Desde el PC a la Fundación Jaime Guzmán: El desfile de abogados tras el Caso Gutiérrez en el TC

Han pasado más de ocho meses desde que el expediente comenzó a acumular movimiento (6 de enero), y esta mañana el Tribunal Constitucional zanjaba si los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez van a seguir inhabilitados o -en caso contrario- se sumarán al pleno en que este viernes podrían celebrarse algunos de los últimos alegatos antes de que el caso termine su fase de relación y se encamine a una sentencia.

A la espera de eso estaban hoy las y los abogados que han intervenido -por lado y lado- en el caso en que el TC habrá de decidir si destituye o no (una atribución pocas veces ejercida) al diputado comunista Hugo Gutiérrez, en respuesta al requerimiento de diputados UDI, RN y Evópoli que pide tal castigo por “haber incitado, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público”.

Para el PC todo esto es una maniobra política, como -insisten los suyos- también ocurrió con el incidente del fin de semana, cuando lo fiscalizó una patrulla de la Armada en Iquique, lo que ha motivado una investigación en la Fiscalía. Para sus acusadores, hay mérito, pero algunos de los parlamentarios UDI acá hay más en juego. Algunos piensan que si el TC no sanciona a Gutiérrez, será un indicador de que el rol del organismo queda en entredicho de cara al proceso constituyente, si es que no aplica sus atribuciones.

Aparte de lo mediático, el caso es inusual. En enero, el acusado dijo que rehúsa defenderse ante “un tribunal ilegítimo”, y por eso no cuenta formalmente con una defensa jurídica. Pero sí ha intervenido a nombre suyo la abogada e histórica dirigenta comunista Julia Urquieta, que se prepara para alegar esta semana si se da el caso. También lo ha hecho la abogada Karinna Fernández, pero sin integrar formalmente un equipo, motivada por su interés en casos de derechos humanos y derecho internacional.

Al frente, los diputados acusadores ficharon a dos nombres: Emiliano García, un joven abogado del área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán que suele trabajar con la bancada y que es más conocido de los congresistas Juan Antonio Coloma (hijo) y Jorge Alessandri. Y la abogada Jesica Torres, ajena a estas lides, que llegó cuando un amigo le recomendó su nombre al parlamentario Javier Macaya.

Torres -enseña Justicia Constitucional en la Universidad de Chile, donde estudió-, de hecho, sostiene que decidió entrar al caso cuando vio que Gutiérrez refutaba las facultades del TC. “Ese fue justamente el detonante que me hizo aceptar este desafío: que al otro lado alguien alegue eso. Soy una persona que respeta y tiene en alta estima el valor del TC y por eso hago clases de eso: creo en su institucionalidad y su existencia como garante del principio de supremacía constitucional y su necesario control legislativo”, explica. “Justo, además, me lo solicitaron y lo encontré interesante; llegué de forma providencial y no vengo del área política”.

Torres -que se dedica a causas corporativas y de derecho público- ha representado al empresario Manuel Cruzat en casos derivados de la quiebra de Curauma S.A. y entró en el caso a fines de mayo, cuando Emiliano García le delegó poder. Su primera acción fue pedirle al tribunal “un plazo prudente para poder tomar conocimiento acabado de los antecedentes y proseguir con la tramitación de la causa”, argumentando que el representante de los diputados UDI estaba internado porque, contagiado de COVID-19, estaba con “un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda”, y que él era “quien poseía el conocimiento de todos los pormenores, antecedentes, sustento fáctico y jurídico, así como la prueba a rendir”.

García nunca había llevado una causa ante el TC y dice que acá representa a los diputados -con quienes ha trabajado temas en las comisiones de Constitución y Defensa- en tanto asesor externo más que representando a la FJG. Junto a Torres ingresaron el escrito pidiendo que Aróstica y Vásquez dejen de inhabilitarse y que la sentencia en el caso involucre a los diez ministros y no solo a ocho.

Ambos magistrados habían expresado en mayo que se marginaban luego que el mismo Gutiérrez se querellara contra ellos por cohecho, en un caso por presunta corrupción que investiga la Fiscalía Centro Norte. Muestra de lo enredado del caso y de las pugnas que dividen al TC, su acción en parte se basó en una entrevista de la ministra María Luisa Brahm a La Tercera en la que señaló que antes que ella presidiera el tribunal habían causas “detenidas por mucho tiempo” develando situaciones “al límite de la corrupción”, apuntando estos retrasos a la presidencia anterior que estuvo en manos del ministro Iván Aróstica.

