El viernes pasado y luego de una sesión extraordinaria, el directorio de Codelco aprobó mayoritariamente avanzar en el cese de la operación de la fundición Ventanas, en la Quinta Región. La decisión trajo de inmediato coletazos, con protestas, apoyos e intensos debates.

“No queremos más zonas de sacrificio”, decía ese mismo día el Presidente Gabriel Boric. “Por décadas la comunidad de Quintero y Puchuncaví han esperado certezas sobre su futuro. Hoy le damos certezas y un futuro”, agregaba.

La planta está ubicada dentro de un complejo industrial, minero, energético y portuario, cuyas condiciones ambientales han causado incidentes que han afectado especialmente a niños de escuelas y jardines infantiles, así como a adultos mayores.

Sin ir más lejos, el pasado 6 de junio se suspendieron las clases en Quintero, toda vez que más de 50 alumnos y 25 funcionarios de educación presentaron síntomas de intoxicación por altos niveles de dióxido de azufre.

“Creemos que Quintero y Puchuncaví son comunas que han tolerado por décadas esta situación, la que debe tener un fin (…) esta situación se está haciendo reiterativa, genera todo un trastorno en la ciudad, a parte de la afectación que tenemos por décadas en la salud de las personas y niños”, aseguraba ese día el alcalde subrogante de Quintero, Rubén Gutiérrez, quien añadía que era “necesario sentarse en una mesa y revisar todos los instrumentos ambientales que se están desarrollando”. Nueve días después, esa revisión tomaba tintes definitivos.

Así, tanto la decisión y sus alcances como el futuro de los cientos de trabajadores de la planta ha sido justamente uno de los principales temas de disputa en los días posteriores a la noticia, a pesar de que el Presidente Boric señaló el mismo día del anuncio que “a los trabajadores y sus familias no los vamos a dejar solos (...) Ningún trabajadora ni trabajador se quedará sin empleo en la compañía. Sus puestos de trabajo están asegurados en otras divisiones de la empresa, sin menoscabo alguno”.

Esto, sin embargo, es retrucado por los propios empleados. “Cuando hablan de reconversión para 300 personas es de una falsedad absoluta. Acá trabajamos 2.200 personas, de los cuales 1.440 son contratistas. ¿Qué va a pasar con ellos? Y no solo ellos, porque calculamos que habrá 10.000 personas afectadas entre pequeñas y mediana empresas”, señala Andrea Cruces, presidenta del Sindicato 1 de Trabajadores de Ventanas.

Y agrega: “Con esta decisión morirá la economía del sector. Les importa un carajo lo que pasará con la vida de esas personas, del colectivero, el carnicero o el panadero que trabaja en función de esto. Nunca vi trabajadores llorando y luego de esto, sí. Hay una incertidumbre muy grande, lo que además llevó a que hoy la Federación de Trabajadores del Cobre empezara a hablar de irse a un paro nacional”.

María Araya, presidenta de la organización consejo consultivo de usuarios del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, es tajante y dice que el cierre “es una mala decisión que ha tomado el gobierno, porque una fundición que cuesta US$300 millones cerrarla, lo que necesita para solucionar sus problemas son 50 a 60 millones de dólares. Van a invertir mucho más en cerrarla y crear una nueva, que en reparar lo que tenemos. Aparte de cerrarla y seguir con niños contaminados, vamos a tener comunas empobrecidas”.

Por contraparte, los ambientalistas han celebrado el anuncio del cese como un gran triunfo.

“Esperamos sea el comienzo del fin de una de las peores fuentes de contaminación de nuestra historia. Este anuncio inicial de cierre implica reconocer y acoger las demandas que por años ha levantado la comunidad en la zona, víctima de múltiples y frecuentes episodios de contaminación, siendo vulnerados sus derechos humanos, traduciéndose en el deterioro de las condiciones de vida en el territorio y afectando de forma dramática al medio ambiente”, dice a través de un comunicado Matías Asun, director nacional en Greenpeace.

En esa misma línea, el ex ministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, valoró la decisión en CNN. “Es un anuncio tremendamente histórico porque, en la práctica, se decide cerrar por razones ambientales, algo tan significativo. Una empresa del Estado que por muchas décadas había tenido normas a la medida, que siempre cuando uno los apretaba decían ‘yo cumplo todas las normas’, pero esas normas ya estaban hechas para que las pudieran cumplir”. Asimismo, sumó que “es un gran acto, es una consecución de la presión de las comunidades, fallos de la Corte Suprema y también hay que reconocer un liderazgo claro del presidente Boric de tomar una decisión que es compleja, pero que es necesaria para poder brindar mejor aire a la gente de la zona”.

