Diputado Andrés Giordano (FA): “El Frente Amplio no va a aprobar ninguna reforma previsional que no incluya expresamente una separación de la industria”
El parlamentario del partido del Presidente Boric además advirtió que rechazará la iniciativa en la Cámara si no permite “desconcentrar el poder que actualmente tienen las AFP”. "Esto es un compromiso del Presidente Boric y para nosotros es parte del éxito de lo que significa tener un sistema legítimo", asegura.
El diputado del Frente Amplio Andrés Giordano integra -entre otras comisiones de la Cámara- la Comisión de Trabajo. El parlamentario mira de cerca cómo se tramita la reforma previsional en el Senado y está preocupado porque su colectividad no tiene representación en la discusión.
Aquello fue parte de lo que le hizo ver a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), en la reunión que sostuvo, junto a otros representantes frenteamplistas, el viernes pasado. También le presentaron una propuesta con 12 puntos.
Giordano, en entrevista con La Tercera, además dice que pretende buscar su reelección y que ya manifestó su disposición al partido. Él representa al distrito 9, el mismo de Maite Orsini. Son cercanos, aunque dice que no ha tomado contacto con ella por respeto a su delicada situación de salud.
De hecho, el lunes la reemplazó en la Comisión de Seguridad, aunque explica que se puso a disposición para cumplir esa labor hasta que Orsini regrese, pero aquello todavía no se define.
De las 12 propuestas que presentaron en materia previsional, ¿cuáles son las fundamentales?
Como primera cuestión, nosotros sostenemos que el seguro social de un 3% es un mínimo. Eso está dividido en un 2% para la garantía por años cotizados y un 1% para corrección de tablas de mortalidad. Ese es el centro del debate y, por lo tanto, menos del 3% para nosotros es inaceptable en términos políticos de cara al trámite que pase a la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo segundo es que el Frente Amplio no va a aprobar ninguna reforma previsional que no incluya expresamente una separación de la industria y que permita desconcentrar el poder que actualmente tienen las AFP, que manejan, como si fueran propietarios, el 65% del PIB en ahorros previsionales obligatorios de las y los trabajadores. Esto es un compromiso del Presidente Boric y para nosotros es parte del éxito de lo que significa tener un sistema legítimo.
Pero en este momento no están los votos para la separación de la industria...
La separación de la industria es difícil porque las AFP se han comportado como un cartel, bloqueando la entrada de competencia y una entidad pública sin fines de lucro. Han gastado miles de millones en propaganda política en todos los medios, han enviado minutas al Congreso y han tenido en la oposición muchos voceros y hasta militantes del partido de las AFP. La discusión del 6% ha servido de cortina de humo para evitar este tema, pero los votos dejarán claro quiénes están con las AFP y quiénes buscamos justicia social para las jubiladas y jubilados.
¿Cuál es su fórmula para separar la industria?
El problema que hoy tenemos es que las AFP son un oligopolio, con tres funciones, administración, soporte e inversión. Las dos primeras funciones son las que significan un mayor costo para al afiliado y que se traducen en utilidades por 1,9 millones de dólares diarios. Por eso proponemos delegar la administración y soporte a una institución pública sin fines de lucro, como un IPS reforzado. Estamos abiertos a alternativas, pero tiene que haber una separación real, no un simple cambio de RUT, y participación pública con licitaciones de afiliados para reducir costos y abrir la puerta a más actores.
En la propuesta también incluyen la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La PGU no puede postergarse para aumentarse gradualmente en dos años o en cuatro años o seis años como se ha propuesto. Es un beneficio que debe estar vigente a partir de la promulgación de la ley y, por lo tanto, eso debe forzar a que exista un acuerdo transversal para que estén disponibles los recursos que va a requerir que se adelante la aplicación de la PGU al primer semestre del año 2025.
¿El gobierno ha cedido demasiado para lograr el acuerdo?
