¿Dónde están los $873 millones de ProCultura en Antofagasta?: CDE pidió a la Fiscalía requerir información del SII y la unidad que reporta lavado de activos

Cuatro diligencias concretas son las que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió realizar al Ministerio Público en relación con la Fundación ProCultura, una de las entidades privadas que son indagadas por fraude y malversación de caudales públicos en varias regiones del país producto del denominado caso líos de platas.

Esto, como se lee en un escrito enviado por el organismo al fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, el pasado 8 de noviembre, porque las acciones desarrolladas por la ONG liderada por el siquiatra Alberto Larraín, según sus evaluaciones, “constituyen a lo menos una presunción grave de la eventual distracción de recursos públicos”.

Dados los antecedentes que han surgido desde que estalló el caso -como la inexistencia de fondos en cuentas bancarias que la fundación mantenía y las irregularidades en la ejecución de convenios que celebraron-, el CDE solicitó que organismos especializados pesquisen la ruta de los dineros que recibió la misma.

De esta forma, pidieron al ente persecutor que requiera a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) un “levantamiento patrimonial de ProCultura y de su directiva, conformada por Allan George Mix Vidal, María Eugenia Sabbagh Vidal e Ingrid Christine Koch, conforme certificado de directorio de fecha 6 de noviembre de 2023, que se adjunta a esta presentación”, se lee en el documento que remitieron el pasado 8 de noviembre.

Asimismo, quieren que el Servicio de Impuestos Internos (SII) también entregue información respecto a la fundación y de los miembros de su directiva, y que la acción se replique ante la Comisión para el Mercado Financiero o directamente en los bancos o mutualidades que operan en Chile.

Esto último, para determinar que ProCultura mantiene productos tales como cuentas corrientes, cuentas a la vista, cuentas de ahorro, chequeras electrónicas, boletas en garantía, vales vista, créditos o cualquier otro producto o acreencia en su institución.

Solicitan, en el mismo sentido, requerir autorización judicial para que la entidad bancaria o mutualidad que corresponda realice el levantamiento de secreto bancario total de lo informado “desde a lo menos el día 29 de diciembre del año 2022 hasta la fecha efectiva de la entrega de información”.

De acuerdo con los detalles que se entregan en el mismo escrito, uno de los elementos que dan sustento a las diligencias solicitadas es que el Ministerio de Vivienda puso término anticipado a convenios que tenía con la ONG, dado que advirtieron “una serie de incumplimientos e irregularidades”.

Mencionan, asimismo, la querella que presentó el Gobierno Regional de Antofagasta en contra de María Constanza Gómez, en su calidad de representante de ProCultura, “por presunta apropiación indebida respecto de fondos transferidos en el marco del programa de Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica de Antofagasta”.

Suman, igualmente, que la entidad es investigada en diversas zonas del país, no solo en Antofagasta. Se menciona, entre ellas, causas iniciadas en Puerto Montt, Coyhaique, Concepción y Punta Arenas. Junto con esto, se subraya que trabajadores de la misma en Antofagasta ya iniciaron acciones legales en su contra por incumplimientos.

Y por último, resaltan que el CDE ya había intentado retener fondos a la fundación por irregularidades en tratos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pero que no les fue posible ejecutarla ya que no había ni un solo peso en su cuenta.

“El receptor judicial que practicó la diligencia certificó que, habiéndose constituido en el Banco Santander con el objeto de proceder a la retención de bienes decretada, dicha diligencia no se pudo cumplir por haber informado el agente de dicha entidad que la demandada no mantiene fondos en su cuenta”, argumentaron desde el CDE.

En esa cuenta, además, se constató que también habían sido depositados $218.000.000 correspondientes a un convenio suscrito entre la fundación y el Gore del Ñuble.

De esta forma, desde el CDE manifestaron: “En este estadio procesal de la investigación ya es posible establecer que la Fundación Procultura actualmente se mantiene investigada por diversos convenios y transferencias de recursos celebrados con instituciones públicas en numerosas regiones del país, manteniendo, consecuentemente, que tiene distintos procesos vigentes de cobros judiciales, extrajudiciales y laborales, además de sendos compromisos financieros derivados de aquello. En tal sentido, consta que solo en la Región de Antofagasta ha sido requerida extrajudicialmente por la suma total de $873.002.500, desde Seremi Minvu y Gore; fondos que no restituyó, y que incluso no mantiene saldo alguno en la cuenta corriente dispuesta para, supuestamente, custodiar dichos recursos”.

Junto con la serie de acciones mencionadas que ya se han iniciado, cabe hacer presente, trabajadores de la ya cerrada fundación siguen denunciando el no pago de sus finiquitos y alistan acciones para recurrir en su contra.

Pero además de aquello, recientemente el diputado Andrés Longton ingresó una nueva denuncia en contra de la ONG ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por “actos posiblemente delictivos relacionados con fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y otros”.

La arremetida dice relación, como pudo constatar este medio, con las irregularidades que detectó Contraloría en la ejecución de los convenios que la ONG suscribió con el Gobierno Regional de Valparaíso para la realización de un proyecto cultural ligado a murales.