¿Y ahora qué? El escenario judicial que debe enfrentar Andrés Chadwick tras la acusación

No hubo cena de desagravio ni nada. Ayer, cerca de las 21:30 horas, y cuando el Senado ya había aprobado la acusación constitucional en su contra, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, tras un punto de prensa afuera de la sala, se subió a un auto para dirigirse a Santiago junto a su hijo Andrés, un escolta y su abogado Luis Hermosilla. Varios de los que anoche estuvieron cerca del exministro, dicen en privado que estaba "muy afectado" y que no tenía ánimo para quedarse más tiempo en Valparaíso.

Lo cierto es que varios de sus cercanos señalan que desde que se presentó la acusación constitucional en su contra, la preocupación no solo era por lo que sucediera con ésta sino que también con los escenarios penales que podría abrir o reforzar la aprobación del libelo acusatorio, donde se le acusó de haber omitido deliberadamente medidas eficaces para evitar el uso de la fuerza excesiva por parte de Carabineros y los cuerpos de seguridad del Estado. En el segundo capítulo, también aprobado, se le acusó de haber participado en la declaración del estado de emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad constitucional.

Consultados por La Tercera PM, desde la Fiscalía señalan que hay cuatro acciones judiciales -dos denuncias y dos querellas- contra el Presidente Sebastián Piñera y que afectan directamente al ex titular de Interior, en relación a violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde el 18 de octubre. En definitiva, es una denuncia presentada en Rancagua, otra directamente en la Fiscalía Nacional, una querella que envió la Fiscalía Regional Centro Norte y otra querella presentada ante el 8° Juzgado de Garantía. Todos esos antecedentes, por decisión del Fiscal Nacional Jorge Abbott, fueron derivados a la Fiscalía Regional de Valparaíso donde la fiscal Claudia Perivancich está a cargo de investigar las acciones.

En tanto, en la querella presentada contra Piñera por abogados pertenecientes a la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y a la Cooperativa Jurídica, la Fiscalía ya ha reconocido que citará a declarar a Chadwick como al actual ministro Gonzalo Blumel, y al general director de Carabineros, Mario Rozas.

A estas cuatro acciones judiciales se debe sumar que Chadwick tiene que declarar como testigo en el caso del asesinato a Camilo Catrillanca, que está fijado para que empiece el 2 de marzo de 2020 y donde no hay fecha clara para su declaración. En el círculo del ex ministro comentan que la ciudad donde se revise el juicio podría cambiar de Angol a Temuco, algo que celebran por un tema de seguridad. Lo más probable, señalan, es que en todos los casos su abogado defensor también sea Hermosilla.

De hecho, fue el propio Hermosilla quien en su alegato en la Cámara aludió directamente a lo penal. Lo mismo hizo el diputado Patricio Melero, hace dos semanas, cuando emplazó a la oposición al decir "si acaso no creen que no va terminar siendo acusado en los tribunales de justicia, si acaso no creen que el PC va a tratar de acusarlo por crímenes de lesa humanidad". De hecho, el ex timonel UDI recordó a Edmundo Pérez Zujovic quien fue asesinado en 1971 luego de que algunos sectores le atribuyeron responsabilidad en la muerte de 11 pobladores por parte de Carabineros. "Se están dando un gusto de consecuencias difíciles de prever", comentó Melero hace dos semanas.

En tanto hoy, en la misma línea, la presidenta y senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en entrevista con Tele 13 Radio comentó que "cuando dicen que esto puede tener consecuencias penales, evidentemente que va a tener, si hasta (el senador Alejandro) Navarro ha puesto querellas criminales en contra de, no sé si el presidente o el ministro. Evidentemente que va a tener, si el PC está en eso y parte de la izquierda antidemocrática también. Cuando un órgano como el Senado de la República considera que es culpable, evidente que va a ser antecedente en los juicios penales".

La timonel gremialista agregó que "esto va a tener consecuencias evidentemente a Andrés (Chadwick), por un tiempo muy largo no va a poder salir a la calle, y si sale, con el ambiente irritado que está y con la sentencia que le puso la oposición irresponsablemente, evidentemente que corre el riesgo".

En conversación con La Tercera PM, la senadora Ena Von Baer profundizó en ese punto. "Ayer, lo que quedaba por decidir era la vertiente jurídica y es eso lo que votaron a favor los senadores, desde mi perspectiva, no sopesando con responsabilidad el efecto que esto puede tener en el futuro, en lo penal, y la razón es porque les faltó coraje para hacer frente a la calle y explicar con liderazgo por qué esta era una acusación injusta. Creo que nadie puede decir, sin faltar a la verdad, que Andrés Chadwick no hizo todo lo necesario para evitar la violación a los DDHH", comentó.

Y si bien el Senado, por reglamento, debe remitir los antecedentes de la acusación constitucional "al tribunal ordinario competente", el debate sobre el futuro judicial de Chadwick se instaló en los juristas. Jorge Correa Sutil, con vasta experiencia en la defensa de acusaciones constitucionales presentadas en el último tiempo, comenta a La Tercera PM que lo ocurrido en ayer en el Senado no serviría de "base" para acciones penales debido a que los antecedentes por los cuales se acusó a Chadwick se realizaron "sobre la base de evidencia provisoria acerca de su culpabilidad y no sobre prueba definitiva".

En tanto, el abogado Jorge Contesse cree que los antecedentes de la acusación no pueden ser considerados para una acción judicial "en el sentido que el estándar que se requiere para la determinación de la responsabilidad penal es mucho más alto y estricto que el necesario para la declaración de responsabilidad constitucional. Por lo tanto, un tribunal penal no podría tomar la declaración de ayer como base para declarar al exministro penalmente responsable".

Sin embargo, Contesse agrega "eso no significa que no pueda tener responsabilidad penal". "Cosa distinta es que, bajo la legislación chilena, una autoridad civil que 'teniendo conocimiento de la comisión de un delito de lesa humanidad por otro, no la impidiere pudiendo hacerlo' sí tiene responsabilidad penal. Pero ese es otro carril", agrega.