Diputados Boric, Ibáñez, Yeomans y Winter son autorizados para visitar en la cárcel a profesor imputado por destrozos en el Metro

Han pasado 15 días desde que el profesor de matemáticas Roberto Campos Weiss quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por la Fiscalía Sur como presunto autor del delito de daños a bienes de uso público al interior del Metro de Santiago. Su caso se refiere específicamente a los torniquetes de la estación San Joaquín, hechos que ocurrieron el 17 de octubre pasado, un día antes del denominado estallido social en Chile.

Una resolución dictada por la jueza Graciel Muñoz, del 12 Juzgado de Garantía de Santiago, da cuenta de la petición de la defensa del profesional para que cuatro diputados del Frente Amplio lo visiten en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) lugar en que cumple la medida cautelar de prisión preventiva que hace una semana fue ratificada por la Corte de Apelaciones. "Como se pide se autoriza a Gabriel Boric, Diego Ibáñez, Gael Yeomans y Gonzalo Winter a ingresar a la unidad especial de la CAS en el que se encuentra recluido el imputado Roberto Campos Weiss", dice la resolución.

Los diputados de Convergencia Social confirmaron  a La Tercera PM la visita a este imputado. "Bancada de Convergencia Social confirma que fuimos contactados por cercanos al profesor Roberto Campos para escucharlo y conocer su caso en mayor detalle. El día 11 de noviembre se publicó la debida resolución que autoriza a la bancada a visitarlo en la Unidad Especial de Alta Seguridad", sostuvieron. Aún no han definido si irán todos o uno en representación de la colectividad.

Las principales pruebas exhibidas el día de la formalización de Campos tiene que ver con imágenes captadas en el momento en que habría participado de la destrucción de los pasos del tren subterráneo que durante esos días era foco de evasiones masivas y que posteriormente fue blanco de incendios. Fue el primer detenido por parte del Ministerio Público en el marco de los hechos vandálicos tras la primeras horas del estallido social y tanto su defensa, como su familia, aseguran que el profesional es el símbolo de la "criminalización del movimiento social".