El gobierno ha mostrado una actitud tendiente a buscar puentes y puntos de acuerdo, de diálogo. Lleva exactamente 25 meses en esa tarea y si tú analizas, la reforma se ha movido mucho desde su entrada en tramitación en noviembre del año 2022 a lo que hoy día se está negociando, y quien no se ha movido un milímetro es la oposición. Por lo tanto, el problema no ha sido la buena voluntad del gobierno a escuchar a quienes piensan distinto, sino que ha sido que en la contraparte hay voceros de la industria AFP que están mucho más preocupados de defender ese interés de una industria que además ha monopolizado el debate a través de campañas publicitarias multimillonarias. No existen modelos como el chileno, solo fundados en la capitalización individual, por una sencilla razón: fracasan.
El diputado Juan Santana (PS) advirtió que “si el acuerdo es 5,5% de 6% a las AFP, no pasará la Cámara”. ¿Cuál es su postura?
La referencia que él ha hecho tiene relación con las declaraciones del diputado (Guillermo) Ramírez; él ha señalado que la UDI aparentemente se ha abierto por primera vez a una migaja que es el 0,5% para correcciones en las tablas de mortalidad, es decir, en la esperanza de vida de las mujeres que les significa tener una pensión más baja, pero que ellos estarían buscando que el resto de la cotización adicional nueva, el 5,5%, vaya a las cuentas individuales. La visión del diputado Ramírez, la visión de la UDI y la visión de Chile Vamos, no sube las pensiones y particularmente aquella margina a un millón y medio de personas de tener un aumento sustantivo y que solo se puede lograr con un seguro social que reconozca los años cotizados.
Si a la Cámara llega una propuesta que considere menos de 3%, ¿la bancada del Frente Amplio la rechaza?
Si creemos que alguna de las cuestiones que salgan del Senado sacrifica estos dos principios fundamentales: aumentar las pensiones de manera sustantiva, de manera suficiente inmediatamente promulgada la reforma, y dos, tener un sistema legítimo de pensiones donde se quite este factor de negocio y el monopolio o el oligopolio de siete empresas, que son las AFP, evidentemente tenemos todas las facultades de solicitar votación separada y rechazar lo que nos parezca que atenta contra aquellos principios.
Para este jueves su partido convocó un volanteo masivo en las capitales regionales. ¿A quiénes pretenden presionar con esta movilización?
Con esta actividad lo que buscamos es involucrar a la ciudadanía en un debate que ha estado encapsulado en las paredes del Congreso, y que ha sido un debate bastante injusto, porque comunicacionalmente la única cara que se ha visto ha sido lo que las AFP han puesto en los medios de comunicación.
¿Esta idea la conversaron con el gobierno antes?
No, esta es una iniciativa que nace de los parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio y que ha sido apoyada por el partido, y que busca finalmente democratizar la discusión legislativa.
¿No incomoda al gobierno que un partido oficialista convoque movilizaciones mientras siguen negociando para sacar adelante la reforma?
Pero es que hacer un volanteo no es hacer una movilización. Y, en cualquier caso, ningún gobierno debiese incomodarse, ni ningún parlamentario de oposición tampoco, que he visto se han incomodado con el hecho de que se ejercen prerrogativas democráticas. La gente tiene derecho a informarse, la gente tiene derecho a opinar, la gente tiene derecho a participar.
Usted es cercano a la diputada Orsini, ¿considera que la solicitud de expulsión del partido es proporcional?
Me he referido a la situación de la diputada Orsini en términos escuetos por dos razones principales. Primero, porque ella se encuentra actualmente hospitalizada por instrucción de su equipo médico por un cuadro de salud grave y porque su familia y la gente que la rodea ha solicitado respeto por esta situación. Y segundo, porque efectivamente está en curso un proceso disciplinario en el partido en su contra por acciones que se consideran imprudentes desde el partido. No corresponde que parlamentarios y parlamentarias ejerzamos una presión, sobre todo a través de la prensa. Tanto esa resolución que tiene que ajustarse a un debido proceso, como la recuperación de la diputada Orsini, nosotros esperamos que se materialicen pronto.
¿Pero es proporcional?
Si es proporcional o no, lo tiene que definir el Tribunal Supremo. Pero el hecho en sí mismo de que se haya presentado una denuncia demuestra que la institución partidaria funciona.
¿Hay ensañamiento en el partido contra la parlamentaria?
Descarto de plano que existan malas intenciones. Lo que ocurre con la diputada Orsini no debiera afilar los dientes de nadie, como tituló un medio de comunicación.
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