¿De ocho años de cárcel a una pena en libertad?: el revés de la fiscal Chong ante excarabinero por caso puente Pío Nono

Ocho años de cárcel por homicidio frustrado fue la pena que solicitó en 2022 la titular de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, en contra del excarabinero Sebastián Zamora, quien era sindicado como el funcionario que había impulsado a un joven desde el puente Pío Nono hasta las aguas del río Mapocho, en octubre de 2020.

El sujeto, que en ese entonces tenía 16 años y participaba en manifestaciones que se desarrollaban en el sector, se fracturó las muñecas y golpeó en la cabeza, por lo que la persecutora no titubeó en presentar acusación en su contra bajo la calificación de homicidio frustrado.

Según relató durante la indagación, “el imputado (…) se abalanzó en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos, e impulsándolo, de tal forma que lo elevó sobre la baranda en cuestión, y lo hizo caer de cabeza hacia el río Mapocho”.

Apoyando esos planteamientos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez se sumaron como querellantes, resaltando la responsabilidad que tendría en los hechos Zamora.

Pese a ello, y a la severidad de las imputaciones, hace algunos días el fiscal Francisco Ledezma cambió el rumbo de la causa y audiencia para llevar a procedimiento abreviado al exuniformado, lo que implica, en la práctica, que deberá rebajar la pretensión de pena en contra de Zamora.

De esta forma, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago citó a todos los intervinientes para el próximo 30 de enero a las 10.00 h.

Sin embargo, como dicha decisión se adoptó luego de que la Corte de Santiago acogió un recurso de apelación de la defensa respecto del auto de apertura del juicio oral y sin un acuerdo previo entre las partes, cercanos al excarabinero comentaron a este medio que no es seguro que acepten dicho procedimiento.

Si bien ir a abreviado implicaría, en caso de ser condenado, tener una pena menor a la inicialmente solicitada, desde el entorno del otrora funcionario recalcan que él sigue considerando que es inocente y que su intención nunca fue empujar ni lanzar al joven al río, sino detenerlo. Aseguran, en ese sentido, que no aceptaría responsabilidad por hechos que cree no haber cometido.

Por lo mismo, sostienen las mismas fuentes, Sebastián Zamora estaría evaluando rechazar un abreviado e insistir en que en un juicio oral, eventualmente, se le absuelva de todos los cargos.

Pese a ello, desde la Fiscalía Centro Norte indicaron: “La solicitud de un procedimiento abreviado corresponde a una facultad que tiene la Fiscalía de acuerdo a la normativa vigente y forma parte de una decisión de equipo. Los detalles de la investigación de esta causa serán expuestos en la audiencia respectiva”.

Consultado respecto de la determinación de la Fiscalía, el abogado del imputado -que desde hace algunos meses trabaja con Chiara Barchiesi en el Congreso-, manifestó que, a juicio de ellos, es una resolución “bastante tardía”

“La Fiscalía tuvo abierta la investigación por dos años y ya se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, pero hacen uso de sus facultades legales y la defensa evaluará las distintas opciones, pero teniendo presente que la intención de mi representado, concordante con sus movimientos corporales fue la de detener o atrapar al joven que se encontraba en situación de flagrancia”, comentó el penalista Alejandro Peña.

Agregó, en el mismo sentido, que Zamora “jamás tuvo la intención de arrojarlo (al adolescente) al lecho del río para causarle lesiones o la muerte, esos son los elementos que estamos ponderando”.

Los argumentos de la defensa tienen como sustento clave un peritaje que, inicialmente, había sido excluido en medio de la preparación del juicio oral. Este dice relación con un informe “gesto – motor” firmado por el profesor de educación física y entrenador de rugby Pedro Pavés, y que concluye que la acción del entonces carabinero buscaba atrapar y no lanzar al joven Anthony Araya al río.

Pues bien, tras recurrir de apelación la Corte estimó que dicho informe debe ser considerado como prueba.

“Su deposición en el juicio oral no puede ser descartada sin más, toda vez que la defensa pretende explicar con su testimonio y las fotografías que emanan de la pericia su teoría de descargo, por lo que aparece revestida de fundamento plausible para que sea el tribunal competente el que la analice conjuntamente con los demás medios probatorios”, sostiene la resolución emitida por la Novena Sala del tribunal del alzada el lunes 22 de enero.

El caso de Anthony Araya, en su momento, se tomó la atención público y fueron diversas las autoridades que condenaron la situación que enfrentó.

Tras cumplir 18 años concedió una entrevista a El Desconcierto, donde manifestó: “Lo que más quiero es estar en un juicio con él (Sebastián Zamora), cara a cara. Quiero verlo, a ver qué me dice (...) Es un asesino, él no debería seguir en la institución”.

Según publicó el mismo medio, en 2021 comenzó a estudiar en un dos por uno y retomó sus entrenamientos de fútbol. Es vecino de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto y por decreto firmado con fecha 7 de septiembre de 2022, es uno de los beneficiarios de las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social.

En mayo de 2021, de acuerdo con reportes policiales de ese entonces, fue detenido por efectivos de Carabineros tras participar de los rayados que afectaron el monumento del fallido exsenador Jaime Guzmán.