“Debe haber procesos penales”: director de Servicio de Salud Norte por informe que sugiere corrupción en el Hospital San José

A quien se le pregunte al interior del establecimiento sostiene que el informe que la Contraloría General de la República realizó sobre el Hospital San José se queda corto sobre la realidad que se vive en el centro asistencial. Por eso, que la auditoría financiera revelara falencias en su gestión contable, inventario y contrataciones, aludiendo que existen riesgos de fraude y corrupción durante 2020 y 2022, no sorprendió a nadie.

Sin embargo, el director del Servicio de Salud Norte, Antonio Infante, asegura a La Tercera que “sabía que el hospital tenía muchos espacios críticos, pero nunca esperé algo tan grave y masivo como el informe de Contraloría que nos llegó”.

En concreto, la auditoría financiera da cuenta de una subvaloración en la deuda contabilizada del hospital, por la suma de $3.174.484.573. De dicha suma, existen 4.871 documentos no devengados contablemente por $1.900.615.430, además de 1.029 documentos por $1.397.855.210, que corresponden a insumos que no cuentan con registro en la bodega y cuyas facturas no se encuentran rechazadas.

También se encontraron en el inventario insumos que habían sido comprados y que no habían sido usados en todos estos años, y que juntos constituyen un gasto de al menos $708.098.890.

Y aunque la investigación de la entidad corresponde a dos años, quienes conocen la interna del establecimiento aseguran que este es un problema que se viene arrastrando hace años y que la responsabilidad no recae solo en la administración actual que lidera Patricio Vera. Incluso, Infante cuenta que cuando asumió el cargo de director de servicio en septiembre del año pasado sabía que tendría que lidiar con la problemática del San José.

“Este hospital ha tenido 22 directores en 25 años, la mayor parte de sus cargos de segundo nivel son subrogantes, entonces es imposible pensar que aquí las cosas anduvieran bien. Efectivamente sabía que venía a un servicio complejo, es un servicio que dentro del ranking de los servicios de salud en Chile está entre los peores, y el Hospital San José dentro del ranking de los hospitales públicos complejos también está en los últimos lugares. Claramente sabía que venía a una situación que requería una intervención para dar estabilidad”, relata el especialista en salud pública.

Pero que la situación fuera una especie de secreto a voces también levanta críticas entre los funcionarios del centro asistencial, pues se cuestionan que las autoridades no hayan intervenido antes o que no se hayan tomado medidas para frenar estas malas prácticas que eran conocidas.

“Esta situación ha sido denunciada por todas las agrupaciones gremiales del hospital durante años y ha sido informada en todas las auditorías internas, las cuales se han entregado mensualmente a los sucesivos directores del hospital. Estas auditorías, realizadas por el Departamento de Auditoría del Servicio Norte, también se han enviado al Consejo de Auditoría General de Gobierno y, en algunos casos, al Departamento de Auditoría Ministerial. Por lo tanto, nadie puede alegar desconocimiento de esta situación ni decir que es una novedad o que recién se ha señalado”, es parte de las intervenciones que los funcionarios realizaban esta mañana a través de sus chats internos.

En ese contexto, Infante aclara que desde el servicio es difícil hacer cambios más drásticos, debido al control que pueden tener sobre los centros que administran. Y además es complicado hacerlo con tanto cambio administrativo: “Los servicios también tienen rotación de directivos y los hospitales tienen una cosa que se llama autogestión, que es una autonomía relativa porque siguen siendo parte de la red asistencial, pero particularmente en el área financiera la autogestión les da muchas libertades en que los servicios no se pueden meter. Por lo tanto, uno piensa que dentro de ese desgobierno de rotaciones de directivos pudo haber sucedido lo que la Contraloría encuentra”.

Y aunque el informe revela que hay riesgo de corrupción, el director sostiene que es muy prematuro afirmar esa tesis, pero sí están abiertos a colaborar con la investigación y tomar las sanciones que sean necesarias: “Lo que hay es un desorden y dentro del desorden podríamos encontrar temas de corrupción, eso va a quedar en manos de la Contraloría y Ministerio Público. Nosotros vamos a abrir toda nuestra fuente de información, para que, si hay corrupción, esa gente sea procesada y el poder judicial la mande a tribunales, no basta con que las destituyamos, aquí debe haber procesos penales contra gente que eventualmente ha olvidado su función de trabajador del sistema público”.

Por también descarta que ahora se destituya a alguien o se inicie un sumario. “Dependerá de la investigación”.