Dina Boluarte urge al Congreso a debatir ley sobre “terrorismo urbano” ante crisis de seguridad en Perú

En medio de una creciente crisis de inseguridad en Perú, tanto el gobierno peruano como el Congreso se disponen a discutir una ley que defina el “terrorismo urbano”, concepto acuñado por el país vecino para referirse a la creciente inseguridad registrada en el país a partir de casos de alto impacto mediático, incluidos asesinatos y extorsiones en la capital.

Luego de decretar un estado de emergencia por 60 días en 12 distritos de Lima y su vecina Callao, la presidenta Dina Boluarte pidió este domingo que se atienda “de forma inmediata” el proyecto de ley que tipifica el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal como “terrorismo urbano”.

“Es momento de endurecer las penas, de demostrarle a la delincuencia que no van a poder con nosotros”, planteó la mandataria, añadiendo que “todos los peruanos en general merecen vivir, estudiar y trabajar en un ambiente de paz y tranquilidad”. Según Boluarte, no permitirá “el caos y la anarquía que muchos quieren sembrar”.

¿A qué se refería la Jefa de Estado? La mecha se prendió el pasado 20 de agosto, cuando un bus fue el objetivo de una serie de disparos en el distrito limeño de Puente Piedra. A poco más de un mes de aquella fecha, las autoridades han informado de 16 atentados similares, así como la muerte de tres choferes.

Estos asesinatos se convirtieron en la dinamita que terminó por explotar la semana pasada, cuando se formó un auténtico campo de batalla en las calles de Lima el jueves. Conductores de empresas de transporte público llamaron a una huelga, la que fue acatada por muchos, considerando que se estima que unas 63 empresas -5.000 trabajadores, detalló el diario El País en Perú- se plegaron a la medida de fuerza. Otros no lo hicieron, y recibieron el repudio de sus pares en forma de piedrazos contra sus vehículos.

“No estamos pidiendo que baje el combustible, no estamos pidiendo mejoras económicas, estamos pidiendo garantías, seguridad para el ciudadano, para todos los transportistas, es lo que estamos pidiendo”, dijo a la prensa local el presidente de la Federación Nacional de Mototaxi en Perú, Julio García.

La indignación entre los transportistas públicos era mayúscula. Uno de sus colegas asesinados fue Jorge Ríos Lafite, de 21 años. Mientras recorría el norte de la capital transportando pasajeros fue abordado por sicarios que lo asesinaron en el acto. Luego, su esposa reveló que era extorsionado por una banda, quienes le exigían siete soles de comisión diaria, unos 1.700 pesos chilenos aproximadamente, para operar. Sin embargo, un desperfecto en su máquina le impidió pagar a sus chantajistas. El resultado, un asesinato a sangre fría.

Otros casos, reportó la Cámara Internacional de Industria del Transporte, incluirían el pago de una matrícula por 70 soles (unos 17.000 pesos chilenos), para luego cobrar 15 soles ($3.600) por cada vuelta realizada. El periódico El Comercio cuantificó en hasta los 670.000 soles, o 162 millones de pesos chilenos, las ganancias al año de estas organizaciones criminales.

Todo esto ha llevado principalmente a la oposición, pero también a la presidenta Boluarte, a impulsar la discusión del proyecto de ley que cataloga como “terrorismo urbano” estos hechos. Entre las propuestas se incluye aumentar a cadena perpetua cuando se extorsione a personas, negocios o empresas, en respuesta a los últimos eventos.

La idea fue presentada inicialmente por la congresista Nohelia Herrera Medina, del partido teo-conservador Renovación Popular. También se incluye la creación de un programa de protección, así como de apoyo psicológico y una línea directa de atención a víctimas. Además de endurecer los castigos, se propone la creación de una unidad especial dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) dedicada a este tipo de delitos.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, planteó que ya contaba con “el dictamen de 20 proyectos de ley referidos al tema de terrorismo urbano que, precisamente, engloba muchos de los ilícitos penales. El compromiso es ponerlo en agenda el próximo jueves y aprobarlo previa discusión, obviamente”.

Sin embargo, y posiblemente por las presiones y llamados a acelerar la discusión, adelantó los planes. A través de sus redes sociales, Salhuana explicó este fin de semana que moverá el debate parlamentario para este martes 1 de octubre, “en respuesta a la alarmante ola de crímenes” que afecta al país.

Como en toda propuesta de ley, las posturas son diversas. Roger Merino, doctor en Ciencias Sociales y Políticas, dijo a El País que “hablar de terrorismo urbano es peligroso y contraproducente. Empodera al régimen para seguir persiguiendo la disidencia. ¿Protestas por incendios forestales? ¿Por la inacción estatal frente al crimen? ¿Por falta de medicinas? No van a tardar en acusarte de ‘terrorista urbano’”.

En julio de este año el Parlamento aprobó una ley que excluyó el delito de extorsión dentro de lo catalogable como crimen organizado, lo que, a la luz del presente, ha generado críticas desde sectores molestos con el Legislativo. El sondeo publicado a principios de agosto por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el 69% de los encuestados no cree en los legisladores del país, mientras que 9 de cada 10 peruanos desaprueban la gestión de Boluarte.

No se trata de una iniciativa exclusiva de los legisladores peruanos. En mayo de este año el entonces viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, había anunciado que planeaba incluir la creación de la figura de terrorismo urbano en el pedido de la delegación de facultades que iba a solicitar el gobierno ante el Congreso.

“Queremos incorporar en el Código Penal una figura que se encuentra ligada a la práctica de actividades económicas que resultan ser la fuente de financiamiento de las organizaciones criminales. El narcotráfico, la trata de personas, la pornografía ilegal, los ciberdelitos y la minería ilegal. Los primeros cuatro son delitos transnacionales cuyas fuentes de ingresos pueden ser obtenidas en Perú, pero que terminan repercutiendo en otros territorios como EE.UU.”, dijo entonces a la cadena RPP.

Según El Comercio, la idea de legislar este tipo de proyectos -ya sea bajo el nombre de terrorismo urbano, apolítico o extorsivo- no es nueva. Es más, para marzo de este año se habían presentado más de 45 propuestas “para enfrentar la delincuencia y criminalidad a través del endurecimiento de penas o restricciones para la población migrante” en un plazo de dos años y medio, escribió el periódico del país vecino. De hecho, en ese momento había 10 proyectos con el mismo objetivo: crear el nuevo delito de terrorismo urbano. Luego, entre mayo y junio, se sumaron otras tres iniciativas iguales.

Esto abre dudas sobre el eventual impacto de una medida como esta para resolver un problema muy real, cree Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia y exviceministro de Seguridad Pública de Perú. “Lo que se necesita es reforzar la capacidad de acción de los operadores de seguridad y de justicia, nutrirlos de recursos. Esto solo va a sobrecargar innecesariamente el sistema penal cuando lo que necesitamos es hacerlo más efectivo”, dijo al citado periódico.

Coincidió César Ortiz Anderson, presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), quien dijo a El Comercio que se requiere de una reestructuración del sistema operador de justicia que incluye al Poder Judicial y el Ministerio Público. “Haríamos mal tipificando un nuevo delito, pero con un sistema cuestionado no sirve de nada. Va a ser por gusto porque ya sabemos que los detenidos terminan en la calle. Sería curar una enfermedad mortal con panadol”, planteó.