Desaforados, investigados y querellados: la larga lista de honorables enredados con la justicia en 2024

Este 2024 será recordado como uno de los mayores desfiles de legisladores por tribunales.

Si bien la magnitud de los episodios es mucho menor al caso de Asignaciones Parlamentarias -que entre 2009 y 2010 complicó a gran parte de la Cámara por el mal uso de recursos públicos-, en el año que termina hay dos legisladores desaforados, dos imputados, una denunciada, 10 oficialistas querellados por injurias y calumnias y otros 23 diputados UDI aún en calidad de demandados en un juicio iniciado por el exministro Giorgio Jackson, en abril de este año.

A ellos se suma otro grupo de legisladores que ya fueron absueltos o lograron acuerdos extrajudiciales: por ejemplo, el senador Fidel Espinoza (PS), que fue demandado por el mismo Jackson; el diputado Miguel Mellado (RN), quien llegó a ser formalizado por la filtración de un audio de una conversación con el Presidente Gabriel Boric; la diputada Ericka Ñanco (Frente Amplio), quien ganó el proceso de desafuero por injurias iniciado por el exgobernador Luciano Rivas; la diputada Maite Orsini (Frente Amplio), que nuevamente tuvo que prestar testimonio como testigo, ahora en un caso de abuso y violación protagonizado por su expareja Jorge Valdivia; además del caso de la diputada María Luis Cordero (indep. RN), quien recuperó su escaño, en marzo de 2024, por su desafuero a raíz de sus afirmaciones contra la senadora Fabiola Campillai.

Esta legislatura, además, tuvo como contexto adicional la ola de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, que terminó con dos jueces destituidos (Sergio Muñoz y Ángela Vivanco), la mayor purga del Poder Judicial en dos siglos de vida republicana (el único precedente era la destitución de Hernán Cereceda en 1992).

Por lo tanto, estos factores configuraron el escenario perfecto para una suerte de “guerra fría” entre ambos poderes del Estado.

En la categoría de desaforados se encuentran dos diputados que ya fueron despojados de su fuero parlamentario por resoluciones de cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema: Francisco Pulgar (independiente) y Mauricio Ojeda (independiente elegido en cupo del Partido Republicano).

Pulgar se encuentra imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación de mayor de 14 años de edad. En 2021, una mujer interpuso una denuncia en contra del parlamentario por los hechos que habrían ocurrido en 2014. Ello llevó al Ministerio Público a pedir el desafuero de Pulgar en su calidad de imputado, lo que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Talca el pasado 23 de octubre y reafirmado por la Corte Suprema el 9 de diciembre.

La formalización de Pulgar, en tanto, quedó fijada para el próximo 3 de abril, mientras que el otrora legislador ha insistido en su inocencia pidiendo, incluso, que ese trámite se ejecute a la brevedad.

El caso de Ojeda fue el primer diputado desaforado por los traspasos y el “lío de platas” con fundaciones en La Araucanía, específicamente en la arista “manicure”, donde se pesquisan dos convenios por $700 millones entre las ONG Folab y Educ con el gobierno regional.

Fue el 10 de julio cuando el fiscal regional de esa zona, Roberto Garrido, presentó la solicitud de desafuero ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

A juicio de la Fiscalía Regional de La Araucanía, el parlamentario por esa región intervino en que se materializara el presunto delito de fraude al Fisco, toda vez que -detallaron- desplegó acciones para contactar a las partes, entregó y recibió recurso de la operación, además de haber participado directamente en la tramitación de estos convenios.

La petición fue acogida doce días después, mientras que la Corte Suprema lo ratificó hacia finales de septiembre. La formalización de Ojeda, en tanto, quedó agendada para el 2 de enero.

También hay otros dos diputados que, si bien no están desaforados, están con una situación comprometida en lo judicial.

