Desde 2019 se han trasladado 222 pacientes para realizar interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales

El 26 de septiembre de 2017, solo tres días después de que se publicara la norma que despenaliza el aborto en tres causales, la fiscalía recibió la primera denuncia vinculada a la legislación. Se trataba de una niña 13 años, de Chiloé, embarazada producto de una violación.

En la región no hubo personal disponible para realizar el aborto: los profesionales adujeron falta de instrumental y objeción de conciencia. Finalmente, la niña fue trasladada desde Chiloé al Hospital San José de Independencia, en la Región Metropolitana, donde se concretó el tratamiento.

Con el tiempo, esto dejaría de ser un caso aislado. Según los datos obtenidos por La Tercera a través de la Ley de Transparencia, entre 2019 y marzo de este año, un total de 222 pacientes tuvieron que ser trasladadas entre distintos establecimientos de salud del país para que se concretara el procedimiento de aborto que requerían una vez certificado que la gestación se enmarcaba en alguna de las tres disposiciones legales: riesgo materno, inviabilidad fetal o violación.

Del total de traslados, tres derivaciones fueron causadas por la falta de personal disponible para el procedimiento, es decir, no había un especialista no objetor, mientras que el resto se debió al aumento de complejidad en el manejo clínico de las pacientes (ver tabla).

Por ejemplo, las movilizaciones asociadas a la resolución quirúrgica se refiere a los casos donde el primer centro no cuenta con profesional capacitado o con experiencia en determinado tipo de procedimiento relacionado al aborto.

Consultados por La Tercera, desde el Ministerio de Salud aclaran que los traslados no revisten dificultad de acceso, y aseguran que la red está preparada para las derivaciones. Asimismo, explican que “no todos los establecimientos cuentan con la misma capacidad resolutiva para atender casos que requieren de mayor complejidad diagnóstica y terapéutica, por lo que existen redes intraservicios de salud de referencia y contrarreferencia definidas por sus carteras de servicio. Lo relevante es que los establecimientos garanticen un traslado rápido, oportuno, efectivo y siempre consensuado con la usuaria para asegurar el acceso a la prestación”.

Y agregan que se han tomado medidas para garantizar un desplazamiento adecuado: “en enero la Ministra extendió oficios para fortalecer el rol coordinador de los servicios de salud, así como a la unidad centralizada de gestión de camas del ministerio para este mismo fin”.

A su vez, Álvaro Insunza, expresidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, afirma que “lo importante es que se está cumpliendo con la ley. No es que se hayan quedado personas sin el beneficio de la ley cuando han tenido que trasladarse. En algunos casos también han tenido que trasladarse porque el establecimiento no reunía todas las condiciones para realizar el procedimiento. Por ejemplo, si en un hospital pequeño atienden un caso de inviabilidad fetal, pero no tienen la capacidad para hacer el diagnóstico, la paciente debe ser derivada”.

De acuerdo a los datos anuales que se tienen de 2018 en adelante dicen que se han hecho 4.078 abortos por alguna de las tres causales. Así lo detalla el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, que consigna que desde el inicio hubo 4.817 embarazos que se enmarcaron en alguno de los requisitos y que en 84,6% de los casos se optó por interrumpir la gestación, siendo la causa de aborto más frecuente la de riesgo materno (1.874), seguida por inviabilidad fetal (1.221) y violación (983).

Según el último conteo de la cartera sanitaria, de los 1.338 médicos obstetras que pueden interrumpir embarazos producto de violaciones en el sistema público, 576 son objetores, es decir, el 47%. Por riesgo materno la cifra baja al 18% (205) y por inviabilidad fetal al 26% (309).

Esto significa que en algunos establecimientos de la red solo hay un par de especialistas disponibles para practicar abortos, lo que deja al recinto sin personal habilitado en caso de que estos tomen vacaciones, licencia médica o, sencillamente, no esté de turno.

En ese contexto, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género apuntan que “actualmente, 18 de los 68 establecimientos públicos de salud habilitados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo tienen a más de dos tercios de sus obstetras acogidos a la objeción de conciencia en la causal de violación. Además, existen cinco establecimientos donde el 100% de los obstetras son objetores de conciencia en esta misma causal. Por lo tanto, creemos que es necesario abordar esta dificultad, no con el objetivo de evitar derivaciones, sino para asegurar que las mujeres que deseen y necesiten acceder a este derecho no se vean impedidas de hacerlo”.

Y aunque esto se podría traducir en más traslados de los tres que el Minsal contabiliza, quienes conocen el protocolo a seguir advierten que se toman varias medidas previas, como el cambio urgente de turno, con el fin de dejar la movilización de la paciente como último recurso.

Con todo, Andrea Alvarez, académica del programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud pública de la U. Chile, explica que la objeción de conciencia si se puede transformar en un obstáculo para acceder al procedimiento que garantiza la ley.

“La objeción de conciencia no solamente se vincula a traslados, sino también a falta o negación de la información, lo que podría significar que algunas mujeres pudieran desistir a la posibilidad de acceder a su derecho de interrumpir su embarazo producto de una de las tres causales y eso obviamente es una barrera importante”, detalla la especialista.

En ese contexto, desde la cartera sanitaria explican que con el objetivo de mejorar el acceso oportuno de las mujeres se ingresó en Contraloría el pasado 31 de mayo una modificación al decreto supremo que aprueba el reglamento para ejercer la objeción de conciencia.

En concreto, las modificaciones enviadas por la cartera sanitaria apuntan a favorecer a aquellos que no se oponen al procedimiento y asegurar que se aplique a quienes lo busquen. En esa línea, el nuevo reglamento favorece la presencia de personal no objetor en la distribución de los turnos en recintos sanitarios y alienta la contratación de personal no objetor de conciencia.

Asimismo, el texto recalca que “los establecimientos públicos de salud deberán contar con personal sanitario idóneo, suficiente y disponible para asegurar la atención médica de los y las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo y ejecutar la prestación. Para tales efectos, el establecimiento de salud podrá considerar como un factor positivo en la contratación de personal el hecho de no ser objetor de conciencia, a fin de evaluar su idoneidad para el cargo”.

“Los cambios al reglamento, enviados a revisión de la Contraloría General de la República buscan asegurar el acceso a este derecho establecido en la ley chilena, esto quiere decir, que ninguna mujer o niña que requiera acceder al aborto en tres causales, no pueda hacerlo, y para eso se requiere una red de salud correctamente informada y preparada para ello”, sostienen desde el ministerio de la Mujer.