Diputada magallánica arriesga millonaria sanción por continuar con controversial preuniversitario creado por Boric

Cerca de 10 millones de pesos en asignaciones parlamentarias están en juego. Ese monto arriesga devolver la diputada representante de Magallanes Javiera Morales (Convergencia Social), quien heredó el escaño parlamentario que durante ocho años ocupó el actual Presidente de la República, Gabriel Boric (militante de la misma colectividad que es parte del Frente Amplio).

Su caso comenzó a ser analizado este martes por la Comisión de Ética de la Cámara, luego de que el Comité de Auditoría Parlamentaria (organismo fiscalizador interno de recursos públicos) hiciera objeciones en el uso de la sede parlamentaria de la diputada frenteamplista, la misma dependencia que utilizó Boric en sus años de legislador.

Se trata de un inmueble de dos pisos ubicado en la calle Mejicana, de Punta Arenas, que Morales heredó de su antecesor.

El problema es que la parlamentaria mantuvo en funcionamiento un conjunto de actividades académicas, culturales y recreativas que ya habían sido objetadas en la época de Boric.

De hecho, el exdiputado fue sancionado en 2017 por la Comisión de Ética de la Cámara y fue obligado a reintegrar montos debido a gastos que se escapaban de la función parlamentaria.

Actualmente a Morales se le cuestiona especialmente la continuidad de un preuniversitario gratuito que funciona en el primer piso de la sede, donde ha seguido operando un centro comunitario denominado “La Idea”.

“Heredamos de la diputación anterior un tremendo desafío. Mantener el preuniversitario popular que tenemos en @laideacultural, donde chiquill@s magallánic@s asisten GRATUITAMENTE a clases que dictan profesores de la región para prepararlos para la #paes”, escribió en redes sociales la legisladora a inicios de 2022. ️

Las clases son impartidas por profesores de la ciudad que colaboran ad honorem, y está abierto a jóvenes de la zona.

“En tiempos de mala evaluación de la política, estoy dispuesta a asumir el costo de que me sancionen por albergar en mi oficina parlamentaria un preuniversitario gratuito, al que asistieron cerca de 200 jóvenes el último año. Si prestar este servicio a la comunidad no forma parte de nuestras atribuciones, lo que tiene que cambiar es el reglamento de la Cámara de Diputados”, comentó Javiera Morales, al ser consultada por La Tercera frente a la inminente resolución que adoptará el organismo disciplinario de la corporación.

No obstante, a pesar del fin social, el Comité de Auditoría hace años fijó un criterio estricto para bloquear usos de dineros fiscales que fueran ajenos al trabajo legislativo y de representación (básicamente la creación de leyes, reuniones de análisis político y jurídico y audiencias ciudadanas). Por lo tanto, servicios sociales, como un preuniversitario, atenciones médicas, dentales, de podología, de asesoría judicial, caen en actividades propiamente proselitistas o asistencialistas.

Este punto es delicado debido a que las asignaciones (monto que le otorga el Congreso al parlamentario para que puede cumplir su labor) no son dinero para fines personales (como lo es la dieta o el sueldo), es plata pública, como lo es el presupuesto de un ministerio; por lo tanto, se rige por las normas de buen uso y de control estatal.

Al llegar al Congreso en 2014, Boric defendió tenazmente el uso de estas asignaciones para el centro comunitario y el preuniversitario, que fueron creados por él y su equipo. A su juicio, ello era parte de su trabajo parlamentario y no creía que hubiera irregularidad en destinar recursos públicos a actividades que tenían un fin social. El inmueble, además, contaba con una biblioteca, un muro de escalada (para realizar actividades recreativas) y servía de lugar para talleres y eventos, como exposiciones fotográficas, exhibición de películas y otras muestras artísticas.

“Nos propusimos abrir la oficina a los magallánicos para que se apropiaran de ella y la utilizaran cuando la necesitaran. Y para eso hemos sido muy cuidadosos con el uso de los recursos públicos y desde el comienzo hemos transparentado todos los gastos en nuestro sitio web”, dijo Boric en octubre de 2017, cuando su caso llegó a la Comisión de Ética de la Cámara, en vista de su negativa a cerrar los espacios que había creado.

Pese a sus descargos, esta instancia disciplinaria lo sancionó. No obstante, en vez de obligarlo a restituir $3.750.000 a la Cámara, la comisión rebajó el monto a $450.000, básicamente los gastos operacionales derivados del preuniversitario yel centro cultural, ya que se estimó que la sede igualmente era usada para la labor legislativa.

Sin embargo, no necesariamente el desenlace del caso de la diputada Morales puede ser idéntico. Ya no son los mismos diputados en la Comisión de Ética y los hechos dan cuenta de una falta reiterativa, aun cuando no exista dolo ni lucro personal, sostienen algunas fuentes parlamentarias.