De la defensa de Jadue al mea culpa por su rol en el estallido social: las resoluciones del último congreso del PC

Concluido el XXVII Congreso Nacional del Partido Comunista, quedaba pendiente conocer las resoluciones que se generaron con base en la discusión del informe central que fue revisado por 20 comisiones integradas por los delegados nacionales de la colectividad.

Gran parte del texto -de 27 páginas- reafirma lo que había dicho el recientemente ratificado presidente del PC, Lautaro Carmona, durante la ceremonia de inauguración del congreso el 10 de enero recién pasado. Pero también habla de otros temas o refuerza ideas conocidas ante la opinión pública.

Respecto a Venezuela, “se manifiestan críticas al proceso que se vive actualmente en el país hermano, distinguiendo valoraciones entre la defensa del proceso bolivariano y el liderazgo de Nicolás Maduro”.

Sin embargo, no entran al fondo sobre su perspectiva, pese a que Carmona ya afirmó que tienen “una mirada distinta respecto a muchos procesos internacionales de las que tiene el gobierno”. Así, según el documento, “se identifican vacíos para hacer una evaluación acabada de los hechos, razón por la que se requiere profundizar a la brevedad el debate”.

Mientras, al final del informe mencionan a su exabanderado presidencial y otrora alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien actualmente está con arresto domiciliario parcial en medio de la investigación en su contra por presuntos delitos de corrupción cometidos mientras presidía la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

“Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con el compañero Daniel Jadue ante la injusta persecución que busca anular el proyecto político popular de Recoleta y perjudicar la acción política de nuestro partido”, afirman.

En un punto denominado “La política de revolución democrática”, dicen que “para enfrentar el avance de la derecha, es crucial organizar las demandas sociales, fortalecer los movimientos de masas y promover la más amplia unidad de los sectores democráticos”.

Y por lo mismo proponen “derogar la prohibición que impide a los dirigentes sindicales postular a cargos de representación popular”.

Como autocrítica en estos temas, dicen que “la debilidad en el trabajo de masas ha llevado a perder espacios fundamentales con sectores sociales clave y ha reducido el poder del partido en la política de alianzas”.

Más adelante mencionan, dentro de lo que identifican como “desafío electoral”, los resultados de las últimas elecciones municipales y regionales. Aquí aseveran que “hemos sido incapaces de realizar definiciones políticas que nos permitan una electividad acorde al peso político y electoral que tenemos, cayendo incluso en improvisaciones que han tenido altos costos”.

En cuanto a los aprendizajes del estallido de 2019, reconocen que “el partido no estuvo a la altura de los requerimientos de conducción durante la revuelta social. Faltó capacidad de anticipación y una lectura adecuada del contexto que permitiera liderar el proceso”.

Deslizan una crítica a la salida institucional, porque “favoreció la preservación del statu quo, limitando el desarrollo de políticas públicas que respondieran a las demandas populares”.

Pero no es todo. También indican que “la desconexión del partido con las masas y la debilidad de su organización social han sido elementos estructurales que limitaron su capacidad de acción. Un partido pequeño, con bajo poder de organización y escasa inserción en los sectores populares, no logró canalizar el potencial transformador de la revuelta hacia cambios profundos”.

Para los comunistas, además, la búsqueda de cambiar la constitución no está cerrada. “El cambio constitucional sigue siendo una demanda vigente. Es necesario reflexionar críticamente sobre los procesos anteriores y construir estrategias que prioricen las demandas populares, fomenten la unidad política y movilicen al pueblo en torno a un proyecto transformador que recupere el impulso por una nueva constitución”, detallan.

En la última etapa de la administración Boric, de la cual son parte y donde tienen cuatro ministros, señalan que la colectividad “debe realizar una autocrítica por la falta de seguimiento a las víctimas del estallido social y la insuficiente reivindicación de sus demandas”.

“Omisiones” que, para ellos, “debilitan nuestra capacidad de transformar el descontento en acción política organizada. Además, la derecha ha capitalizado su control mediático y político, descalificando el proceso constitucional y levantando demandas populistas, lo que refuerza la necesidad de disputar estos espacios ideológicos con propuestas claras y soluciones concretas a los problemas de la población”.

En específico sobre el periodo final de gobierno, adelantan que “debería estar marcado por una mayor audacia política para lograr avanzar con éxito en esas transformaciones (reforma previsional, fin del CAE y plan de búsqueda, entre otras) y así incrementar las posibilidades de conquistar un nuevo gobierno transformador, pues un triunfo de la derecha sería extremadamente perjudicial para el pueblo”.

Respecto a pensiones, dicen que “el partido debe hacer todos los esfuerzos para que se apruebe una reforma que logre el objetivo de mejorar las pensiones actuales y terminar con los abusos de las AFP, para generar las condiciones para terminar con ese sistema”.

Sobre seguridad, plantean críticas a proyectos aprobados en este gobierno. “El reconocimiento de la relevancia de esta demanda implica que todos los avances en materia legislativa relacionados con la seguridad deben respetar los DD.HH., vigilando que no se vulneren los derechos del pueblo ni se le criminalice, como ocurre con algunos aspectos de la Ley Naín-Retamal. Por lo mismo, la reforma a Carabineros aparece como una cuestión urgente, así como la desmilitarización del Wallmapu”, subraya.

Este informe marca los lineamientos que tendrán que llevar adelante tanto Lautaro Carmona como Bárbara Figueroa como representantes institucionales del Partido Comunista. Pero también será parte de lo que deberá encabezar quien sea que termine siendo su abanderado presidencial.

Recordemos que ambos, tras el pleno del comité central desarrollado este sábado, fueron ratificados de forma unánime en sus cargos de presidente y secretaria general.

Por ahora queda pendiente, entre otros temas internos, la definición de los 16 miembros de la comisión política, por lo que el pleno deberá volver a reunirse. Todavía no hay fecha definida, pero las conversaciones están en desarrollo, ya que el encuentro será presencial.

Una discusión que también se plantea en medio de divisiones internas del partido, que en el mismo informe del congreso se pide ponerles fin. “Se hace el llamado de romper con el relato de la existencia de fracciones dentro del partido, disputando la intervención que los medios quieren hacer en nuestra dinámica interna, como también sucede con la falsa disputa generacional”, subraya el texto.