Para los defensores del cierre, la mejor muestra de los estragos que causan fundiciones como Codelco Ventanas es la emergencia que, dicho está, se produjo el 6 de junio.

Sin embargo, la presidenta sindical se defiende y dice que se les ha metido por igual en una suerte de saco a todas las plantas del sector. “Ese lunes tuvimos un peak a la una de la mañana -dentro de la normativa- y se nos volvió a acusar de que éramos los responsables, pero a las 12 del día no había una sola estación marcando algo. Ese día la fundición se detuvo por mantención y el miércoles de nuevo hubo 120 personas intoxicadas y nosotros estábamos detenidos hace dos días. El viernes ocurrió lo mismo, a la semana siguiente también, y siempre nosotros detenidos”.

Mientras que, para Andrés León, dirigente del movimiento ambientalista Dunas de Ritoque, la noticia del cese le parece “excelente, porque la tecnología de la fundición era muy antigua y es inviable su modernización. Solo la fundición genera 10 mil toneladas de SO2 (dióxido de azufre) y 48 toneladas de arsénico, lo que ha derivado en mucha gente con cáncer y problemas respiratorios por estas emisiones”.

En ese sentido, asegura que en Codelco Ventanas la norma referida a la calidad del aire de SO2 ha sido superada “con creces, lo que refleja lo peligroso de estos contaminantes”.

Sin embargo, para Andrea Cruces esta situación no es tal. “¿Por qué se nos cierra de manera brutal? Porque se nos acusa por contaminación, ¿pero qué pasa con las otras 14 empresas de acá? Pasa que son todas privadas y la única estatal somos nosotros”.

“Las intoxicaciones son reales, pero esta fundición tiene 58 años de vida y cuando yo llegué efectivamente se contaminaba como loco, pero doy fe de que con los años eso cambió, se invirtió, se eliminaron cosas, se instalaron redes de monitoreo. Tenemos un residuo ambiental como todas las empresas de Chile”, añade, antes de asegurar que la solución apunta a “invertir US$ 50 millones -en vez de los US$ 500 millones que tiene destinado Codelco para el cierre- para seguir cumpliendo con la normativa, pero nos están cerrando antes de decir ‘dame la oportunidad de seguir respondiendo’”.

Por eso, concluye, “cuando te acusan de ser los responsables de las intoxicaciones, es fuerte e impotente escucharlo. La gente no se da cuenta del grave error que el gobierno está cometiendo”.

Tal situación es refrendada por la presidenta del consejo consultivo de usuarios del Hospital Adriana Cousiño: “Sí, todos sabemos que Codelco Ventana es una fuente contaminante de arsénico y azufre, pero quiero que me digan dónde están los estudios de salud, que este tipo de contaminación produce cáncer. Y que sean estudios de acá de Quintero, que me digan que las personas que han fallecido fue por contaminación”.

“Para tomar una decisión así hay que hacer estudios y no se tienen. No hay ningún tipo de análisis para decir que es una empresa u otra la que está contaminando. Lo que puedo decir es que, si vamos a cerrar una estatal, cerremos todas las empresas que están contaminando, porque esta contaminación no va a parar cerrando Codelco Ventanas”, finaliza.

¿Qué viene ahora? La medida requiere modificar la Ley N° 19.993, la que obliga a la corporación a fundir los minerales de Enami exclusivamente en la planta de Ventanas. Por eso, la dirigenta sindical cierra: “La única esperanza es que en el Parlamento no modifiquen la ley, porque con eso van a empezar a matar la minería en Chile”.

La medida, en todo caso, requiere aún de varios pasos y años antes de concretar el cierre de la corporación que funde los minerales de Enami exclusivamente en la planta de Ventanas, solo involucra al proceso de fundición, ya que la refinería no está en cuestión.

“Instamos a las autoridades a mantener la paralización de funciones hasta concretar el plan de cierre, dada la evidente inviabilidad de mantener una fuente de contaminación tan brutal en una zona saturada y cercana a viviendas, donde habita una población vulnerable que no puede esperar, ni puede permitirse que sigan sometidos a semejante infierno ambiental”, agrega desde Greenpeace, Matías Asún.

En Greenpeace, eso sí, van por más y creen que el siguiente paso lógico es avanzar en el cierre de las otras fuentes de contaminación, como Enap, las termoeléctricas a carbón de AES Andes, las operaciones adicionales de la División Ventanas y las actividades de Oxiquim.