Pero pese a que ellos han acusado a la presidenta, María Luisa Brahm, de dilatar el final del caso, el abogado García cree que “ha estado dentro de los procedimientos normales, considerando las circunstancias anormales que ha habido. Claro, hubo una etapa quizás un poco más larga, pero es parte de la dinámica del tribunal. Quizás de acá a un mes y medio más haya noticias”.

Urquieta, al otro lado, tampoco cree que el TC le haya dado largas al asunto porque “he tenido causas ante el Tribunal por meses y nunca tienen un plazo fijo”, pero sí piensa que “hay una presión muy grande de la derecha para una sentencia, porque quiere resolver esto pronto; esto es política, para qué nos vamos a contar cuentos”.

La abogada, que integra el Comité Central del PC, aclara que “no soy su defensora formal porque el diputado expresó en su momento desconocer las facultades del TC; no es una defensa en el sentido de allegar pruebas, sino que nuestro objetivo es impedir que se hicieran maniobras que afecten su defensa”. Y recalca que “ha habido una campaña de hostigamiento contra él, y hasta ahora se le acusa de cometer delitos que no han sido investigados por ningún tribunal”.

Urquieta se reconoce como amiga por años de Gutiérrez: recuerda que además de “que hemos compartido una vida de lucha por los derechos humanos”, ambos, junto a la extinta líder comunista Gladys Marín, presentaron la primera de las más de 200 querellas contra Augusto Pinochet cuando volvió de Londres.

Fernández, en cambio, llegó al caso por cuenta propia, dada su experiencia e interés en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en derecho internacional. La motivó su preocupación por la libertad de expresión en este caso, y cuando vio que se estaba tramitando en el TC solicitó una audiencia que no lo concedieron. A raíz de eso presentó un escrito. Pero no forma parte del equipo de Urquieta y no tiene presupuestado alegar este viernes; lo que sí, ella representa a Gutiérrez ante organismos internacionales.

También ha intervenido en favor del parlamentario comunista el concejal PC por Iquique Matías Ramírez Pascal, quien fue asesor suyo en 2019. Éste pidió hacerse parte y solicitó diligencias, siendo representado por otro veterano en causas de DDHH, el abogado Nelson Caucoto.

El caso contra Gutiérrez es el segundo que llega al TC luego que éste ya declarara antes inadmisible un intento anterior, cuando a principios de noviembre 10 diputados oficialistas solicitaron remover a 12 parlamentarios del PC y el Frente Amplio. Ante las aprensiones por el desenlace, la abogada Torres -quien tampoco cree que se haya demorado en exceso- piensa que si el organismo “considera que se han probado suficientemente las hipótesis que la Constitución reconoce para acoger la solicitud -como sostengo-, debiera acoger el requerimiento. Pero si por una situación extra jurídica el TC la rechaza, uno podría criticar”, pero que “no significa que porque no me gusta el fallo tenga que terminarse con el TC”.

En el caso han declarado -entre varios otros nombres- dos ministros de Estado: el hace poco reemplazado Gonzalo Blumel (Interior) y Hernán Larraín (Justicia). Este último declaró, ante cinco preguntas, que no le constaba que Gutiérrez haya amenazado a Carabineros ni que haya protestado ante un recinto militar en Iquique, pero sí le constaba que había publicado en Twitter imágenes o dibujos que aludían a atentar contra el Presidente Sebastián Piñera.

También dirigentes oficialistas como la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, el senador del mismo partido Juan Antonio Coloma y el intendente metropolitano Felipe Guevara (RN).

En la oposición declinó hacerlo el presidente del PR, Carlos Maldonado, y del PPD Heraldo Muñoz, quien argumentó por escrito que “en atención a que creo en la inmunidad con la que cuentan los parlamentarios no estimo procedente la acusación en contra del Diputado Sr. Hugo Gutiérrez”.

Pero también han declarado en el caso el archirrival de Gutiérrez, Jorge Soria (hoy senador) y su hijo, el actual alcalde de Iquique, Mauricio Soria.

En el expediente también figura solicitando audiencia Lorena Pizarro como representante legal de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Miguel Retamal Maureira, a nombre de la Agrupación Nacional de Ex-Prisioneros Políticos de Chile. Entre las numerosas diligencias, el TC ha oficiado a la mesa de la Cámara de Diputados, a la Policía de Investigaciones, a la Intendencia de Tarapacá, y -en junio- al director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Dicho papel aparece como “bloqueado” y sin contenido en la documentación que ha ido publicando el organismo.