El debate que enfrentará María Luisa Brahm cuando el gobierno llegue al TC

Todavía no hay fecha para que el gobierno llegue al Tribunal Constitucional por el proyecto de rebaja laboral de 40 horas que aprobó la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados esta semana a contrapelo de La Moneda.  Pero la decisión de pelear la constitucionalidad del proyecto de la diputada Camila Vallejo (PC) está clara. Lo reafirmó esta misma semana el Presidente Sebastián Piñera en Meganoticias: "Un Presidente no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución", argumentó.

Cuando se materialice, la pelea constitucional por el proyecto de 40 horas será el primer debate público que enfrentará la actual presidenta del TC, María Luisa Brahm, quien asumió funciones el 28 de agosto en reemplazo del ministro Iván Aróstica.

Las expectativas sobre la gestión de Brahm en el TC son altas. Se espera que la abogada inicie reformas profundas en el organismo, que se agilicen causas y se normalicen los diálogos institucionales que se vieron truncados durante el periodo anterior. Sin embargo, en el gobierno y en el entorno de la abogada están claros de que un punto que la oposición sacará a la luz cada vez que llegue un requerimiento del Ejecutivo al TC -y se esperan varios- será su vínculo con la administración de Sebastián Piñera, que la nombró en el cargo después de ser jefa de asesores del segundo Piso de La Moneda.

"Si quisiera seguir los estándares estándares internacionales de buenas prácticas, ella debiera recusarse", dice el constitucionalista de la UDP, Javier Couso.

El abogado hace el punto, en que, está a la vista que el reglamento del TC no obliga a la inhabilidad de su nueva presidenta por su vínculo anterior con la administración de Piñera, sí debiera haber un gesto de su parte.  

"Dicho esto, las buenas prácticas internacionales (ahi está el ejemplo de Lord Leonard Hoffman en el caso Pinochet, en que por supuesto la señora de Hoffman no era "parte" del caso, sino que La institución con que ella colaboraba, Amnesty International), recomiendan que ante la más mínima duda acerca de los lazos entre un juez y una de las partes pudiera influenciarlo (algo que claramente ocurre en el caso de Brahm en este caso) se considera prudente que se abstenga de participar en el caso", insiste Couso.

El constitucionalista Tomas Jordán, y ex asesor de la Segpres, alude a que en vista que "el TC no tiene regla, por lo tanto, sus ministros deben ponderar la implicancia de su relación a su ex jefe que los nombró".

Un abogado que está estudiando el caso de 40 horas, recalca que no caben cuestionamientos previos a Brahm dado que los nominados en el TC del gobierno anterior -Jose Antonio Viera Gallo, Carlos Carmona o Jorge Correa Sutil- nunca se abstuvieron de revisar causa enviadas por el Ejecutivo.

El exministro José Antonio Viera Gallo reconoce que nunca se inhabilitó, aunque recalca que siempre voto con independencia del gobierno de Michelle Bachelet que lo nombró.

"Cada ministro tienen el deber de la  infidelidad, es decir ser independiente de la persona que lo designó. A mi me designó Bachelet y no vote nunca por simpatía. Eso se espera de cada juez", aseguró.