Demandas entre hijos y contra el árbitro Herman Chadwick: La disputa por el patrimonio de US$1.200 millones de Jonás Gómez Gallo

La muerte en junio de 2019 del ex parlamentario radical por Antofagasta y Tarapacá Jonás Gómez Gallo a la edad de 95 años provocó un profundo quiebre en su núcleo más cercano.

Desde ese entonces, sus cuatro hijos -Jonás (66), Segundo (68), Magdalena (70) y Teresa (60)- mantienen una férrea batalla por el patrimonio familiar. Éste -avaluado en US$1.200 millones- fue forjado por Gómez Gallo, un empresario masón, hijo de inmigrantes españoles, hábil en los negocios y también en la política, que fundó la Distribuidora de Industrias Nacionales, más conocida como DIN, que que llegó a tener 36 tiendas en todo Chile.

Hoy, el conglomerado empresarial es controlador del Grupo Minero Carola-Coemin en la región de Atacama, con una producción de 200 mil toneladas de cobre fino. A ello se suma una participación minoritaria del 3% en la Clínica Las Condes, donde ocupan un escaño en el directorio. Además, el grupo familiar es propietario del Hotel Vespucci Suites y el hotel Copiapó, de yacimientos mineros y una serie de casas y departamentos en Chile y España.

El 31 de julio, Jonás Gómez Pacheco (ingeniero comercial) y sus hijos Jonás (34) y Pablo (32) presentaron una demanda de “cumplimiento forzado de contrato” en contra de sus tres hermanos, sus siete sobrinos, y Herman Chadwick Piñera, el juez árbitro que zanjó la disputa con un acuerdo firmado entre las partes el 23 de mayo de 2019, meses antes de que falleciera Gómez Gallo.

La acción que se ventila ante el 21º Juzgado Civil de Santiago busca obligar a los demandados al cumplimiento del acuerdo que estableció la repartición de bienes que incluyen activos y el patrimonio de una serie de personas jurídicas. Entre ellas, 16 sociedades comunes, como Inmobiliaria Conosur Limitada; Inversiones Tres Puntas S.A, Inversiones Vespucci Limitada, entre otras. Además de siete sociedades mineras, como SC Minera Carola; Coemin S.A. y Compañía Minera Tierra Amarilla S.A. entre otras.

El caso reúne a connotados abogados de la plaza. Jonás Gómez Pacheco y sus hijos son representados por los abogados Jorge Bofill, José Clemente Coz y Álvaro Jofré. Mientras que Segundo, Teresa y Magdalena y sus hijos son asesorados por José Manuel Bustamante y Felipe Bulnes, ex ministro de Justicia y Educación del primer gobierno de Sebastián Piñera.

En la demanda, a la que tuvo acceso La Tercera PM, se establece que todo comenzó cuando a finales de 2015, Segundo Gómez Pacheco decidió asumir un rol más activo en la administración de los negocios de la familia, que hasta entonces había estado en manos de su hermano Jonás. Un año después las familias decidieron separar el patrimonio que hasta esa fecha había sido administrado de manera conjunta luego de “diferencias irreconciliables”.

El acuerdo de repartición de bienes que en mayo de 2019 zanjó Herman Chadwick como juez árbitro consistía en que, al término del proceso, el grupo de Jonás Gómez Pacheco recibiría una tercera parte del valor económico de todos los activos que formaban la masa de bienes, en tanto el grupo que conforman Segundo, Teresa y Magdalena Gómez Pacheco recibiría las dos terceras partes restantes, para completar la división de la totalidad del patrimonio. El acuerdo estableció, además, que 382 inmuebles, ubicados desde Arica a Punta Arenas, serían sorteados con valores consensuados por las partes con anterioridad. Es así como las partes pactaron que se realizarían 8 sorteos de lotes de inmuebles; en cada sorteo esta parte tendría derecho a obtener o asignarse, mediante una tómbola con números, uno de los tres lotes de inmuebles, y los dos restantes serían adjudicados al grupo de los demandados.

El día 1 de agosto de 2019, el grupo demandado presentó un reclamo ante Chadwick, impugnando los resultados del sorteo, alegando que se habrían producido una serie de “errores de suma”. El árbitro decidió acoger el reclamo y ordenó a Jonás Gómez Pacheco y sus hijos a pagar a la contraparte 104.396 UF ($2.995 millones). Sin embargo, el 7 de octubre, el árbitro redujo la suma a 88.195 UF ($2.530 millones), luego de un recurso de reposición. Al poco tiempo después, otra discrepancia respecto a la valorización de los bienes reavivó el conflicto.

