De encargado de la cuestionada reforma a subsecretario: quién es Bernardo Martorell, el nuevo inquilino de Redes Asistenciales

Tras días de negociaciones, nombres que entraban y salían de la lista y un enredo político que expuso las tensiones dentro del oficialismo, La Moneda finalmente logró destrabar la designación del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales: Bernardo Martorell (PPD). Su nombramiento se confirma exactamente una semana después de la renuncia voluntaria de Osvaldo Salgado, quien había asumido el cargo el 16 de junio de 2023 en reemplazo de Fernando Araos.

El nuevo encargado de las listas de espera asumirá el próximo martes 2 de abril, pero no llegará como un desconocido, sino que solo cambiará de cargo –y oficina posiblemente– al interior del Ministerio de Salud, porque actualmente es el coordinador de la cuestionada reforma de salud. Como sea, su llegada a la subsecretaría es la materialización de una intención que hace tiempo tenía el Ejecutivo.

Y es que esta no es la primera vez que le ofrecen el cargo. En marzo de 2022, cuando recién comenzaba el gobierno, ya le habían propuesto asumir la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero el experto en salud pública declinó la oferta. También rechazó el cargo de seremi de Salud Metropolitana. A pesar de sus negativas iniciales, la cartera sanitaria continuó insistiendo, realizando varios intentos para convencerlo de integrarse.

Más adelante, en septiembre de ese mismo año, el Ejecutivo estuvo cerca de lograr su objetivo. Durante el primer cambio de gabinete su nombre sonó con fuerza para reemplazar a Cristóbal Cuadrado en la Subsecretaría de Salud Pública, y quienes estuvieron cerca de la negociación saben que estuvo a punto de concretarse. Sin embargo, la presión del Frente Amplio para que el cargo fuera ocupado por alguien de sus filas impidió que el nombramiento se realizara, lo que finalmente llevó a que el entonces jefe de Salud Comunal de La Pintana quedara al mando de la reforma de salud.

Sobre el desempeño del médico cirujano de la Universidad de Chile y magíster en Salud Pública de la Universidad de Harvard en la implementación de la reforma de salud, las opiniones son mixtas. De hecho, en más de una ocasión parlamentarios y expertos le han pasado la cuenta a las autoridades sanitarias por considerar que aún no se ven avances significativos, como fue prometido en la campaña presidencial.

Para muchos dentro del sector, el papel del doctor en la implementación de la reforma de salud ha permanecido en gran medida en el misterio. Las dudas sobre las tareas específicas que ha desempeñado y cómo ha avanzado en la ejecución de una de las promesas más importantes del gobierno del Presidente Gabriel Boric, han generado incertidumbre.

El propio Martorell admitió a La Tercera en octubre de 2023 que el trabajo que ha realizado junto a su equipo –el que integran otros especialistas del área de la salud, como Jeannette Vega, exministra de Desarrollo Social– ha estado lejos de la vista de la ciudadanía: “Ha sido un trabajo silencioso, pero arduo, con bastantes avances y con la construcción de los ejes de reforma que ya estamos implementando, porque esta reforma ya partió. Tiene harta ingeniería de detalle y que minuciosamente hemos estado llevando a cabo”.

En concreto, el profesional puso en marcha el plan piloto de universalización primaria, lo que el gobierno ha nombrado como el corazón de la reforma y con el que se busca descomprimir los grandes recintos sanitarios, incentivando a la ciudadanía a acudir a los centros de salud comunales de menor complejidad cuando se trata de resolver situaciones menos graves. La idea, han dicho desde el Ejecutivo, es que además de quienes están en Fonasa, tanto individuos afiliados a isapres como de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería acudan a este tipo de establecimientos públicos.

Eso sí, la implementación ha sido lenta. Este plan comenzó con siete comunas, luego se sumaron 14 más en 2024, y este año se incorporaron siete nuevas localidades: Chiguayante, Constitución, Quellón, Putaendo, La Cisterna, Quillota y Conchalí. De esta manera, el programa abarca un total de 35 localidades.

El tema es que el no tener resultados concretos, porque el Ejecutivo no sabe el tipo de gente que se atiende desde implementado el piloto, también ha sido tema de debate. Por esta razón, en la negociación de la Ley de Presupuesto de 2025 se estableció un nuevo protocolo bajo el que Salud debe presentar indicadores del plan dos veces al año.

En ese contexto, el pasado 13 de enero la Subsecretaría de Redes Asistenciales presentó al Congreso un reporte para dar cuenta del avance del llamado “corazón de la reforma”. Y aunque hay algunas cifras, al momento de detallar aspectos como el gasto por persona, el informe señala que “por la naturaleza del programa, que implementa estrategias dirigidas a toda la población inscrita en los establecimientos de atención primaria de la comuna, no es posible diferenciar el gasto por persona”.

Lo mismo ocurre con la tasa de uso por parte de la población beneficiaria, ya que no se lleva un registro de las personas atendidas desde el inicio del piloto, ni se diferencia si provienen de isapres, Fonasa u otros sistemas. Además, en algunas comunas fue imposible registrar ciertos indicadores como la utilización de servicios.

Esto desató, una vez más, la molestia de parlamentarios y expertos que cuestionaron la falta de datos para evaluar su impacto. Eso sí, el gobierno defiende que el programa aún está en ejecución.

Ahora, quien quedará a cargo de continuar con la reforma es Jeannette Vega.

En paralelo a esa reforma y de acuerdo con los compromisos establecidos en la ley corta de isapres, el Ejecutivo ha enviado tres proyectos de ley destinados a reformar el sistema de salud. Uno de estos propone eliminar las preexistencias en el sistema privado de seguros, otro busca fortalecer Fonasa y, finalmente, un tercero que refuerza la Superintendencia de Salud.

Desde el próximo martes, el especialista deberá hacerse cargo de uno de los mayores retos que hay en el sector salud: las listas de espera, que también es una de las principales preocupaciones del gobierno. El tema, de hecho, ha marcado toda la gestión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y le ha traído más de un dolor de cabeza: a inicios de año fue interpelada en la Cámara de Diputadas y Diputados por el aumento de las listas y por las personas que fallecieron esperando atención.

Martorell no tiene el tiempo a su favor: en menos de un año de gestión deberá cumplir la promesa del Presidente Boric de bajar los tiempos de espera de cirugía a 200 días, pero de acuerdo con el último informe de su subsecretaría, al 31 de diciembre de 2024 se contabilizaron 390.229 cirugías en espera y 2.601.084 consultas de especialidad. La mediana de espera para estas prestaciones es de 29 y 240 días, respectivamente.