Uno de ellos es la diputada Catalina Pérez (independiente ex-Frente Amplio, FA), quien declaró como imputada en abril y de quien la Fiscalía ya pidió su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta a raíz de los traspasos irregulares de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva.

La parlamentaria se encuentra en la mira de los investigadores por su eventual rol y grado de conocimiento de las irregularidades cometidas en el traspaso de $426 millones desde el Ministerio de Vivienda hacia esa ONG ligada al FA.

Los vínculos de Pérez con dos de los imputados del caso, Daniel Andrade y Carlos Contreras, serían clave en la indagatoria del Ministerio Público. Andrade, quien fue líder de la disuelta y cuestionada ONG, fue pareja de Pérez, mientras que Contreras fue su jefe de gabinete y luego fue el seremi de Vivienda de Antofagasta, al momento de los traspasos millonarios. Todos los involucrados militaban en Revolución Democrática.

El otro legislador imputado es Joaquín Lavín León (ex-UDI), quien renunció a su partido luego de que se abriera una arista en su contra en el caso que afecta a su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga, hoy en prisión preventiva.

Durante la mayor parte del caso que afecta a la otrora jefa comunal de Maipú, él la ha acompañado en todas las audiencias. Sin embargo, el diputado fue salpicado por la rendición de facturas falsas que habría hecho en su ejercicio parlamentario.

Producto de su situación, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, allanó su oficina en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso.

Una situación compleja también enfrenta la diputada Marcela Riquelme, (ex-Frente Amplio), que dejó de militar cuando estalló un caso de abuso sexual en su contra. Por ese mismo hecho, la legisladora se autodenunció ante la Fiscalía, con el fin de demostrar su ánimo de colaboración.

Junto con ello, la Cámara de Diputados también abrió una investigación de carácter interno, quedando designado como “fiscal” de la causa el diputado Jorge Alessandri (UDI).

La lista de parlamentarios con asuntos pendientes con la justicia la engrosan los diputados que, en el escrito de la acusación constitucional a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, le imputaron delitos al otrora titular del Interior Andrés Chadwick. “El instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre ha sido el señor Andrés Chadwick”, dice el texto.

Por lo mismo es que uno de los hombres fuertes de la UDI -quien dejó de militar en el partido- decidió presentar una querella por injurias y calumnias en contra de los firmantes del libelo: Daniel Melo, jefe de bancada del PS; Nelson Venegas, subjefe del bloque PS; Lorena Pizarro (PC), Nathalie Castillo (PC), Lorena Fríes (FA), Jaime Sáez (FA), Mónica Arce (independiente asociada la bancada DC), Jaime Araya (indep. PPD), Luis Malla (liberal) y Ana María Gazmuri (AH).

“Utilizaron sus cargos y facultades para formular un ataque mediático infame, para dañar impune e irremediablemente mi honra”, acusó Chadwick, que también pidió el desafuero de los diez diputados.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso se fijó plazo hasta el 16 de enero para pronunciarse por el desafuero de los legisladores. En el caso de avanzar, generaría un sismo en la Cámara, ya que alteraría los equilibrios políticos.

En el último año, sin embargo, la querella de Chadwick no fue la única acción que podría tener un impacto colectivo en la Cámara.

En tanto, en el momento más álgido del caso de las fundaciones, cuando sustrajeron computadores desde las dependencias de ese Ministerio de Desarrollo Social, que encabezaba Jackson, ciertos legisladores hicieron aseveraciones que el exministro consideró agraviosas.

No obstante, Jackson optó por un camino distinto a la querella y presentó demandas civiles contra los 23 diputados UDI y el senador Fidel Espinoza (PS).

En el caso de Espinoza, el senador llegó a un acuerdo, se disculpó y borró los posteos en X, en el que trataba al exministro de ser “el líder de la banda”.

Los diputados UDI, en tanto, habían emitido una carta en la que le imputaban a Jackson “haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas”.

Sin embargo, en esta última demanda civil aún no hay acuerdo y el juicio sigue abierto.