El segundo compromiso incumplido que acusa Jonás Gómez Pacheco es que el árbitro no confeccionó un inventario y tampoco se produjo el sorteo acordado como forma de distribución. En su lugar, según la demanda, el árbitro requirió a las sociedades sus balances (que incluyen un listado de activos físicos para efectos tributarios, pero con valores que no reflejan su precio comercial o de mercado) y luego, por sí y ante sí, decidió que todos y cada uno de los bienes que se encontraban al interior de los inmuebles y/o que les servían por destinación o adherencia, serían asignados al grupo que se había asignado el inmueble respectivo. Mientras, el propio juez árbitro (Chadwick) ha asegurado que no se realizó un inventario de los bienes debido a que se logró un acuerdo entre las partes.

En su demanda, Jonás Gómez Pacheco detalla el término de la relación con sus hermanos y la relevancia de la realización de una nueva auditoría. Según se asegura en el escrito, en octubre de 2019, él fue expulsado de las oficinas en que funcionaban las empresas del grupo ubicadas en Los Leones 927, Providencia.

“En dicha oportunidad, el demandado Segundo Gómez Pacheco, actuando con la arbitrariedad propia de un patrón de fundo de esos que son de triste memoria, contrató especialmente al efecto guardias de seguridad exclusivamente destinados a impedir, por la fuerza si era necesario, que cualquiera de los demandantes pudiéramos acceder al domicilio señalado, incluso, lugar en que se encontraban nuestras oficinas personales y numerosos bienes personales que, hasta la fecha, no hemos logrado recuperar, pues Segundo Gómez Pacheco se apropió de ellos”, consigna el escrito acogido a tramitación el pasado 13 de agosto.

“Desde entonces el grupo de los demandados asumió la administración de los negocios, incluyendo por cierto el principal activo -el minero-, dejando a nuestra parte en la condición de una minoría muda y sin posibilidades no solo ya de administrar, sino incluso de enterarse de la marcha de los negocios, pues junto con la expulsión física se produjo una interrupción del acceso a la información”, consignó en su escrito.

A la fecha, el directorio del Grupo Minero Carola-Coemin es presidido por Segundo Gómez Pacheco y declinó entregar su versión sobre las acusaciones que formuló su hermano en la demanda.

El primogénito de Gómez Gallo también recurrió contra el juez árbitro, Herman Chadwick.

El pasado 15 de junio, ante el 13º Juzgado Civil de Santiago, Jonás Gómez Pacheco junto a sus hijos presentaron una recusación en contra de Chadwick. En la acción aseguró que "al poco andar del procedimiento arbitral, esta parte descubrió que el señor Chadwick recibió una dádiva o regalo de parte de nuestra contraparte en el juicio (botella de whisky); y luego, amenazó al suscrito José Clemente Coz Léniz afirmando que dejaría de ser imparcial y comenzaría a resolver en contra de nuestros representados si no se lo mantenía en el directorio de las sociedades mineras antes referidas (a cambio de lo que percibía una millonaria dieta), y requería la anuencia de nuestros representados”.

Según la demanda, Chadwick ocupaba cargos de directorios al interior del conglomerado minero y luego de ser removido -al no contar con los votos de Jonás y sus hijos- “hizo reales sus amenazas de dejar de ser imparcial, y lo hizo con evidente saña y animadversión contra esta parte”. Según el escrito, el juez árbitro le embargó acciones por $3.000 millones a Jonás Gómez y sus hijos; aplicó sanciones en contra de sus abogados; y luego, “violó flagrantemente su obligación expresa en la manera de asignar las acciones de las sociedades mineras provocando, a sabiendas y deliberadamente, un perjuicio en exceso de US$300 millones a nuestros representados”.

Al tono con las fuertes acusaciones, la respuesta del juez árbitro Herman Chadwick fue con todo. El juez árbitro calificó en su contestación la recusación como “extemporánea” y “fundada en hechos falsos o descontextualizados”.

En el fondo de la discusión, la defensa del reclamante insiste en que el arbitraje aún no zanja por completo la manera en que se asignarán las acciones de las sociedades mineras del grupo familiar y la manera en que se adjudicarán los inmuebles que son propietarias las sociedades. Jonás Gómez presentó también un recurso de protección en contra de Chadwick, el cual fue declarado inadmisible el 1 de julio de 2020 por decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago.