En las próximas semanas, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) -entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- anunciará un ambicioso plan de reestructuración.

Se trata de la mayor modernización en sus 10 años de historia, luego de que por recomendación de la OCDE el primer gobierno de Michelle Bachelet creara el organismo para fortalecer la institucionalidad ambiental. Los cambios apuntan a todas sus divisiones y el objetivo es activar una serie de funciones que fueron entregadas a la SMA, pero que en la práctica no se habían puesto en marcha.

El sello que busca imprimir el actual superintendente Cristóbal De La Maza -que acaba de cumplir un año a la cabeza- es que la institución aplique mayor tecnología en sus procesos. En paralelo, poner en marcha un ajuste en su organización e incorporar técnicas de la teoría del comportamiento. Además de activar funciones de la ley orgánica que no se han utilizado hasta el momento.

Una de las áreas que buscará profundizar es la certificación ambiental en el cumplimiento de instalaciones. De hecho, durante la actual administración de De La Maza se entregó la validación a la primera Entidad Técnica de Certificación Ambiental (ETCA). Se trata de agencias privadas contratadas por el titular del la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), las cuales entregan a su vez a su vez certificados que blindan a los proyectos durante un lapso de dos años y evitan que sean fiscalizados directamente por la SMA.

Para abogados que se dedican a litigios ambientales, fomentar las ETCA deja en manos de privados la fiscalización ambiental. Sin embargo, el superintendente De La Maza explicó a La Tercera PM que “esto no obsta que la SMA pueda realizar esta tarea directamente. Pero esta tarea es distinta a la de fiscalización, que busca verificar infracciones a la normativa”. A su parecer, las ETCAs se comprenden como un incentivo a los que cumplen, y debe apuntar a sectores regulados donde esa sea la práctica general. “Nos permiten aumentar muchísimo nuestra cobertura y aumentar significativamente nuestra vigilancia a costo privado”, concluyó.

Por otro lado, la institución está aplicando técnicas de inteligencia artificial en algunas áreas que permitirán masificar las fiscalizaciones. La idea del superintendente actual es que la SMA no solo tenga la capacidad para abordar temas complejos con impacto ambiental, sino que también pueda tener un alcance masivo a problemas que afectan a la comunidad, como el ruido, residuos industriales líquidos y normas de emisiones.

En los próximos días, la SMA espera lanzar un portal ciudadano que permitirá presentar sus denuncias vía online. En paralelo, espera contar en 2021 con un laboratorio propio que fortalezca su fiscalización. Todo esto luego que en la crisis de Quitnero-Puchuncaví de 2018, la institución debiera acudir a la ayuda de instituciones extranjeras.

El actual reordenamiento de la SMA comenzó cuando el jefe del servicio decidió crear un “Departamento de Gestión Institucional”, encargado de realizar un seguimiento de las relaciones de la Superintendencia con el Ministerio del Medio Ambiente y los demás órganos de la Administración del Estado con competencia en fiscalización ambiental. Posteriormente, se adecuaron sus funciones con la Resolución Exenta Nº 1076 de junio de 2020. La nueva unidad va en línea con las recomendaciones de mejoramiento continuo que promueve la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), explicaron desde la SMA.

La unidad es dirigida por Jorge Gómez Lechaptois, quien entre junio de 2010 y agosto 2015 se desempeñó como jefe de proyectos del Ministerio del Medio Ambiente durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Más tarde entre septiembre de 2015 y febrero de 2020 fue asesor de Medio Ambiente y Cambio Climático para la Asociación de Generadoras de Chile, gremio que reúne a Enel Chile y Colbún, entre otras empresas.

Uno de los miembros de esta división es Gustavo Lerner, argentino, experto en coaching y numerólogo, quien desde el 5 de octubre de 2020 ha comenzado a dictar charlas a los funcionarios en sesiones semanales y que se extienden por poco más de una hora. Según Transparencia Activa el profesional “brinda una asesoría especializada en materias de Gestión y Desarrollo de Personas al Superintendente del Medio Ambiente”.

Otro de los cambios que puso en marcha la nueva administración de la SMA es el incremento en el número de sus asesores directos. Bajo el anterior mandato de Cristián Franz, que se extendió entre los años 2014 a 2018, su equipo más cercano era integrado por dos abogados: su jefe de Gabinete David Silva (PS) y Pablo Gutiérrez (PS).

Ahora son cuatro los abogados que forman parte del gabinete del actual superintendente. Según la página de Transparencia Activa de la Superintendencia, el círculo de hierro lo componen Teodoro Ribera (29) (RN), hijo del ex Canciller del mismo nombre, como jefe de Gabinete. A él se suman, los abogados José Tomás Mery (27), ex consultor de Azerta, y Jaime Flores (27) (UDI), hijo del ex Subdere Miguel Flores. Además de Constanza Gajardo (26), quien en paralelo ha activado una campaña para ser constituyente por la Región del Maule por la UDI.

En un correo electrónico enviado a sus funcionarios, el superintendente explicó que todos todos los asesores de gabinete pasarán a contar de 2021 a las áreas de fiscalía y sanción.

Además, con el arribo de De La Maza a la SMA se sumó también la llegada de un ex funcionario de Carabineros al equipo. Se trata del ex Jefe de la VII Zona de Carabineros “Maule”, General, Fernando Vera Oetiker (55), quien asumió el 17 de febrero de este año como Encargado de la Oficina de Transparencia y Atención Ciudadana

Estos cambios no generan pleno apoyo interno.

El pasado 1 de diciembre, distintas jefaturas de área o división se comunicaron vía telefónica con algunos funcionarios, informándoles que si bien no serían despedidos, sí sufrirían bajas importantes en sus grados, sufriendo una fuerte reducción en sus remuneraciones. Estas decisiones, firmadas por el Superintendente, comenzaron a llegar por carta certificada a los domicilios de los afectados, que son en total 14 personas, 9 mujeres y 5 hombres.

Ante esto, consultada la directiva de la Asociación de Funcionarios de la SMA (ASUMA), señaló que es efectiva la información, aunque no quiso entrar en mayores detalles, ya que aún existen negociaciones con el equipo directivo del Superintendente.

La Tercera PM tuvo acceso a la carta que envió De la Maza ayer a los funcionarios en la que justificó los ajustes de salarios. “Entendemos la preocupación que han generado estos ajustes, pero seguimos analizando caso a caso junto a ASUMA”. Además agregó que “ante la falta de personal producto de licencias médicas y la mayor carga de trabajo en la SMA, se destinará el 2021 a todos los asesores de gabinete a las áreas de fiscalía y sanción”, sostuvo.

“El Congreso aprobó un presupuesto un 7% menor al del año pasado sin considerar ajustes y en términos reales, considerando las necesidades del país, este tipo de ajustes afectó a diversas reparticiones del Estado y sin duda es una situación compleja”, complementó De La Maza, destacando que busca alcanzar un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes.