Del rector Peña a consejera Veloso: la propuesta transversal de 18 académicos para reformar nombramientos que mira con especial interés el gobierno

Fue cerca de un mes y medio -entre el 18 de abril y el 30 de mayo- que un grupo transversal de 18 abogados se reunió para abordar una temáticas que las últimas semanas se ha vuelto más que polémica: el sistema de nombramiento de jueces.

Es que si bien desde hace años que se habla de reformar la fórmula actual, con el surgimiento de nuevos antecedentes sobre presunto tráfico de influencias en las designaciones el asunto volvió con fuerza a la palestra. Hasta la propia Corte Suprema anunció una mesa de trabajo para proponer un modelo en base a consenso con otras entidades.

Así, en medio del debate, recientemente el gobierno recibió el documento elaborado por el mencionado grupo de profesionales, que se abocó particularmente al nombramiento de ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones. Esto, solo por pragmatismo, como expusieron.

De hecho, plantearon: “Una modificación integral de la judicatura podría ser deseable. Tal modificación, sin embargo, no está exenta de riesgos y debe ser hecha cuidadosamente. La judicatura chilena tiene altos niveles de independencia y probidad, que una reforma integral podría comprometer. Por otra parte, es improbable que haya oportunidades para una reforma integral. Por eso se ha encarado solo la cuestión de los nombramientos y en los niveles ya indicados”.

Mencionaron, de todas maneras, que “consideran que una reforma que siguiera las líneas propuestas importaría una mejora significativa al actual sistema de designación de jueces de los tribunales superiores de justicia”, y por lo mismo, desde el Ejecutivo la observan con especial atención.

Así, a modo de preámbulo, los abogados hicieron presente que “es necesario que en los nombramientos intervengan personas que sigan métodos que aseguren evaluar las capacidades de interpretación y aplicación del derecho en casos concretos y para identificar distintas concepciones del derecho”. Deben garantizar, asimismo, “un examen profundo de los candidatos y que todos los órganos que intervengan en los nombramientos procedan deliberativamente y estén dotados de suficiente autonomía”.

Para la adecuada designación, los profesionales consideraron necesario fijar dos etapas. La primera, ante una comisión de nombramientos, y la segunda, ante el Presidente de la República.

La comisión -creada solo con el propósito de nombramientos-, a juicio de los integrantes del grupo de abogados, debería elaborar una terna de candidatos ordenados jerárquicamente. Para conformar esa terna, indican, la comisión tendría que aprobar por una mayoría de dos tercios de sus miembros la incorporación de cada uno de los tres candidatos, en votaciones separadas.

Proponen que la instancia tenga una integración de no menos de seis ni más de nueve miembros, algunos de ellos jueces o exministros de la Corte Suprema o de las cortes de apelaciones. “Los demás miembros debieran ser abogados que se hayan destacado por un número de años en el ejercicio de la profesión o la enseñanza del derecho, algunos designados por el Presidente de la República y, otros, por la Comisión de Constitución del Senado”, sostuvieron.

La idea, como mencionaron, es evitar que surjan facciones dentro de la judicatura. “Por eso no resulta aconsejable que dichos miembros sean elegidos en votaciones por los propios jueces. En lugar de votaciones, se podría recurrir a la antigüedad, a la elección entre un número reducido de los más antiguos o al sorteo de entre un universo de jueces que cumpla determinadas condiciones”, complementaron.

“Los miembros de la comisión serían independientes del órgano que los nombró, gozando de inamovilidad por un período fijo. Las causales de cesación en el cargo debieran estar señaladas en la ley. La renovación de la comisión debiera hacerse por parcialidades, tanto para evitar la excesiva influencia de una autoridad, como para garantizar la memoria institucional y permitir el desarrollo de políticas de nombramiento estables en el tiempo”, propusieron.

Aconsejan, en el mismo sentido, complementar la integración de la instancia con uno o más ministros de la corte cuya vacante toca proveer. Esto, aseguraron, permitiría a la comisión contar con información directa sobre las necesidades de dicha corte.

Para la selección de los candidatos, manifestaron los abogados, la comisión tendría que convocar a concurso público cada vez que se produjera una vacante, recibiendo no solo la información que le envíen los postulantes. A juicio de los profesionales, la instancia debiera recabar activamente información sobre el desempeño profesional de los aspirantes, recibiendo en audiencia a quienes hayan trabajado directamente con dichos postulantes, además de recibir la información que cualquiera le quiera proveer.

La comisión deberá “formar la terna previo examen de todos los antecedentes de cada uno de los postulantes, con el auxilio de su secretaría técnica”, manifestaron, y tras ello enviarla al Presidente, quien en un plazo de cinco días -para los abogados- deberá escoger a un candidato. Si no lo hace en ese plazo, se nombrará a quien encabece el listado.

“En régimen, lo normal sería que el nombrado fuera quien encabezara la terna. Parece, sin embargo, adecuado dejar un limitado control político en manos del Presidente. El breve plazo para que ejerza este control tiene por objeto disminuir el riesgo de influencia externa en los nombramientos”, concluye la propuesta.

1. Isabel Aninat, decana, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.
2. Enrique Barros, profesor, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
3. Rodrigo Correa, profesor, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez, quien además ofició de coordinador del grupo de trabajo.
4. Jorge Correa, profesor, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
5. Guillermo Jiménez, profesor, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.
6. Domingo Lovera, profesor, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
7. Juan Carlos Marín G., profesor, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tecnológico de Monterrey.
8. Patricia Miranda, profesora, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
9. Diego Pardo, profesor, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.
10. Carlos Peña, rector, Universidad Diego Portales.
11. Patricia Pérez, exministra de justicia.
12. Catalina Salem, profesora, Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo.
13. Constanza Salgado, profesora, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.
14. Lucas Sierra, profesor, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
15. Sebastián Soto, profesor, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile.
16. Samuel Tschorne, profesor, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.
17. Verónica Undurraga, profesora, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.
18. Paulina Veloso, consejera, Consejo de Defensa del Estado.