexual que se le atribuyen a la cartera y de las que ha repetido no son de su responsabilidad. Ni de este gobierno.

Y es que el origen de esta posible acusación radica en una nota de prensa de El Mercurio, la que luego fue tomada como puntapié inicial por los promotores del recurso en contra de Ávila, independientemente de que con el correr de las horas la idea de acusarlo haya comenzado a agarrar vuelo con otros argumentos. “Se han estado creando instrumentos, donde tiene fuerte carga ideológica, dejando fuera a los padres que no comparten estas ideologías. Se está confundiendo la identidad sexual de los niños”, dijo, por ejemplo, Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano.

Sin embargo, esos “instrumentos” a los que hizo alusión la diputada Muñoz, así como los ejemplos de ejercicios que involucraban a niños de párvulos que se mencionaban, han estado ahí hace varios años, exactamente desde 2017 -con Michelle Bachelet aún como Presidenta-, y luego se mantuvieron bajo toda la administración de Sebastián Piñera.

Lo que sí hizo el actual Mineduc hace aproximadamente dos semanas fue sumar las ‘Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno’, las que, aseguran desde el gobierno, buscan resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, previniendo el maltrato y la interrupción de sus trayectorias educativas. Es decir, en medio de la posible acusación se citaron como actuales algunos contenidos publicados en 2017.

Desde La Moneda causa extrañeza que las orientaciones antiguas se mantuvieran publicadas durante tanto tiempo sin que se hiciera ninguna objeción y que solo ahora, cuando lanzaron las nuevas orientaciones, las que aseguran fueron elaboradas mediante procesos participativos con más de mil personas y que no incorporan los contenidos de la polémica, hayan surgido las críticas que derivaron en esta posible acusación a Ávila.

“Usar como fundamento de una acusación constitucional un programa con una orientación en términos de sexualidad y afectividad que no es de este gobierno, es sumamente irresponsable, por decir lo menos”, dijo este miércoles la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

De hecho, las orientaciones publicadas en 2017 con Adriana Delpiano como ministra de Educación ya fueron objeto de análisis por parte de la Contraloría en 2018, con Francesca Muñoz, una de las diputadas promotoras de la acusación y por entonces coordinadora regional de la agrupación Confamilia, solicitando ese pronunciamiento, del que luego fue informada que su reclamo fue desestimado.

La resolución del ente fiscalizador comenzaba señalando que quienes se dirigieron a él en esta oportunidad: el diputado Arturo Squella (UDI); Héctor Muñoz, concejal de Concepción; Mario Esquivel, representante de un hijo estudiante; la ya mencionada Francesca Muñoz, además de Erika Muñoz, presidenta de la Asociación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, quienes solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de los documentos denominados “Educación para la igualdad de género, Plan 2015-2018″ y “Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”, ambos del Ministerio de Educación.

En tal sentido, según se lee en la resolución de hace cinco años, los documentos elaborados por el Mineduc de ese entonces “fueron dictados en el marco de sus facultades legales”, así como que “los documentos impugnados se encuentran inspirados en el principio denominado del “interés superior del niño”, ya que aluden al pleno respeto de los derechos esenciales de los niños y niñas, y su objetivo abarca el desarrollo de aquellos y la satisfacción de sus necesidades en los diferentes ámbitos de su vida, lo que implica el reconocimiento de las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile”.

En ese caso, aseguraba Contraloría, “lo pretendido a través de los actos recurridos es evitar que al interior de las comunidades escolares los niños y las niñas, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex puedan ser discriminados por aquella identidad u orientación, persiguiendo de esta forma su incorporación en igualdad de derechos y deberes con el resto de los miembros de tales comunidades”.

En consecuencia, cerraba el escrito firmado por el contralor Jorge Bermúdez, “no se advierte reproche jurídico que formular a los documentos denominados ‘Educación para la igualdad de género, Plan 2015-2018′ y ‘Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno’, ambos del Mineduc”.

Por eso es que a Ávila y su cartera le siguen dando vueltas al brusco giro que tomó la jornada del martes, lo que, de hecho, aún tiene al ministro digiriendo lo acaecido, sobre todo por cómo se dieron los hechos.

Es más: la lectura en las entrañas del ministerio, donde en todo caso señalan que Ávila está tranquilo y con ganas de responder en la instancia formal que venga, van incluso más allá de un simple gallito político y que al jefe de la cartera educativa lo estaban buscando “hace rato”.

“Esto es por su orientación sexual, porque las orientaciones que llevaron a esto siempre estuvieron presentes desde 2017, con distintos ministros de derecha y nunca dijeron nada. Volvimos a épocas medievales y eso queda claro con las declaraciones de algunos parlamentarios”, aseguran puertas adentro en el Mineduc, en alusión a lo dicho por el diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien señaló este martes en medio del anuncio de interpelación a la autoridad educativa por parte de las bancadas UDI, RN y Republicanos: “Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que la ponga como prioridad en los temas educacionales de nuestro país”.

Como se ha dicho, desde hace más o menos dos semanas es posible ver en el sitio del Mineduc un banner con las ‘nuevas orientaciones para una educación inclusiva’, que apunta a la inclusión de estudiantes LGBTIQA+. Así, la cartera ponía a disposición de las comunidades educativas siete documentos “en el esfuerzo por avanzar en el reconocimiento y valoración de la diversidad y en el marco general de la Política de Sexualidad Afectividad y Género”.

El primero de ellos, el documento central, se denomina ‘Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno’. Este, por ejemplo, contextualiza la normativa vigente y entrega recomendaciones para generar comunidades educativas inclusivas.

Luego hay seis orientaciones temáticas: ‘¿Cuáles son las normativas que protegen los derechos de estudiantes LGBTIQA+?’; ‘¿Cuáles son los conceptos que nos permiten conocer, comprender y dialogar respetando y valorando al estudiantado LGBTIQA+?’; ‘¿Qué oportunidades entregan las circulares N°707 y N°812 para la protección de derechos de estudiantes LGBTIQA+?’; ‘Experiencias educativas para el resguardo del derecho a la educación e inclusión de estudiantes LGBTIQA+’; ‘¿Cuál es el rol de la comunidad educativa en la protección de la salud mental de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas?’, y ‘¿Por qué hablar de salud sexual integral en comunidades educativas?’.

En ese sentido, según explican conocedores del tema en el Mineduc, los documentos descritos son recomendaciones de gestión educativa y pedagógica, y no incluyen actividades ni ejercicios, como sí lo hacían las orientaciones de 2017. “Son recomendaciones, por ejemplo, para prevenir la desvinculación, para proteger las trayectorias educativas o aportar estrategias, que es distinto a actividades pedagógicas”, detalla una persona del ministerio entendida en la materia, quien agrega que lo que están haciendo con esto “es acoger las actualizaciones de las normativas en educación inclusiva”.

Y es que, según entienden en los pasillos educativos, desde la promulgación de la ley de inclusión es obligación del Estado y del sistema educativo proteger y cobijar a los estudiantes de la diversidad sexual, lo que es deber del Mineduc propiciar. Por eso las presentaciones de estas nuevas orientaciones, revisadas, por ejemplo, con la Superintendencia de Educación.