Convencionales de derecha se restan del pleno de Transitorias y endurecen estrategia para enfrentar recta final de la Convención

No había pasado una hora desde el inicio del debate, cuando desde la UDI anunciaron que sus 21 convencionales se restarían de la votación del primer informe de la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional.

“En la comisión de Normas Transitorias, los convencionales incurrieron en una serie de irregularidades, vicios y falta a las reglas (....). En primer lugar, se presentaron 145 normas inadmisibles, un 48% de las normas transitorias (...). Por tanto, no vamos a votar estas normas y estas indicaciones. Gracias, señor secretario”, anunció Constanza Hube ante los demás convencionales.

Diez minutos después de la intervención de Hube, el pleno de la Convención hizo un receso sanitario, tiempo que la derecha aprovechó para hacer sus descargos.

“Tomamos esa decisión por una razón específica: nosotros creemos que hay graves irregularidades en la forma que se ha presentado este tema al pleno. La comisión presenta normas que son absolutamente antirreglamentarias. Algunas de ellas porque son materias por las que ya se había pronunciado el pleno. Otras porque son materias que renuevan temas que no están tratados en el texto constitucional, por tanto, no requieren normas de adecuación”, argumentó Rodrigo Álvarez (UDI).

Eso sí, desde el colectivo aclaran que permanecerán en el pleno durante la jornada, que harán intervenciones cuando consideren que se esté votando normas antirreglamentarias, pero que no ejercerán su voto.

Por su parte, la única representante del Partido Republicano al interior de la Convención, Ruth Hurtado, señaló que las normas transitorias presentadas por la comisión “no solamente constituyen una infracción gravísima al reglamento de la Convención, sino que también contravienen principios generales del Derecho, vulnerando la buena fe”.

“La Convención, de manera reiterada, actúa en forma arbitraria, lo que constituye un nuevo antecedente de ilegitimidad del proceso constitucional, del cual no seremos parte. No corresponde que las disposiciones transitorias alteren las permanentes”, agregó Hurtado.

Dentro de la UDI circula un documento nombrado “Normas transitorias aprobadas conflictivas”. En este se detallan algunas como la referente a la creación de las regiones de Chiloé y Aconcagua, una indicación sobre la implementación de la paridad de género en órganos colegiados de elección popular y otra sobre la adquisición de la nacionalidad de nacidos en Chile inscritos como hijos de extranjeros transeúntes.

En todo caso, no solo los 21 convencionales a la UDI se restarán de la votación. Desde RN-Evópoli-IND también hay voces que adelantan que no entregarán su voto frente a este informe, que contiene 45 artículos y 53 indicaciones.

Uno de ellos es Roberto Vega, quien señaló: “Frente a ese tipo de incoherencias, es mejor no votar y no validar un proceso en el cual lamentablemente no hemos sido escuchados como sector político. Nuestros votos solamente los requieren cuando necesitan poder solucionar temas de la cantidad de error que tiene el texto que van a proponer a la ciudadanía”.

Con todo, también hay convencionales al interior de RN-Evópoli-IND que no comparten la posición de la UDI. Por ejemplo, Manuel José Ossandón manifestó que “las normas que son reglamentarias deben ser votadas. Nosotros tenemos una obligación con nuestros electores. Restarse creo que es algo inentendible. En aquellas normas que sean antirreglamentarias corresponde hacer el punto y no votarla, conforme lo hemos hecho en votaciones anteriores”.

Según Ossandón, el problema involucraría cinco normas, además de 20 indicaciones.

De hecho, en privado convencionales del colectivo de RN, Evópoli e Independientes transmiten que les hicieron saber a sus pares que no compartían la estrategia. Durante la mañana, reconocen, hubo varios diálogos para abordar la materia y el cómo iban a enfrentar la votación de esta jornada.

Desde la coordinación de la comisión, el convencional Eduardo Castillo (Colectivo del Apruebo) argumentó que le parece que la decisión de la UDI le parece “absolutamente injustificada, porque las respuestas están. Uno puede a veces estar de acuerdo o no con una propuesta, pero la coordinación no tiene facultades para declarar inadmisible una norma”.

“Si hay un reclamo, perfecto, la mesa lo resolverá con el mérito de los antecedentes y ya, seguimos funcionando”, puntualizó Castillo.

En todo caso, Castillo explicó que, en efectos prácticos, no afecta que la derecha se reste de la votación en el pleno, pues se considera su voto como si fuese negativo.

Frente a la postura de la coordinación, desde la derecha se envió un oficio a la mesa directiva de la Convención el pasado 24 de mayo.

Como respuesta de la mesa, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), señaló que el oficio enviado por la derecha “será respondido, al igual que todos los oficios que nos llegan. Derivamos a la comisión de Normas Transitorias su oficio para tener más antecedentes, el que fue respondido ayer. Lo tenemos en tabla para la próxima reunión de mesa”, explicó.

Al respecto, Álvarez agregó: “Cuando ves que se están votando temas que ya rechazó el pleno, nos parece que la única respuesta era que la mesa nos diera una explicación. Mandamos un oficio la semana pasada, pero no nos dio explicación. Se nos señaló ahora que la respuesta se dará en las próximas sesiones, lo que nos parece improcedente”.

Tanto desde la UDI como desde RN señalan que también evalúan restarse de las votaciones en el pleno de Armonización. Esto, debido a que también se ha debatido sobre ingresar normas que, a su criterio, constituyen una falta reglamentaria.

Una de las más comentadas es sobre la opción de ingresar una norma que reponga el quórum de reforma constitucional, materia que el pasado 13 de mayo fue rechazada por el pleno durante la votación del último informe de la comisión de Sistema de Justicia.

“Nosotros jamás vamos a aceptar una norma antirreglamentaria, por lo tanto, vamos a rechazarlas o a vamos a no votar, como es el caso de hoy día, si estimamos que no hubo una adecuada respuesta a nuestros planteamientos”, advirtió Álvarez.

Además, el convencional Vega adelantó que desde la derecha se evalúa la opción de llevar el reclamo a la Corte Suprema. “Cuando el tema es antirreglamentario (...) lo que requerimos es presentar un recurso de reclamación ante la Corte Suprema, que es el organismo validado para resolver este tipo de disputas. Judicializar es una de las opciones, lo hemos conversado internamente, pero requerimos las firmas de convencionales de la centroizquierda, para llegar a los 40″, dijo.

Como en otras ocasiones, el colectivo de donde contemplan que podrían conseguir las tres firmas que les faltan es el Colectivo del Apruebo.

Como sea, algunos convencionales dicen en privado que la estrategia de la derecha apunta a generar cuestionamientos en la recta final de la Convención, acusando faltas reglamentarias con el objetivo de desprestigiar al órgano constituyente de cara al plebiscito del 4 de septiembre.