Democracia Viva: RD “deja caer” a diputada Catalina Pérez en requerimiento ante la Fiscalía y abre la puerta a su citación como imputada

“Se cite a declarar a las dependencias del Ministerio Público, sea en calidad de imputados, testigos o víctimas, a todos las afiliados a Revolución Democrática nombrados en lo principal de esta presentación; a saber: Carlos Contreras, Daniel Andrade, Catalina Pérez, Paulina Cabrera, Cecilia Millán, Doris Pinto, Tomás Flores, Javiera Martínez Henríquez, Daniela Dresdner, Carolina Pérez, Tatiana Rojas y Camila Hernando”.

Esa solicitud está estampada en la primera querella que, el 27 de junio, presentó Revolución Democrática (RD) en la causa que lleva la Fiscalía de Antofagasta por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva, ONG representada por Daniel Andrade, quien al momento de los convenios por $426 millones era pareja de la diputada Catalina Pérez (RD). Eso hasta esa fecha, pues hubo cambio de criterios.

Revolución Democrática decidió hacer una modificación no menor respecto a la petición de diligencias que hicieron como querellantes, donde el nombre de la diputada Pérez volvió a ser puesto sobre la mesa, pero no como testigo.

El requerimiento lo envió la abogada Libertad Triviño, quien patrocina el libelo en representación de RD, al fiscal Cristián Aguilar para tomar declaración a las personas mencionadas en la primera querella. “Las personas que fueron mencionadas en nuestra querella-salvo los Sres. Andrade, Contreras y la Sra. Pérez- para ser citados a declarar en calidad de testigos, ya que han sido vinculados de algún modo con la fundación Democracia Viva, sea como directoras, encargadas de proyectos, superiores jerárquicos, en la administración pública, o relacionadas con las anteriores, por lo que, en función de su cargo pudieron haber tenido conocimiento de los antecedentes materia de investigación y específicamente de los convenios suscritos entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Cabe señalar que todas las personas mencionadas, son, asimismo, afiliadas a Revolución Democrática”, dice el texto.

A medida que avanza la investigación el panorama judicial y sus protagonistas se van ampliando. El último antecedente, por ejemplo, dio cuenta de un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en que advertía que “conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”.

De esta manera, el nombre de la diputada Pérez era vinculado por primera vez en una pieza policial del caso, lo que tiene al Ministerio Público indagando cuáles serían sus implicancias en la causa, a través de la toma de declaraciones y revisión de antecedentes.

Consultada por La Tercera, Triviño explicó que “nosotros como querellantes dirigimos nuestra acción en contra de los señores Andrade y Contreras, así como contra quienes resulten responsables. También solicitamos que se cite a declarar a Catalina Pérez en la calidad que el Ministerio Público considere que es la adecuada, cuestión que a nosotros no nos corresponde. Lo que a mi representado le interesa es que las responsabilidades sean asumidas y colaborar en lo que sea necesario. En esa línea hemos solicitado que se citen a declarar en calidad de testigos a otras personas que puedan aportar antecedentes a la investigación”.

Quienes conocieron sobre la elaboración del documento explican que, en la indagatoria, Andrade y Contreras figuran claramente en calidad de imputados, pero que con el transcurso de la investigación existirían sospechas sobre el rol de Pérez en el caso. Por lo mismo, prefirieron especificar que el resto de los mencionados en la primera querella fueran en calidad de testigos. El resto, que lo decida la Fiscalía, advirtieron.

Fuentes del caso, sin embargo, advierten, y recuerdan, que es el ente persecutor quien decide con qué calidad citar a quienes estime pertinentes en la causa, y que lo que pidan o no los querellantes no es resorte de las partes. Esa facultad está dada en un 100% a la Fiscalía.

En el texto presentado por RD se detalla el rol de cada uno de los militantes que pide citar solo en calidad de testigos, donde destaca Tatiana Rojas, exsubsecretaria de Vivienda, quien renunció a su cargo, una vez que se conociera de las advertencias que hizo la asociación de funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta sobre las irregularidades al interior del Servicio.

Respecto a Rojas se señala que “la testigo en función de su cargo habría tenido conocimiento de los cuestionamientos a los convenios. En ese sentido, para que indique cuándo se enteró de los mismos y qué supo al respecto, qué medidas tomó y a quién le comunicó lo anterior”.

Otro de los “blindado” es la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. Respecto de la también militante RD se advierte que “la testigo estuvo en el directorio provisional de la fundación Democracia Viva. Asimismo, en el marco de la investigación interna realizada por el partido Revolución Democrática aclaró a la directiva nacional no haber firmado documento alguno al respecto, además de tampoco haber ejercido como tal”.

Sobre Javiera Martínez Henríquez, directora de Democracia Viva, también se precisó su rol, donde también descartan su eventual comisión de delitos. “La testigo sería nombrada -según el acta de asamblea de la fundación Democracia Viva de fecha 23 de marzo del año en curso- como directora de la misma. Sin embargo, en el marco de la investigación interna realizada por el partido Revolución Democrática sostiene no recordar haber firmado acta alguna”.

La indagatoria sigue su curso, donde el cerco sobre sus principales sospechosos cada vez se estrecha más, por lo que las futuras diligencias que buscan establecer la comisión de delitos serán cada vez más intensas.