De Toledo (Pte. Alto) a Reyes (La Florida): cómo se gestó el acuerdo de seguridad entre alcaldes en medio del debate por nueva ley

Avenida La Florida con Trinidad, en el límite entre La Florida de Daniel Reyes (ind. UDI) y el Puente Alto de Matías Toledo (ind. cercano al Partido Igualdad), fue el lugar escogido para la firma de un acuerdo de seguridad municipal que también incluyó a otros cuatro ediles: Eduardo Espinoza (Macul, republicano), Cristóbal Labra (San Joaquín, ind. cercano al PC), Jaime Escudero (Pirque, ind. PPD) y Roberto Pérez (San José de Maipo, Partido Radical).

Hasta ahí un acuerdo más de muchos otros de colaboración que han firmado diversas comunas desde hace varios años, si no fuera porque este se da entre municipios cuyos alcaldes pertenecen a un variado espectro político, con cercanías que van desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, y en un contexto en que la discusión por la Ley de Seguridad Municipal y sus alcances tiene enfrentados a quienes pretenden incluir en ella el uso de armas no letales de parte de los inspectores municipales, y quienes consideran que no debe ser una atribución de estos o, bien, que quieren dejar esa discusión para más adelante. En este último grupo ha entrado gran parte del oficialismo y el Ejecutivo.

“Los alcaldes de la zona suroriente de Santiago, correspondiente a las comunas de La Florida, Puente Alto, Macul, San Joaquín, Pirque y San José de Maipo, firman un inédito acuerdo que contempla un paquete de medidas concretas para combatir la crisis de seguridad que afecta a estas comunas con más de un millón y medio de habitantes, fortaleciendo el trabajo conjunto en materia de prevención del delito”, se leía en la convocatoria del acto realizado este miércoles, la que sumaba que la firma “se trata de un compromiso transversal que contempla operativos conjuntos de fiscalización; impulsar el uso de armas no letales; compartir tecnologías como cámaras y comunicación en tiempo real para atacar delitos; tipificar el delito de atentado contra funcionarios de seguridad y otras acciones coordinadas en materia de prevención y protección ciudadana”.

Por eso la relevancia de este acuerdo, que antes de firmarse tuvo una intensa semana de negociaciones, fruto, quizás, de lo que comunicacionalmente implica que comunas de un variado espectro político sigan presionando por las armas no letales para sus funcionarios municipales.

Quienes conocen del acuerdo dicen que este comenzó a ser empujado por el alcalde Reyes y que la idea surgió durante la semana pasada por todo lo que se estaba articulando y discutiendo en torno a la ley y, en específico, del uso de armas no letales y la idea de postergar esa discusión, centrando la actualidad en otros debates.

Esto, a ojos de los alcaldes que suscriben este acuerdo, se considera erróneo porque, dicen, su realidad es más dura, con funcionarios que tienen la necesidad actual de tener elementos de defensa. Y ahí, para no hacer de este convenio un punto partidista, se pensó en conseguir apoyos transversales e intentar aglutinar a municipios de diversos colores políticos. Los primeros invitados, dicen conocedores de la trama, fueron Peñalolén, La Pintana, Puente Alto y Macul, y que los dos primeros dijeron que no. Luego, desde La Florida se conversó con el alcalde Cristóbal Labra y algunos entendidos señalan que él, cercano al PC, abrió la puerta al mundo más de izquierda, sumando a Matías Toledo. Posteriormente también se unió Eduardo Espinoza desde Macul.

Y aunque otros entendidos reseñan que en algún minuto La Pintana intentó subirse al acuerdo, desde el gabinete de la alcaldesa aseguran que esta invitación no se ha rechazado y que esperan reunirse con los involucrados para estudiarlo en profundidad. Desde la Municipalidad de Peñalolén, en tanto, afirman que “nos invitaron hace un par de semanas a una actividad al respecto, que finalmente no se hizo. Luego no recibimos una nueva invitación”.

Como sea, lo cierto es que este lunes por la noche, en una reunión en Puente Alto, finalmente se zanjó que serían esos seis municipios los que suscribirían el acuerdo.

“Aunque tenemos diferencias en términos políticos, estamos poniendo el interés de la comunidad por delante (...) Por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy día, porque más allá de nuestras legítimas diferencias está representado el espectro político más amplio que podría haber en este país. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones mínimas”, dijo tras la pauta el alcalde Reyes, quien sumó que “se requiere la aprobación del proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso, pero es un proyecto que se queda corto. Requerimos incorporar un nuevo tipo penal, incorporar la posibilidad de portar armas no letales como las pistolas taser u otras de carácter traumático”.

Por su parte, Toledo señaló que “este convenio tiene dos dimensiones: una operativa, que es la que les interesa a nuestros vecinos, y otro punto importante es el político. Hay alcaldes de izquierda y de derecha, de diferentes partidos, que nos estamos poniendo de acuerdo para decir ‘la seguridad está primero’. Si los alcaldes tuviéramos la discusión del Congreso lo más probable es que los proyectos de seguridad ya se habrían aprobado, porque es lo más importante para nosotros. Por eso esto es importante, es una señal política no solo al gobierno, sino que a la oposición”.

Labra, en tanto, hizo “un llamado al gobierno, a los parlamentarios, a todos, que nos entreguen las herramientas necesarias para hacer lo que tenemos que desarrollar, que es aportar a la seguridad comunitaria. No queremos reemplazar a las policías, lo hemos dejado superclaro, pero necesitamos las herramientas porque llegamos primero que las policías, eso está estadísticamente comprobado”.

“En La Florida, a 19 de marzo de 2025, entre la Municipalidad de La Florida, representada por su alcalde don Daniel Adolfo Reyes Morales; la Municipalidad de Puente Alto, representada por su alcalde don Matías Jair Toledo Herrera; la Municipalidad de Macul, representada por su alcalde don Eduardo René Espinoza Gaete; la Municipalidad de San Joaquín, representada por su alcalde don Cristóbal Amaro Labra Bassa; la Municipalidad de Pirque, representada por su alcalde don Jaime Francisco Escudero Ramos, y la Municipalidad de San José de Maipo, representada por su alcalde don Roberto Ulises Pérez Catalán, se ha acordado celebrar el siguiente convenio de colaboración”.

Así comienza el “Convenio de cooperación, colaboración y ayuda mutua” entre los municipios ya descritos.

En el mismo escrito se detalla que la cooperación apuntará, específicamente, a la realización de operativos conjuntos entre los equipos de seguridad de las municipalidades; planificar, coordinar y ejecutar operativos de fiscalización y patrullaje conjunto. “Estos operativos estarán orientados a combatir directamente el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común y el comercio ambulante ilegal, mediante la generación de calendarios de intervención y protocolos comunes de actuación que permitan fortalecer la presencia territorial en nuestras comunas, especialmente en sectores críticos y zonas limítrofes”, se lee.

Asimismo, las municipalidades compartirán tecnología y generarán una red de apoyo intercomunal. “Estableceremos una red de intercambio y colaboración tecnológica que facilite el uso compartido de herramientas como cámaras de vigilancia, drones, softwares de análisis de datos, sistemas de reconocimiento de patentes y plataformas de inteligencia municipal. Esto incluye también el acceso conjunto a centros de monitoreo, cuando sea necesario, con el fin de maximizar la cobertura y eficiencia del trabajo preventivo y reactivo ante situaciones de emergencia o delitos en curso, promoviendo la interoperabilidad de nuestras plataformas y canales tecnológicos de vigilancia”.

Del mismo modo, el convenio señala que se creará una red de comunicación directa y constante entre los equipos de seguridad de cada municipio, que permita compartir en tiempo real información sobre delitos, personas sospechosas, vehículos involucrados en hechos delictuales y situaciones que requieran intervención conjunta. “Esta red incluirá canales de comunicación formal y rápida, tales como la implementación de una aplicación segura, grupos de coordinación y reuniones periódicas, fortaleciendo la cooperación inmediata ante hechos que afecten simultáneamente a más de una comuna o que requieran respuesta rápida y coordinada”, se lee.

Luego es posible observar el punto en discordia actualmente: “Impulsar que la legislación contemple la autorización del uso de armas no letales, tales como las pistolas taser, bolas wrap y el uso de armas traumáticas para los funcionarios municipales de seguridad, como elemento disuasivo y preventivo, que incremente su capacidad de respuesta frente a situaciones delictuales, respetando siempre los derechos humanos”. Y suma: “La creación de un estatuto especial de seguridad municipal, que permita establecer un escalafón específico para el personal de seguridad dentro de las plantas municipales, otorgando estabilidad, carrera funcionaria y formación continua, acorde a la relevancia y riesgo de sus funciones. Que la legislación penal contemple la tipificación específica del delito de atentado contra funcionarios de seguridad municipal ampliando los artículos 261 y 269 del Código Penal, asimilando la función y derechos del inspector municipal a la de los funcionarios de Orden y Seguridad”.